El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital no simpatiza con la idea de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de intervenir el mercado alimentario topando los precios de los productos básicos y reducir los beneficios de las empresas. El equipo que dirige Nadia Calviño no considera necesario un acuerdo entre los grandes distribuidores y productores sino que, más bien, aboga por mantener estables los márgenes empresariales y garantizar la libre competencia en el sector, según han informado fuentes del Ministerio este jueves.
Díaz, apoyada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han ofrecido a Carrefour, y van a extender el lunes al resto de distribuidoras, cinco propuestas: quieren que la cesta sea saludable, y variada, que vaya rotando, con productos frescos y proteínas, que incluya carne, pescado, huevos, fruta y hortalizas. En principio, entre 20 y 30 productos de alimentos básicos que el Gobierno recomienda, aunque las empresas pueden plantear sus propias ofertas comerciales.
"Pido un esfuerzo extra a las grandes distribuidoras en sus márgenes, que los tienen. Son ellas, no las productoras, las que pueden hacerlo", ha declarado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acompañada del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras reunirse durante algo más de una hora con Alexandre de Palmas, CEO de Carrefour España, acompañado de Julien Veyrier, director de RRHH de Carrefour España, y David Martín, director de Relaciones Institucionales de Carrefour, a petición del grupo francés, que ayer anticipó su propia lista de 30 productos a 30 euros. Díaz y Garzón esperan que el resto de cadenas se vayan sumando.
Choque con el ala económica
Sin embargo, la propuesta de topar los precios de los alimentos no cuenta con el apoyo del ala económica (y socialista) del Gobierno. La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, aseguró "en ningún caso es una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios", en línea con el Ministerio de Economía, donde se apuesta por un funcionamiento de la competencia y, sobre todo, por mantener los márgenes empresariales estables.
El equipo de Calviño está trabajando con otros organismos económicos independientes como el Banco de España para lograr datos desagregados por sectores que permitan analizar la evolución de estos beneficios empresariales que, según Díaz, han crecido durante el episodio inflacionista.
De momento, el Ministerio de Economía se apoya en que el deflactor del PIB (que descuenta aquella inflación 'importada' con la compra de materias primas y energía en el extranjero y, por tanto, se reparte entre salarios y márgenes) se situó en el 3% en el segundo trimestre para asegurar que, en términos generales, éstos están contenidos, igual que los salarios.
Desde Economía explican que decisiones que pueden parecer positivas a corto plazo, como el hecho de que los grandes distribuidores alteren sus márgenes, pueden dañar a la empresa y a la economía en el medio y largo plazo. Por tanto, ven diferencias con la problemática del mercado energético, donde el impacto de la subida de costes en el precio se "magnifica" y hace necesaria la intervención, según las fuentes consultadas.
La medida de política económica que reclama la ministra de Trabajo tampoco cuenta con el beneplácito de los economistas, que la consideran "populista", "ineficaz" y "peligrosa", tal y como informó Vozpópuli. Los riesgos son varios, entre los que destacan desabastecimiento, racionamiento y cartel de empresas, según explicaron algunos expertos a este periódico.
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