Parecía que estaba ya cerrado, pero el caso del falseo de las emisiones de Volkswagen vuelve a cobrar vida. Y es que la Agrupación de Afectados por Volkswagen en nuestro país ha conseguido que el Tribunal Supremo retrase su fallo sobre si la Audiencia Nacional es competente en la vía penal para juzgar el 'dieselgate', planteando una cuestión prejudicial y conseguir así que más afectados por este caso puedan seguir uniéndose a la demanda contra la automovilística alemana.
La plataforma ha pedido al Tribunal Supremo que pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si la Audiencia Nacional puede enviar a Alemania el procedimiento penal que se lleva a cabo contra Volkswagen por parte de los afectados españoles. En este sentido, el magistrado de la sala Penal del Tribunal Supremo Miguel Colmenero ha informado que el alto Tribunal retrasa su decisión y pide a las demás partes personadas que se pronuncien sobre la solicitud de plantear dicha cuestión prejudicial al TJUE, según ha informado.
La causa penal del 'dieselgate' está abierta en la Audiencia Nacional desde el año 2017 gracias a la oposición de la Agrupación de Afectados por Volkswagen, y a pesar de que el juez Ismael Moreno resolvió enviar el procedimiento a la Fiscalía de Braunschweig, en Alemania. Y es que el sistema judicial alemán no incluye resarcir económicamente a las víctimas, algo que sí incorpora el sistema judicial español, por lo que todos los afectados españoles quedarían desamparados si su proceso se envía definitivamente a Alemania.
La decisión del magistrado sorprendió al presidente de la Asociación de Afectados por Volkswagen, Alberto Rey, por las "prisas" de la Audiencia Nacional por "quitarse de encima" el caso y ha subrayado que los más de 700.000 afectados tienen cada vez menos tiempo para unirse a la demanda. Una vez que el caso sea enviado a Alemania, en España quedará cerrado por la vía penal.
La Audiencia Nacional instruye en la actualidad un proceso penal contra el Grupo Volskwagen por la presunta comisión de una serie de delitos, entre los que se encuentran la estafa, falsificación documental, fraude, delito contra el medio ambiente, contra la hacienda pública y contra los consumidores. Para el presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen, tras años de instrucción, “la justicia española decide derivar la causa a la alemana, lo que deja -si el Supremo no lo impide- desamparados a todos los consumidores que se encontraban personados en este procedimiento”.
Precedente en Francia
La cuestión prejudicial ha sido planteada por el penalista José Antonio Tuero en nombre de la Agrupación de Afectados de Volkswagen, a fin de que el TJUE opine sobre el asunto visto los precedentes que hay. Así ya lo hizo Francia hace años sobre este tema, con lo cual la decisión de si el pleito penal sigue abierto en España posiblemente se retrase un par de años en caso de que se acuerde la consulta al TJUE.
“Creemos que la fiscalía alemana no puede exigir a un juez español que le mande una causa. Hemos pedido al Tribunal Supremo que eleve consulta al TJUE para que se pronuncie al respecto. La providencia del magistrado Colmenero aclara que antes de pronunciarse la sala sobre este tema quiere preguntar a las partes si quieren alegar sobre la idoneidad de dicha cuestión prejudicial”, señala Tuero.
El 'dieselgate' en Alemania
Al mismo tiempo, Alberto Rey señala que “a los afectados españoles en Alemania nadie les va a representar ya que la fiscalía alemana va a representar al Estado alemán y al resto de Estados europeos pero se desentiende de los afectados españoles. En nuestro país los defendería el fiscal y las acusaciones particulares. En Alemania los miles de afectados personados en la Audiencia Nacional quedarían dejados de la mano de Dios”.
En el caso de que al final el Tribunal Supremo mandase la cuestión prejudicial al TJUE estaríamos hablando de un nuevo escenario y de algo más de un año para que el Tribunal de Luxemburgo se pronunciara sobre este asunto, entre las conclusiones del Abogado General y la sentencia propiamente dicha. Muchos afectados podrían reengancharse de nuevo al proceso penal que al seguir en trámite provoca que la responsabilidad civil no esté prescrita como habían opinado otras voces.
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