El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ha comunicado al consejo de administración su deseo de renunciar al cargo por motivos personales, por lo que será sustituido por el actual consejero delegado, Javier García del Río.
Echegoyen, que renuncia a la presidencia de Sareb tras siete años en el puesto, continuará desarrollando su actividad hasta que se elija a su sucesor tras la próxima junta de accionistas, prevista para el próximo 27 de mayo.
El consejo de administración propondrá que Echegoyen sea sustituido por García del Río, que se incorporó a Sareb en febrero de 2020. Su nombramiento se producirá previsiblemente en la última semana de mayo y el puesto de consejero delegado que ocupa será amortizado.
La salida de Echegoyen se produce en un momento en el que el 'banco malo' está en pleno proceso de transformación. Eurostat obligó recientemente al Gobierno a contabilizar su deuda de 35.000 millones de euros en las cuentas públicas, lo que provocó que la deuda del Estado se elevara hasta el 120% del PIB.
La Comisión Europea ya había advertido a España de que la Sareb ha registrado números rojos desde su creación, y que a junio de este año todavía mantenía activos (inmuebles y préstamos dudosos) valorados en 35.100 millones avalados por el Estado, desde los 50.781 millones en activos que recibió a finales de 2011.
Renovación de la cúpula de Sareb
La Sareb reforzó su equipo directivo en 2020 con la incorporación de García del Río. El nuevo directivo fue el máximo responsable de Solvia entre 2014 y 2019, periodo en el que logró que la entonces división inmobiliaria del Banco Sabadell se convirtiera en uno de los líderes del mercado. Al mismo tiempo fue subdirector general del Sabadell, entidad a la que se incorporó en 2012 procedente de la CAM, la caja alicantina que el banco catalán compró en subasta por un euro.
En estos siete años de mandato de Echegoyen, la Sareb ha conseguido unos ingresos cercanos a los 28.000 millones de euros y la cartera de activos problemáticos traspasados de la banca en el momento de su creación, por valor de 50.000 millones de euros, se ha reducido un 40%.
No obstante, el banco malo, aún no ha conseguido entrar en beneficio, lo que ha provocado que se consuman los 4.800 millones en capital que se inyectaron en el momento de su creación. Del total un 45% lo aportó el Estado a través del FROB y el 55% restante el sector financiero, que poco a poco ha ido dando por perdida su inversión.
