Edmundo Bal maniobra para colocar en el sillón presidencial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a su candidato, Leonardo Cervera-Navas. Se trata de un perfil considerado "toda una institución" en el ámbito de protección de datos. Es director de la EDPS, el supervisor europeo de protección de datos. Fuentes del sector aseguran que es el candidato mejor preparado para asumir la presidencia de la (AEPD).
Sin embargo, el proceso para nombrar este cargo parece viciado desde el principio. Es calificado como un "dedazo" por parte de los expertos en protección de datos españoles. Critican que PP y PSOE anunciaron los futuros cargos directivos sin poner en marcha el proceso previo estipulado para nombrarlos, cosa que sí hicieron cuando se publicó en medios de comunicación el malestar en torno a la designación.
Edmundo Bal maniobró con velocidad e impulsó la candidatura de Cervera-Navas tras las posiblles irregularidades en el proceso. Además, Ciudadanos elevó a Europa hace unos días la situación. Maite Pagazaurtundúa, diputada de Renovar Europa (Ciudadanos) en el Parlamento Europeo, se dirigió a la Comisión Europea en los siguientes términos:
"El Gobierno español ha anunciado que el futuro presidente de la Agencia Española de Protección de Datos será 'elegido' por el PSOE, el partido político actualmente en el gobierno, mientras que la vicepresidencia será 'elegida' por el PP, principal partido de oposición. Esta disposición, realizada antes del inicio del procedimiento de selección, incumple la normativa europea y española de protección de datos -artículo 52 del RGPD y artículo 48 de la Ley de Protección de Datos de España respectivamente- que exigen transparencia, imparcialidad e independencia a la hora de realizar dichos nombramientos", apuntó.
Además, Pagazaurtundúa añade que "la ley española exige una convocatoria pública de candidaturas, así como un proceso de selección basado en el mérito y la capacidad. El Gobierno español, sin embargo, está predeterminando el resultado y utilizando los nombramientos como herramienta política", refleja la pregunta, consultada por Vozpópuli.
Sin embargo, la Comisión Europea ha respondido a la eurodiputada con una evasiva. Asegura no tener competencia para dirimir si el proceso sigue o no los cauces establecidos, y remite a la justicia española como responsable de resolverlo.
Acto en el congreso
El pasado 3 de diciembre se celebró en la sala Ernst Lluch del Congreso de los Diputados un panel ciudadano sobre Derechos Digitales. El evento fue organizado por Jóvenes Europeístas y Federalistas (JEF) de Madrid y al mismo acudió Jesús Cordero, presidente de JEF Madrid. Cordero y JEF Madrid han difundido en sus redes sociales mensajes de Ciudadanos tanto en el presente como en el pasado.
Al acto acudió Leonardo Cervera-Navas ya como candidato a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. También estuvo presente Miguel Gutiérrez, delegado territorial de Madrid en Ciudadanos y secretario general de este Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno designó a Belén Cardona Ruber como futura presidenta sin cumplir con los procesos establecidosFuentes del sector jurídico
Edmundo Bal y la denuncia de la Fundación Hay Derecho
La fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho y la regeneración democrática, formada por abogados del Estado -algunos de ellos cercanos a Edmundo Bal, que también es abogado del Estado-, presentó recientemente un recurso frente al Ministerio de Justicia el el que pide la anulación de la Orden JUS/1260/2021, de 17 de noviembre, mediante la que se convoca el proceso selectivo para la designación de los dos cargos de dirección de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): Director y Adjunto a la dirección.
"La Fundación Hay Derecho considera que las bases del proceso selectivo incurren en diversas irregularidades y, sobre todo, parecen orientadas no tanto a seleccionar a los candidatos sino a confirmar a los previamente “acordados” por el PSOE y el PP y cuya identidad fue anunciada públicamente el pasado 21 de octubre de 2021 y de la que se hicieron eco diferentes medios de comunicación".
Este organismo concluye que "habiendo sido pactados y anunciados por PSOE y PP las personas que van a ocupar dichos cargos directivos antes de la apertura del concurso público cabe plantearse qué posibilidades reales tienen los demás candidatos presentados al proceso selectivo de que sus nombres sean propuestos al Consejo de Ministros. También es obvio el desgaste al que se somete a los candidatos pactados por los dos partidos que también tienen que someterse al proceso de selección bajo la sospecha de que puede estar sesgado en su favor confeccionándoles una especie de “traje a medida”".
El motivo de la discordia
A principios del pasado mes de octubre el Ejecutivo pactó con el Partido Popular un total de 20 perfiles para renovar instituciones: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos.
"El Ejecutivo de Pedro Sánchez juega con fuego", aseguraron a este medio fuentes del sector. La posibilidad de que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo es una realidad reflejada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Y es que, según las mismas fuentes, el Gobierno designó a Belén Cardona Ruber como futura presidenta sin cumplir con los procesos establecidos.
