El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el propio partido socialista no son los únicos que han rechazado ya la propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de los alimentos para aliviar la subida que sufren los consumidores en la cesta de la compra. La medida de política económica que reclama la ministra de Trabajo tampoco cuenta con el beneplácito de los economistas, que la consideran "populista", "ineficaz" y "peligrosa".
"Establecer controles de precios en los mercados de alimentos es una política que la evidencia empírica internacional ha resumido como ineficaz, que no solucionará el problema de la inflación. No existen casos de éxito que destacar (y sí muchos fracasos)", opina en declaraciones a Vozpópuli Juan Luis Jiménez, economista y profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Jiménez argumenta, en primer lugar, que la implementación de esta medida es difícil en mercados con múltiples productos: "Si pones tope al precio del pan, debes especificar claramente qué pan es y, acto seguido, las empresas tendrán incentivos a reducir su fabricación si no les es rentable y fabricar otros", explica. En segundo lugar, y derivado de lo anterior, "hay más probabilidad de generar escasez en los productos que se topen".
En tercer lugar, Luis Jiménez explica que "se reducen los incentivos de empresas a producir esos bienes e incluso a innovar en ellos: "¿Para qué hacerlo si no podré estimar libremente qué beneficios obtener en el futuro?", comenta. Finalmente, otro de los argumentos en contra de la medida es que "el Gobierno estaría facilitando la creación de un cartel entre las empresas, al acordar precios de mercado y facilitar el intercambio de información entre ellas, algo que es ilegal en todos los países desarrollados".
En la misma línea, Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, opina que se trata de una medida "populista" y "de fácil calado" en la sociedad que "no suele tener efectos positivos ni a medio ni a largo plazo, sino más bien todo lo contrario". Para el economista, ésta puede tener sentido en casos particulares y momentos determinados, como ocurrió con las mascarillas durante la pandemia hasta que la oferta se normalizó.
Sin embargo, Hidalgo asegura que el control general de precios de productos de consumo acaba generando "más problemas que beneficios" e históricamente ha terminado llevando al racionamiento. "No tiene por qué pasar, pero no suele ser una medida positiva", advierte el experto.
Por su parte, Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, también asegura a este periódico que el tope al precio de los alimentos es "muy difícil de aplicar", pues "se trata de controlar el mercado y quitar la eficiencia intrínseca del mismo: libre juego de oferta y demanda". Recuerda el intento frustrado de Richard Nixon de aplicarla en EEUU para controlar una inflación superior al 14% y concluye que "se trata de algo impensable en una economía de mercado".
Asimismo, otros expertos económicos consultados también comentan a Vozpópuli que "los controles de precios pueden ser eficaces para moderar la inflación si el aumento en costes es temporal, pero si es permanente, las pérdidas que generarán las empresas por el incremento en costes harán que las menos rentables salgan del mercado y habrá desabasto". La otra alternativa es que aparezca "un mercado negro que lleve a la pérdida de recaudación impositiva, reducción de seguridad y disminución de la inversión privada", añaden.
Por otro lado, advierten que "si el control viene acompañado de una subvención para prevenir esto último, las finanzas públicas se verían todavía más comprometidas, con pasivos contingentes a largo plazo, en un momento en el que el déficit ya es elevado". Además, "puede tener efectos regresivos": la fijación del precio es independiente de la renta de la persona que adquiere el bien. Y si la fijación de precios no es consensuada y existe la percepción de que se beneficia a unos sectores frente a otros, "puede haber tensión social".
En términos generales, los economistas consultados por este periódico reconocen que el problema de la inflación supone un perjuicio notable y la solución no es sencilla ni única. "Siempre habrá perdedores, pero el objetivo debe ser que no paguen los de menor renta, y para ello sí debe intervenir el Estado: ayudas específicas a menor renta, mejoras en la competencia en la cadena de distribución, etc.", defiende Jiménez.
El precio de los alimentos, en máximos
Según los últimos datos confirmados del Índice de Precios de Consumo (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), referentes al mes de julio, los alimentos y bebidas no alcohólicas son un 13,5% más caros que en el mismo mes del año pasado, siendo ésta la subida anual más acusada desde el comienzo de la serie del Instituto en 1994. Como consecuencia, hacer la misma compra que hace un año cuesta ahora 54 euros más de media a los hogares españoles.
La idea de la ministra de Trabajo es que los veinte o treinta alimentos más básicos tengan un tope en su precio como escudo ante la inflación, como ya tuvieron las mascarillas sanitarias o la bombona de butano, lo cual, según Díaz, se haría esta vez mediante pacto entre las partes, sin necesidad de fijar los topes por ley. De momento, las empresas aseguran no tener noticias sobre esta posible intervención.
Díaz quiere sumar esta propuesta a la batería de medidas que el Gobierno ha ido tomando en los últimos meses para intentar paliar la inflación. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya asume que este descontrol de los precios no se corregirá en el corto plazo, y este martes referenciaba a la previsión de la Comisión Europea de acabar el año con una inflación media del 8% en el cara a cara que tuvo con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Yolanda Díaz sugirió que Pedro Sánchez apoya su propuesta, aunque el presidente no hizo mención alguna a la misma en su posterior comparecencia en el Senado. Su partido, el PSOE, se ha posicionado en contra.
El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, señaló este martes que la propuesta de topar el precio de los alimentos básicos es "de dudosa legalidad" y propuso "actuar en otros campos". Por su parte, Podemos se ha mostrado más afín a la idea de crear un impuesto extraordinario a las grandes superficies. El propio líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha apoyado la idea de limitar el precio de algunos alimentos básicos pero ha reconocido que "no es fácil".
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