El de las preferentes es un escándalo económico que puede derivar en un duro enfrentamiento político en los próximos meses. El ministro Luis de Guindos quiere evitarlo y su ‘número dos’, Fernando Jiménez Latorre, ya se ha reunido con Valeriano Gómez (PSOE), Josep Sánchez Llibre (CiU) y Pedro Azpiazu (PNV) para buscar un pacto político que evite el incendio y contribuya también a encontrar soluciones.
El grueso del problema se concentra en las cajas intervenidas, pues el resto ya ha buscado soluciones no demasiado lesivas para los clientes. En mayo de 2011, cuando comenzaron los canjes por otros productos menos complejos, había 22.000 millones de saldo vivo en preferentes. Ahora, hay 7.500 millones de euros en preferentes sin canjear, la mayoría en entidades que han recibido dinero público. De ellos, Bankia tiene 3.200, Novagalicia, 961, y Catalunya Caixa, alrededor de 500.
De momento, la solución que encuentra más eco en el Ministerio de Economía pasa, como exige Bruselas, por una quita a través del tipo de interés, no del nominal. Es decir, que si el cliente tiene 40.000 euros en preferentes al 7%, se le pasarían a un depósito al 2% durante tres o cuatro años. De esta forma, perdería rentabilidad, pero no en el nominal.
El propio presidente del Gobierno, según fuentes solventes, se ha interesado personalmente por el problema y ha dado instrucciones a Guindos para que facilite a los pequeños ahorradores el canje de preferentes por depósitos, no solo por acciones, como ya están haciendo la mayoría de los bancos que sobreviven sin capital público. Un hueco ideal para colar la nueva regulación es la reforma financiera que se tramita en el Congreso, cuyo plazo de enmiendas ha sido ampliado por el Gobierno hasta septiembre.
En el Gobierno se admite que dar una solución privilegiada a los tenedores de preferentes no tendría sentido, primero porque Bruselas no lo toleraría en los bancos rescatados y, segundo, porque inmediatamente se pondrían a la cola los 400.000 accionistas de Bankia para exigir las mismas ventajas.
El intento del Gobierno de negociar con el PSOE y con el resto de los grupos parlamentarios una solución se comprende mejor si se tiene en cuenta que los dos principales partidos han tenido responsabilidades directas en el escándalo. Fue en la etapa de José María Aznar como presidente cuando se incentivaron fiscalmente este tipo de productos y ha sido durante el mandato de Julio Segura al frente de la CNMV cuando el supervisor ha mirado para otro lado.
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