El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mueve ficha en la guerra del campo y este jueves por la noche anunció un paquete de 18 medidas para intentar calmar los ánimos en el sector. Una de las medidas estrella ha sido la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, con el objetivo de reforzar la inspección de las infracciones a lo largo de la cadena alimentaria. Y entre sus nuevas funciones estará la de la publicación de las multas graves y muy graves impuestas a empresas por infringir la Ley de la Cadena Alimentaria, en una especia de 'listas negras'.
Así, contentará a los agricultures y ganaderos, que desde hace años denuncian que gran parte de sus problemas vienen por los supuestos "abusos" que se realizan en los eslabones superiores de la cadena alimentaria, poniendo su foco principalmente en los super.
Hasta ahora, la función de vigilancia en la cadena alimentaria la realizaba la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), creada en base a lo que era la Agencia del Aceite de Oliva. AICA dependía únicamente del ministerio de Agricultura, y ahora han decidido darle el rango de 'estatal' e incluir un endurecimiento de sus tareas, como la creación de unas listas negras para que se pueda conocer quiénes y cómo inclumplen la ley. "La importancia de la ley de cadena es tan grande que se hace necesario elevar el rango. Una agencia estatal supone un rango superior, también con la persona que la dirige", explicó anoche Planas.
Sobre cómo se desarrollará este organismo, Planas ha apuntado que la agencia tiene que tener rango legal, por lo que se podría elaborar mediante un nuevo proyecto de ley o aprovechar la tramitación de una norma en curso.
En este contexto, los supermercados, señalados por el campo y ahora más vigilados por Planas, se han defendido en conversaciones con Vozpópuli y aseguran que nunca han realizado ninguna violación de la ley de cadena, asegurando que todo lo que ocurre en el mercado es fruto "del propio funcionamiento del mercado".
Planas tiende la mano al campo
Luis Planas es consciente del problema al que tiene que hacer frente estas semanas, con el campo en pie de guerra por la "angustiosa" situación a la que tienen que hacer frente desde hace años. Por ello, tras una larga reunión de más de dos horas, el ministro 'ha cedido' y ha presentado un paquete de 18 medidas para tratar de solucionar el problema del campo en el corto plazo.
Por ejemplo, Luis Planas trasladará la necesidad de flexibilizar la Política Agraria Común (PAC), simplificar la carga administrativa para agricultores y ganaderos, y una mayor rigurosidad en las cláusulas espejo. Sobre este último punto, el ministro ha explicado que pedirá que España pueda vetar sustancias que no estén autorizadas en la Unión Europea y la Comisión Europea no haya establecido el Límite Máximo de Residuos.
Otra de las propuestas que el Gobierno trasladará a la Comisión Europea es la actualización de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
En lo que respecta a la flexibilización de la PAC, uno de los puntos más importantes para el campo, el titular del ramo exigirá que se deroguen varias de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM). Para 2024 Planas pedirá la derogación la cláusula 7, relativa a la rotación de cultivos, y la 8, que versa sobre las superficies no productivas en las superficies de regadío.
La batería de iniciativas incluye la ampliación del catálogo actual de eco-esquemas, para que se tengan en cuenta las zonas "especialmente áridas"; y la de hacer voluntario el cuaderno digital, una herramienta que se concibió como obligatoria para que los agricultores pudieran anotar su actividad en las explotaciones.
Luis Planas también ha confirmado que se apoyará al sistema de seguros agrarios combinados, con 284,5 millones de euros en 2024 "más las aportaciones necesarias para su estabilidad"", con adaptaciones de las líneas para tener en cuenta las nuevas circunstancias climáticas".
Se mantendrán asimismo los incentivos en vigor al gasóleo profesional, de manera que los agricultores soporten sólo 3,3 céntimos el litro frente al general de 37,9 céntimos el litro. Para 2024 se mantendrán vigentes las deducciones del 35% de la factura del gasóleo y de un 15% de los plásticos y fertilizantes, en el IRPF, en el método de Estimación Objetiva.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación