Eduardo Gracia (Madrid, 1967), vicesecretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), se presenta a las elecciones a la Presidencia de esta asociación, creada el mismo año de su nacimiento, la más potente, muy activa en defensa de los derechos del contribuyente y como azote de Hacienda. Socio director de Fiscal de Ashurst, concurre con una Comisión directiva para 2024-2027 formada por Matías Jiménez Brito (vicepresidente, Jiménez-Brito Abogados&Economistas), Arancha Yuste (secretario general, despacho individual), Alejandro del Campo (vicesecretario, DMS Legal), Elisenda Clavera i Gispert (vocal responsable de asuntos económicos, Gabinet Clavera), Maite Reina Cuadra (vocal nº1, Activa Consultoría y Gestión Empresarial), Daniel Gómez-Olano (vocal nº 2, FCC), María Sanz Amasene (vocal nº 3, Cialt, Asesores Legales y Tributarios), Enca Baquero Martínez (vocal nº 4, Certus Legal Firm), Rubén Cueto (suplente, Vallverdú Abogados), y Eugenia Moreno del Cuvillo (suplente, J. Y. Hernández-Canut Abogados).
Gracia subraya la "continuidad" más que el "continuismo" de su candidatura, que concurre con el lema Todos juntos por una Aedaf aún más fuerte, y aspira a consolidar logros como obligar a Hacienda a informar del bonus de los inspectores, la lucha contra los algoritmos con sesgo favorable al Fisco en los modelos de declaración y contra la discriminación de los mayores en la Campaña de la Renta.
Pregunta (P). ¿Por qué tienen que votarle, cuál es su proyecto?
Respuesta (R). Pertenezco a la actual Comisión directiva y como tal no se trata de hacer una evolución sino una continuidad en la dirección de la asociación, que creo que ha sido, no sólo con ésta sino desde hace unos 12 años, de crecimiento y consolidación del proyecto. Busco darle continuidad a esa dirección de viaje, mejorar aquello que se puede mejorar, soy un profundo creyente en la necesidad de las reformas, y profundizar en lo que se está haciendo bien. Los tres grandes ejes que busco son la digitalización, me refiero a la relación con el asociado para facilitarle la vida, se personalicen los contenidos, y para que a los asociados, que muchos no viven en Madrid o Barcelona, con tamaño de despacho pequeño, las nuevas herramientas les permitan competir con despachos más grandes. El segundo eje es profundizar en las relaciones institucionales, la asociación es cada vez más conocida pero sigue siendo desconocida en ámbitos relevantes. Nos hemos dado a conocer en el Parlamento pero no hemos hecho más que empezar, hay que darse más a conocer con el Ministerio de Justicia, en la Comisión Europea, no sólo porque sigamos planteando denuncias sino porque podemos dar a entender que somos un actor de máximo nivel y alguien a quien consultar o escuchar. Se han hecho muchas cosas, con el CGPJ, con el Consejo para la Defensa del Contribuyente, con la Agencia Tributaria (AEAT). Y en tercer lugar, continuar en lo que se hace muy bien: la formación para el asociado, en forma de congresos, revistas semanales, mensuales y trimestrales, papers, jornadas, tertulias, un sin fin de actividades, la mayoría en las demarcaciones y otras muchas desde la sede central. Se ha mejorado en parte gracias a la pandemia, nos ha permitido profundizar en las nuevas tecnologías entre demarcaciones, y en la sede central necesitamos seguir atrayendo a los mejores ponentes, unas veces de dentro de la asociación o que no pueden ser asociados pero quieren dar ponencias, porque entienden que se están dirigiendo al mejor foro de fiscalistas de todo el país.
P. ¿Les puede penalizar ser una candidatura continuista?
R. No lo sé. Los asociados tendrán que decir si consideran que la Asociación ha hecho buen trabajo, no sólo en estos tres años y medio sino en los últimos 12. Creo que soy el mejor candidato para garantizar la continuidad, no dejarlo todo como está, hay que hacer reformas y profundizar. Hay que garantizar una trayectoria, una continuidad en la singladura desde hace 10-12 años, y la ha hecho muy exitosa, no hace más que crecer. Somos ya unos 3.500; ejercientes con derecho a voto, unos 2.500, el resto son académicos o jubilados; pagan una cuota distinta, más baja y a cambio no pueden votar.
