El Gobierno ha mostrado su preocupación con la mención a la seguridad jurídica de Holanda que hizo Ferrovial en su primera comunicación remitida a la CNMV anunciando la salida de España de su matriz. La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, celebra ahora cada vez que le preguntan por el cambio de sede que la empresa asegurara este martes que en España sí hay seguridad jurídica. Sin embargo, en el ámbito tributario, además del hecho imponible y tramitación controvertidos de los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas en los últimos meses, de los cambios legislativos y de criterio constantes y de algunas actuaciones de la Agencia Tributaria (AEAT), hay un asunto que genera indefensión a las empresas: el atasco y parón en la actividad de la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas en la Dirección General de Tributos (DGT), precisamente la encargada de garantizar seguridad jurídica a las compañías, que además está ahora descabezada.
La subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Silvia López Ribas, ha sido cesada, como avanzó Vozpópuli el 3 de febrero, salida que confirmó ella misma ese día, en una jornada sobre tributación empresarial de PwC y la APD, sin que se haya publicado todavía en el BOE. Esta Subdirección acumula un retraso en las consultas vinculantes de hasta cuatro años, según refrendan empresas y abogados. Una situación que genera malestar e inseguridad y que ha llegado a oídos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y que ahora afecta directamente a Ferrovial.
La importancia de esta labor de Tributos ahora paralizada para las empresas es tal, que la propia Ley del Impuesto sobre Sociedades establece cuando regula los cambios de sede que "los interesados podrán formular consultas a la Administración tributaria sobre la aplicación y cumplimiento de este requisito [el motivo económico válido] en operaciones concretas, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la aplicación del régimen especial del presente capítulo en este y cualesquiera otros tributos".
En su capítulo VII, la Ley de Sociedades contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no tiene que pasar por caja y evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de esta reestructuración empresarial.
Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".
En este sentido, la compañía se ha apresurado a subrayar que la operación no tiene motivación fiscal, y lo cierto es que la matriz que se va tiene pérdidas en España y no paga Sociedades. Cuestión distinta es el ahorro que va a suponer escapar al gravamen del 5% sobre dividendos que impone el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%, la principal ventaja del movimiento en el largo plazo, si finalmente se lleva el Establecimiento Permanente que queda en España.
Ésta será precisamente la penalización que se establecerá a las plusvalías latentes a valor de mercado si Hacienda cuestiona su salida, para lo que se calcula la diferencia entre dicho valor de mercado de las filiales y el valor de cartera de la matriz y de sus participadas en su balance. Son 24 las sociedades participadas de Ferrovial, S.A, lo que puede suponer un peaje de al menos 130 millones de euros, según ha publicado Vozpópuli.
De los motivos que alega Ferrovial se infiere que pretende acogerse a este régimen y que la salida no tenga peaje, lo habitual. Y el tono beligerante del Gobierno, con Calviño insistiendo en que los motivos que alega "no tienen sustancia", apunta a que el análisis no va a ser pacífico.
Es aquí donde cobra vital importancia la consulta vinculante a Tributos, para una operación que Ferrovial debe comunicar a la AEAT en tres meses. Pero con la situación en la que se encuentra la Subdirección de Personas Jurídicas, podría no obtener contestación hasta dentro de cuatro años.
Fuentes de Ferrovial trasladan que en este contexto no han planteado consulta vinculante.
La previsión es que López Ribas, inspectora de Hacienda de larga trayectoria y que ha sido directora General de Financiación Territorial en el Ministerio de Hacienda de Pedro Solbes, siga en la Subdirección una vez que se nombre sustituto, por su conocimiento del Pilar 2 y de la tasa global a multinacionales que impulsan la OCDE y la UE, cuya transposición Hacienda acaba de lanzar a consulta pública.
Fuentes conocedoras apuntan incluso a que López Ribas puede volver a la AEAT. Vozpópuli ha preguntado a Hacienda por este cese y por la sustitución, pero no ha obtenido respuesta. Otras fuentes consultadas trasladan que Natalia Jaquotot se perfila como sustituta en la Subdirección de Personas Jurídicas.
Novedades incensantes, de fuera
La Dirección General de Tributos (DGT), el equipo de élite de Hacienda que se encarga de la labor legislativa de creación de impuestos y fijación de criterios y doctrina, se encuentra desbordada desde hace unos meses por una producción normativa incesante e improvisada y, sobre todo, que les viene impuesta desde fuera. Así lo trasladan fuentes conocedoras especialmente desde antes del verano, con la irrupción de los nuevos impuestos a banca -que lleva la rúbrica de José Luis Escrivá- y energéticas, y luego el de grandes fortunas, que ha diseñado ERC y reclamaba Podemos.
Todo esto ha generado malestar interno, incrementando los cuellos de botella, con un retraso de hasta dos años de las nuevas obligaciones respecto a criptomonedas y de 'software' de doble uso, reformas comprometidas además con Bruselas en el Plan de Recuperación.
De esta situación se ha hecho eco el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el XXII Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se celebró en octubre en Granada. "Quiero poner en valor el trabajo de la Dirección General de Tributos en momento de tanta incertidumbre. El mérito de trabajar a este ritmo, con tantas prisas, y no provocar una catástrofe en una producción normativa incesante, que tiene que ser compatible con sus tareas habituales de contestación de consultas vinculantes, cuando muchas de estas novedades normativas vienen de fuera".
"Es una carga de trabajo muy elevada", ha insistido el secretario de Estado de Hacienda, que ha detallado que tiene "un impacto desigual en las subdirecciones", y ha reconocido que son "necesarios más medios en la del Impuesto sobre Sociedades y en la de fiscalidad internacional", y ha planteado que "habrá que remediarlo para que no se creen cuellos de botella".
La dirección General de Tributos está adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, que ha asumido el pasado junio Gascón, que era director de la Agencia Tributaria (AEAT) desde junio de 2018.
En Tributos son 148 funcionarios que suponen el cuerpo legislador de los impuestos del Estado, frente a la AEAT, que ha de aplicar lo que establecen, y a menudo les toca desarrollar decisiones políticas de difícil encaje técnico. En paralelo desarrollan su labor de respuesta de consultas vinculantes, que son ley para casos similares, y que ofrecen seguridad jurídica a contribuyentes y decisiones empresariales.
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