Una partida en los Presupuestos Generales del Estado que les retribuya por su participación en la negociación colectiva y un blindaje de sus competencias, derechos y poderes en este ámbito. Es lo que se prevé que regule la Ley de Participación Institucional de los agentes sociales que prepara Yolanda Díaz y que promueven principalmente los sindicatos, según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli.
Se trata de una materia que anhelan concretar en una ley desde hace muchos años y que venían pidiendo a los gobiernos del PSOE y PP, hasta ahora sin éxito. Con Yolanda Díaz como ministra, el escenario es ahora propicio, según trasladan el Ministerio y las centrales sindicales.
Algunas de estas cuestiones las recogen la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pero consideran que quedan muchas otras cuestiones por regular, como han hecho varias comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares o Canarias.
"Estamos negociando para el 100% de los trabajadores y el resto del país unos asuntos de los que se aprovecha todo el mundo sufragados sólo por las cuotas de nuestros afiliados", trasladan fuentes sindicales. Consideran que deben tener acceso a recursos legales y esto debe regularse en los Presupuestos Generales del Estado, y ponen de ejemplo lo que ocurre con los partidos políticos en función de los votos que obtienen. En su caso, según su representatividad.
Esto se sumaría a las subvenciones que ya reciben para financiar sus actividades sindicales. Este año, de 17 millones, un 18,33% más que el pasado, según su representatividad.
"La relevancia de estas organizaciones genera la necesidad de regular su participación institucional de forma que, reconociendo la necesidad de fomentar el diálogo como factor ineludible de la cohesión social y el progreso económico, se establezcan las bases por las que se lleve a efecto, fijando reglas de juego objetivas, transparentes, eficaces y equitativas, así como los cometidos esenciales de aquella participación, la forma de organización, su funcionamiento y financiación", dice la Exposición de Motivos de la ley valenciana.
"Con esta ley se dota de seguridad jurídica al régimen de compensación económica y de ayudas por la participación y colaboración institucional, respectivamente, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y de aquellas otras que cumplan los requisitos de cada convocatoria para la colaboración", prosigue.
"En el primer caso, acudiendo al criterio de la representatividad, que pretende garantizar la actividad y funcionamiento básicos de dichas organizaciones, preservando y cumpliendo así el mandato constitucional de garantizar su sostenimiento", añade. Y en el caso de "las ayudas a la colaboración institucional, valorándolas en función de la consecución de objetivos o resultados, con lo que se incentiva una actividad vinculada de manera especial a la empleabilidad, la formación, la igualdad de género en el trabajo, la conciliación de la vida familiar y laboral, y otros factores que enriquecen no solo el ámbito laboral y empresarial, sino también al conjunto de la sociedad".
Además de los fondos, la norma también incrementará el acceso a la información de los agentes sociales, a los que el Gobierno estará obligado a informar de proyectos y normas. Y estos estarán obligados a asistir a una serie de negociaciones y reuniones.
Malestar de PNV y ERC
Los agentes sociales también pretenden que esta norma blinde su participación en la negociación de reformas como la laboral y la de las pensiones, que ha sido cuestionada por grupos parlamentarios como PNV y ERC en el caso de las pensiones, ya que recibieron la última parte, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) avalado sólo por los sindicatos, para su aprobación exprés. Es decir, se les traía una reforma de calado negociada por estos agentes sociales a los que nadie ha votado, para que la validaran sin cambiar una coma. Este conflicto se vio amplificado si cabe con la reforma laboral
En su comparecencia para pedir su voto a la reforma de las pensiones, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, entendió este malestar y se avino a tomar cartas en el asunto en un sentido contrario al que pretenden los sindicatos, es decir, apuntó a coartar sus poderes en la negociación en detrimento del Parlamento.
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