Abrir los órganos de decisión y la propiedad de los medios de producción de las empresas a los trabajadores. Es la propuesta de Yolanda Díaz que también denomina de "democracia económica" y "cogestión" que la patronal tacha de "ocurrencia" y sobre la que la vicepresidenta ya ha comenzado a trabajar. De plantearla en enero en una charla con el economista francés Charles Picketty a suscribir ahora un acuerdo con Alemania para recibir directrices sobre cómo realizar la reforma. "Nos arruinaría a todos los aquí presentes", ha afirmado Antonio Garamendi. "Las ocurrencias dan una imagen que no es buena para el país", ha añadido sobre esta propuesta.
"Es la primera vez que España firma un memorando sobre democracia económica con otro país. Alemania aplica la cogestión desde 1976 y otros países de la UE y de fuera también apuestan por estas fórmulas", ha destacado Díaz en Berlín junto a su homólogo alemán, Hubertus Heil, y se ha remitido a la Constitución española, que "dibuja esta posibilidad en el artículo 129.2, pero sólo trata los comités de empresa y alguna representación sindical, no se ha desarrollado. Vamos a seguir una tarea conjunta con Alemania y abrir una serie de actividades de colaboración con empresas alemanas en esta dirección", ha planteado.
Este modelo, institucionalizado en Alemania en 1976 aunque presente en leyes sectoriales anteriores, ha sido criticado a lo largo de los años pero recibió los parabienes de Angela Merkel en su 40 aniversario. "Nuestro modelo de cogestión es uno de los principales motivos para el éxito económico de las empresas alemanas así como del bienestar en el país. Refleja que los trabajadores y las trabajadoras son más que simple capital productivo. Los derechos de participación en las decisiones empresariales incrementan la identificación con las empresas y mejoran notablemente la calidad de las decisiones empresariales", subrayó.
Merkel también había destacado que este modelo incrementa la corresponsabilidad de los trabajadores con sus empresas, su disposición a aceptar medidas de reestructuración y ofrece vías para solucionar conflictos a través del debate y la discusión. La Ley alemana de Cogestión de 1976 regula la participación de representantes de los trabajadores en los consejos de administración con una plantilla superior a los 2.000 trabajadores.
Esta participación es una posibilidad además que recoge la Constitución española de forma clara, como ha dicho Díaz: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción", dice el citado artículo.
Esto dice la música, pero la letra que se perfila no es del agrado de la patronal. La propia Díaz ha aludido a "fomentar el derecho de voto en las empresas como parte de un nuevo socialismo", y ha reprochado que las decisiones en las compañías se sigan tomando en los consejos de administración, "apegados al reparto de los dividendos" y sin pensar en los retos productivos del país o del sector.
La vicepresidenta ha puesto ejemplos de cogestión en la SEPI, como en Navantia, y ha recordado a Marcelino Camacho, líder de CCOO que, durante la reforma del Estatuto de los Trabajadores en la transición, consideró que la "democracia se había quedado a las puertas de las empresas".
En esta reforma, los sindicatos jugarán un papel por determinar que fuentes próximas a la patronal auguran importante y recuerdan que durante el franquismo las empresas estaban obligadas a tener a los sindicatos verticales en sus consejos de administración.
Acuerdo salarial: las empresas deben aportar más
"En España en estos momentos no se está trabajando en un pacto de rentas pero los agentes sociales están trabajando en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que no es competencia del Gobierno", ha reconocido Díaz preguntada por el pacto de rentas, y ha hecho un llamamiento a que alcancen un acuerdo que dé "certezas, un mensaje de país". Sin embargo, Díaz se ha posicionado, a diferencia de Pedro Sánchez y Nadia Calviño, que han instado a empresas y trabajadores a ceder cada uno en lo que le toca, y ha considerado que las empresas deben aportar más, aunque se ha referido a continuación a las "grandes empresas" porque cree que, con unos beneficios del "calibre" que están obteniendo, tienen margen para subir los salarios de sus trabajadores.
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