Cada vez más organismos económicos apuntan a la importancia de alcanzar un pacto de rentas para evitar una espiral inflacionista (una subida de salarios que empuje al alza los costes de las empresas y, por tanto, de los precios). El propio Gobierno lleva semanas presionando para que patronal y sindicatos alcancen un acuerdo y asuman parte de la crisis (conteniendo los salarios y reduciendo los márgenes empresariales), pero los economistas abogan por involucrar también a los pensionistas, una 'línea roja' que el Ejecutivo no está dispuesto a sobrepasar justo el año en el que ha entrado en vigor la reforma laboral, que las revaloriza conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).
En la presentación del informe 'Situación España' publicado este jueves, los expertos de BBVA Research sugirieron que los pensionistas asuman una parte del coste de la inflación. "Excluir a algún colectivo de este pacto haría necesario un mayor ajuste entre el resto de agentes. Es necesario ponerlo en marcha e incorporar también a los pensionistas, con ingresos que están indiciados con la inflación", señalaron, aunque reconocieron el coste político que tendría suspender la ley en el primer año de entrada en vigor.
Sobre la revalorización que sería deseable aplicar tanto a salarios como a pensiones, los economistas del servicio de estudios del banco apuntaron más a la inflación subyacente (aquella sin energía ni alimentos frescos, situada en el 3,4% en marzo y con una media anual prevista próxima al 2%) frente a la inflación general (9,8% en el último mes y 7,5% de media anual, según el Banco de España), pues ayudaría a contener los efectos de segunda vuelta y también reduciría en gran medida el gasto público en pensiones.
Por su parte, el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, planteó el pasado 29 de marzo que sólo deberían subir con el IPC las pensiones mínimas. Hernández de Cos dijo que el impacto de la crisis actual "va a ser más elevado sobre las personas de mayor edad y menor renta, y este colectivo habría que preservarlo, porque su grado de vulnerabilidad es mayor. Las pensiones mínimas habría que indiciarlas" al IPC, destacó. Pero en esta coyuntura, llamó a "valorar" indiciar sólo éstas.
En la revalorización de las pensiones conforme al IPC, cada punto de inflación adicional tiene un coste 'extra' para las arcas públicas de 1.500 millones, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esto implicaría que con una inflación media del 7,5%, como espera el Banco de España, la factura crecería en más de 11.000 millones de cara a 2023. Además, el BdE advierte en sus previsiones macroeconómicas presentadas esta semana que la inflación media alcanzará el 9,8% si la subida de los salarios se descontrola y se producen efectos de segunda vuelta importantes.
El plan anticrisis no convence
En general, el plan de choque del Gobierno para paliar la crisis de precios generada por la guerra en Ucrania tampoco convence a los economistas. El hecho de que las rentas más altas también se beneficien de algunas de las medidas adoptadas (como la rebaja de la gasolina en 20 céntimos o la revalorización general de las pensiones conforme al IPC) sumado al desigual impacto de la guerra con algunos colectivos más perjudicados, podría generar "descontento" y hacer repuntar la "conflictividad social".
BBVA Research advierte que si bien "algunas medidas del Gobierno para reducir la inflación buscan redistribuir estos costes, otras, como el abaratamiento del combustible, son poco selectivas y transparentes". En la misma línea, los economistas de Fedea también señalaron hace unos días que esta rebaja es una transferencia desde los que no usan el vehículo privado hacia los que sí, beneficiando fundamentalmente a las rentas más altas.
El servicio de estudios de BBVA tampoco ve con buenos ojos el control de precios en el alquiler, puesto que puede tener "efectos no deseados" sobre la oferta de la vivienda, permaneciendo un largo periodo de tiempo si la inflación se mantiene por encima del 2%. Asimismo, echa en falta medidas que protejan a los autónomos y, como Fedea, opina que la prohibición de despedir a las empresas beneficiarias de las ayudas reta flexibilidad.
"Si algunos colectivos se ven particularmente perjudicados, la conflictividad social podría aumentar"
"La desigualdad en el reparto de costes provenientes de la inflación puede generar descontento social. Las familias de rentas bajas gastan relativamente más en electricidad y menos en carburantes. Los jóvenes, que gastan más en transporte, viven de alquiler y les afecta más la indexación de los contratos de arrendamiento al IPC, no tienen garantizado el poder adquisitivo de su renta, a diferencia de los pensionistas", lamentan los expertos de la entidad bancaria. "Si algunos colectivos se ven particularmente perjudicados, la conflictividad social podría aumentar", advierten.
También la AIReF ha apuntado que las medidas tienen un impacto muy diferenciado y a nivel individual para empresas y ciudadanos. Es decir, según han trasladado desde la Autorudad Fiscal, hay medidas que benefician a las rentas altas y no a las rentas bajas, en alusión a la bonificación de los carburantes para todos los ciudadanos. Éste es el motivo por el que la AIReF no ha calculado el impacto en el crecimiento del Plan de Choque del Gobierno, a diferencia del Banco de España y BBVA Research, que sí lo han hecho.
Es decir, que estos organismos defienden que las medidas deberían focalizarse en las capas sociales y sectores más vulnerables y que vayan a perder más poder adquisitivo con la subida de precios. En este sentido, BBVA Research ve positivas las medidas dirigidas a mantener la renta de las familias como el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la ampliación del bono social energético. En cuanto a los préstamos avalados por el ICO, los economistas ven poco recorrido, pues todavía hay fondos disponibles de la última línea aprobada con la covid-19.
Sólo aumentará dos décimas el PIB
Desde la Autoridad Fiscal han trasmitido que sí que han medido el efecto de las medidas en la inflación, de un punto o algo inferior. El dato que sí que da de entrada el Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de Presupuestos de las Administraciones Públicas 2022 que ha presentado este jueves es un aumento del déficit en más de 4.000 millones. En concreto, de 4.266 millones por los 4.039 que estima el Gobierno para las ayudas directas. La mayor divergencia se produce en lo que respecta a la rebaja del precio del combustible a los particulares, que el Ejecutivo calcula que costará 823 millones, y la AIReF. 1.053.
Tanto el Banco de España como BBVA Research calculan que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis, aumentarán el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en dos décimas. Sin embargo, la subida de precios reducirá el crecimiento en dos puntos porcentuales, según BBVA. De hecho, según el BdE, el plan anticrisis sólo reducirá la tasa de inflación entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales. Este periódico ya informó de que la subvención de los carburantes cubrirá menos de la mitad de la subida de los precios.
Aún falta la medida estrella del Gobierno y la más importante para controlar la inflación: la propuesta de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad, que todavía tardará un mes en entrar en funcionamiento. De momento, "la rebaja impositiva de la factura de la luz corre el riesgo de convertirse en estructural tras su prolongación hasta el mes de junio", advierte BBVA, que calcula ya un repunte medio de los precios de la electricidad del 37% este año.
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