Semana clave para Yolanda Díaz, que estos días negocia con los agentes sociales la reducción de jornada laboral. La medida estrella de la ministra se ha encontrado con decenas de detractores, principalmente en el mundo empresarial. Entre ellos, el sector del gran consumo y la distribución, que han hecho frente común para alertar de las consecuencias de la reducción de la misma.
Al aviso de la Confederación Española de Comercio (CEC), que asegura que la medida tendrá un coste de al menos 3.886 millones para los trabajadores del sector, tal y como adelantó Vozpópuli, ahora se le suma la denuncia de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que representa a marcas del sector del gran consumo y a los distribuidores.
En declaraciones con este periódico, desde Aecoc expresan que "cualquier propuesta de reducción de jornada laboral tendrá un efecto negativo en términos de pérdida competitiva para el conjunto de nuestra economía". Es decir, las empresas del sector del gran consumo, que incluye tanto a fabricantes como a supermercados, tienen la seguridad de que la reducción de jornada supondrá que "pierdan competitividad".
Bajo su punto de vista, para evitar que la implantación de la reducción de jornada tenga estas negativas consecuencias, es necesario que la medida vaya acompañada de medidas destinadas a incrementar la productividad, que "es la gran asignatura pendiente de nuestro país".
Los representantes de Danone, Coca-Cola o Bimbo, entre otros muchos, junto con otras asociaciones del sector, exigen que, para avanzar correctamente en este tipo de medidas, es necesario trabajar también "para reducir problemas de gran impacto para muchos de los sectores integrados en AECOC como son los del absentismo, las dificultades para encontrar ciertos perfiles profesionales o la capacitación de dichos profesionales".
Por otro lado, en declaraciones para Vozpópuli, desde Aecoc también recuerdan la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de abrir nuevas líneas de trabajo destinadas a favorecer la inversión y reducir la carga fiscal de las empresas.
Una de las grandes quejas de los perjudicados por la más que posible implantación de la reducción de la jornada laboral es que Yolanda Díaz no ha tenido en cuenta las consecuencias que puede tener en las pequeñas y medianas empresas. "Es imprescindible que propuestas como la de la reducción de la jornada laboral, que resultan especialmente complejas y gravosas para las pymes, se hagan desde el diálogo social y en el marco de la negociación colectiva y no de manera unilateral", terminan desde Aecoc.
Las empresas rechazan la reducción de jornada
Aecoc no es el único organismo relacionado con el sector del gran consumo que ha mostrado su rechazo a la reducción de jornada, propuesta por el ministerio de Trabajo. Uno de los más críticos es el sector del comercio, especialmente el minorista. Este mismo jueves, asociaciones del sector volvieron a tomar partido y arremetieron duramente contra el Gobierno.
"Una imposición de esta magnitud se salta el papel que la Constitución otorga a los agentes sociales y no tiene la más mínima consideración y respeto hacia el diálogo social en un sector como el comercio", denunció la Confederación Española de Comercio (CEC) en un nuevo comunicado, en el que ha asegurado que están en juego 3.886 millones de euros, y que afectará a 393.287 empresas, que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional y generan el 4,9% del PIB.
Más allá del sector concreto del gran consumo, muchos organismos del sector empresarial han mostrado públicamente su rechazo a esta medida, a punto de aprobarse. Sin ir más lejos, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) calcula que el impacto de una reducción de la jornada laboral no negociada a 37,5 horas semanales manteniendo los salarios conllevaría un impacto sobre las empresas de hasta 42.400 millones de euros, tal y como se ha hecho eco al arranque de esta semana.
El mismo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado al Ministerio de Trabajo por tratar de aprobar la reducción de jornada sin negociarlo con la patronal. "Se le llama diálogo social, pero es un monólogo social", criticó Garamendi hace unos días.
Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se manifestó este mismo lunes al respecto y alertó de que reducir la jornada aumentará las horas extra, los contratos de pocas horas y el fraude.
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