Pablo Hernández de Cos es, al cierre de 2022, mucho más que el gobernador del Banco de España. El economista ha emergido este año como una de las voces más respetadas del convulso panorama nacional, por lo que dice y por cómo lo dice. Con un perfil sosegado, moderado al opinar y sólido cuando argumenta, Hernández de Cos ha puesto en su sitio a los ministros de Pedro Sánchez que han cuestionado la credibilidad del Banco de España. Y lo ha hecho sin levantar la voz. Por eso, sus verdades irritan a veces a los inquilinos de La Moncloa. Y por la misma razón, es un claro objeto de deseo en Génova 13.
El Banco de España es un paradigma de objetividad en un país donde cada vez hay más instituciones golpeadas por la refriega política. El propio Hernández de Cos es un ejemplo cada vez menos común: no viste ni ha vestido nunca la camiseta de ningún partido y llegó al cargo -uno de los más prestigiosos del Estado- por méritos propios y por consenso. Esas condiciones le han dotado de un armazón moral consistente, con pocas fisuras frente a los ataques políticos. Los ha recibido desde los dos ángulos del gobierno de coalición: le han criticado con dureza tanto la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz; como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
A lo largo de 2022, Hernández de Cos ha cobrado protagonismo pese a mantener siempre un perfil relativamente bajo. Nunca ha bajado a la arena política, donde sobra gente peleando cuerpo a cuerpo. Del Banco de España han salido dardos dirigidos al Gobierno, pero siempre milimétricamente medidos, integrados en los discursos oficiales del gobernador o en los informes que elabora el amplio plantel de economistas a las órdenes de Ángel Gavilán.
Si algo ha demostrado Hernández de Cos y su equipo este año ha sido la capacidad de anticipación a los problemas y la insistencia al plantear las soluciones. El gran quebradero de cabeza en 2022 ha sido la inflación, con sus muchas consecuencias. Y las recetas que siempre ha predicado el gobernador se pueden resumir en dos: un pacto de rentas de largo alcance y ayudas bien medidas y teledirigidas a los más vulnerables.
"Está justificado, obviamente, el apoyo a las capas de la sociedad más vulnerables. Pero empresas y trabajadores deben interiorizar que el grado de transitoriedad del repunte de los precios depende crucialmente de la respuesta de los agentes económicos", aseguraba en su discurso del pasado 12 de enero, hace casi un año. Con poco éxito, a juzgar por el caso omiso que le han hecho los ministros económicos de Sánchez, liderados por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
El ejemplo más claro es el descuento de los carburantes, del que se han beneficiado todos los propietarios de un vehículo -sin importar el nivel de renta-. La más que dudosa efectividad de esta medida y su coste han acabado condenándola a muerte. El Gobierno hará, finalmente, lo que Hernández de Cos reclamó hace casi un año: la reorientará en 2023 hacia los colectivos que más lo necesitan.
Sin embargo, el punto de fricción más polémico entre el Banco de España y el Ejecutivo ha sido la indexación de las pensiones al IPC, una propuesta que contó siempre con la férrea oposición del gobernador, por la elevada factura que supone y la herencia envenenada que deja a las futuras generaciones.
Hernández de Cos no viste ni ha vestido nunca la camiseta de ningún partido y llegó al cargo por méritos propios y por consenso. Esas condiciones le han dotado de un armazón moral consistente, con pocas fisuras frente a los ataques políticos
En octubre de 2021, cuatro meses antes de empezar la guerra de Ucrania, Hernández de Cos aludió por primera vez a la necesidad de trabajar en un pacto amplio de rentas. La inflación comenzó a despegar tras el verano de ese año, impulsada por los precios energéticos. Alcanzó el 4% en septiembre y el 5,4% un mes más tarde. Las cotas, aparentemente bajas en comparación con los niveles de 2022, eran entonces sorprendentemente altas, después de una larguísima era de inflación contenida.
El gobernador identificó en el cuarto trimestre de 2021 cuál sería el principal quebradero de cabeza económico del año siguiente: las presiones inflacionistas. Poco después, en enero, advirtió que "la prioridad" en España "debería ser alcanzar un reparto equitativo" de la pérdida de poder adquisitivo. El objetivo: evitar "una realimentación de precios y de costes que generaría efectos adversos adicionales para la competitividad, la actividad económica y el empleo".
Dos meses más tarde, Vladímir Putin invadió Ucrania y la guerra lo enturbió todo en la economía, mucho más de lo que ningún economista podía predecir. Hernández de Cos reaccionó 20 días después. En un discurso titulado 'El contexto económico tras el inicio de la invasión de Ucrania y la respuesta de política económica', reclamó al Gobierno "actuar de forma muy granular y focalizada" en los "hogares, empresas y sectores" más castigados.
También aconsejó al equipo económico de Sánchez "evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista". Hubo una tercera petición, que escoció igual o más si cabe que las dos anteriores en Moncloa. Hernández de Cos exigió "certezas sobre el compromiso con la estabilidad presupuestaria en un contexto de elevada incertidumbre". Él mismo dio los detalles: "Resulta particularmente necesario el diseño de un programa de consolidación que permita reducir gradualmente los elevados niveles de déficit y deuda públicos, con vistas a su puesta en marcha una vez que la recuperación sea sólida".
El Gobierno no recogió ni uno de los guantes. Al contrario, Escrivá acabó sacando adelante una subida lineal del 8,5% de todas las pensiones. Del pacto de rentas fueron excluidos los jubilados con mayor poder adquisitivo; y -en menor medida- los empleados públicos, que vieron revalorizado sus salarios por debajo del IPC, pero por encima de la media que venían registrando la mayoría de los convenios colectivos del sector privado.
Para consuelo del gobernador, sí ha existido un pacto de rentas implícito, de facto, en nuestro país, gracias a la cordura de miles de empresas y trabajadores que han acordado subidas salariales muy inferiores a la inflación. Ese alarde de responsabilidad ha permitido que los productos y servicios 'made in Spain' mantengan un alto nivel de competitividad, tirando de las exportaciones y sosteniendo el empleo.
El Banco de España es un paradigma de objetividad en un país donde cada vez hay más instituciones golpeadas por la refriega política
Sánchez tampoco escuchó los consejos del gobernador sobre la necesidad de atajar -o de planteárselo, al menos- la deuda. En octubre, el Consejo de Ministros aprobó unos Presupuestos Generales del Estado con otro techo de gasto histórico. Una de las partidas clave de ese gasto era el coste de las pensiones, que pesará más aún por la decisión de indexar las nóminas de los pensionistas al IPC.
Que el Banco de España haya tenido menos influencia de la deseada en la política económica, no es sinónimo de fracaso. Al contrario, el gran éxito del gobernador ha sido poner al Gobierno frente al espejo de sus contradicciones, alertando de los riesgos como juez, distanciándose de las partes. Y si Hernández de Cos ha cobrado cierto protagonismo en 2022 se ha debido a su decisión de absorber personalmente toda la presión, en un intento de blindar a la institución de los ataques.
Cuando el gobernador abandone su despacho, en junio de 2024, el Banco de España seguirá ahí. Y debe mantener intacto su prestigio.
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