P. ¿Por qué pone el año de nacimiento de cada miembro de la junta en su cartel?
R. Aedaf nace en el año 67, la edad más general entre los asociados son los 50, es un guiño, pero hemos incorporado gente más joven. El gran objetivo es continuar con la atracción de talento joven, desde el 1 de enero las cuotas son mucho más bajas para dar entrada a asociados de hasta 40 años, de entre 25-40 años, necesitamos incorporar más talento joven para que la asociación no muera de éxito cuando se jubile la última generación de nacidos en los 60 y 70, que nos den ideas para seguir desarrollando esas medidas. Y facilitarle la vida a los jubilados. Hasta ahora no hay muchos, pero va a empezar a haberlos, no van a poder seguir pagando cantidades importantes y acudir a los congresos.
P. ¿Qué perfiles reúne la Comisión?
R. Hay continuidad más que continuismo. Somos el equipo que mejor representa todas las realidades de la asesoría fiscal en España, bastante más heterogéneos que la otra candidatura, con más sensibilidad a distintas realidades. Mi realidad no tiene que ver con la de Arancha en Pamplona, que da clases y asesora ella sola, hay que escuchar esas sensibilidades y tenerlas todas presentes, reunimos todo tipo de tamaños y gran parte de los territorios, con gran diversidad abogados y de economistas, casi con más economistas, y más mujeres.
P. ¿Influye el Gobierno de Pedro Sánchez?
R. Aquí influye todo, también es así en la Comisión Europea y en otros gobiernos, está al orden del día en los despachos. Está bien que se recojan diferentes sensibilidades, cada uno aporta, la heterogeneidad enriquece.
P. Respecto al bonus en la Agencia Tributaria, son los únicos que han conseguido algo pero, ¿van a seguir?
R. No es poco lo conseguido, pero hay que seguir insistiendo, hay que pedir una actualización anual, hay que pedir también el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA), el programa de incentivos que se devenga ahora, hay que empezar a pedir los algoritmos en los que se basa el expediente de referencia, la base del baremo, la cifra que la AEAT espera que el actuario levante de cada inspección, cómo se calcula, me gustaría mucho saberlo. El camino es pedirlo, si se niegan, acudir al juzgado de lo contencioso en base a la Ley de Transparencia. No se trata de evitar la lucha contra el fraude, estamos todos a favor de que todo el mundo pague lo que tiene que pagar, juguemos todos con las mismas armas y sepamos a qué atenernos, lo que no se sabe en muchas ocasiones.
El bonus de los inspectores no debería incidir de ninguna manera en el importe de liquidación [...] influye en que haya más litigiosidad cuando debería vincularse a que no la haya
P. ¿Es posible una reforma para que el bonus quede afectado si luego los tribunales tumban el acta?
R. No debería incidir de ninguna manera en el importe de liquidación, que no haya ninguna relación, los incentivos deberían estar exclusivamente vinculados a los sueldos, a que no haya litigación, que supone un coste al Estado, estoy convencido de que los contribuyentes son los primeros que quieren evitar la litigación, no se pueden afectar las cifras que aparecen en esas actas, hay una litigiosidad enorme, que no se da en otros países, porque es posible transar el resultado de las actas ya en sede de la Administración. Todo debería ir vinculado para ir reduciendo progresivamente la cuota detectada de fraude, dónde está el mérito de la AEAT si cada día se detecta más fraude, desde el año 91, dónde está el éxito, debería ir cada año a que se detecta menos. Creo cada vez más en el cumplimiento voluntario en todos los órdenes, utilizar a la AEAT como vehículo de recaudación a corto plazo no es propio de una sociedad occidental democrática del siglo XXI, no debería tener esa labor de represión del fraude sino de prevención, de colaboración y reducción de las cifras de fraude detectadas.
P. Jesús Gascón alabó en el Congreso de Aedaf en Toledo el acuerdo de colaboración entre Aedaf y el Catastro sobre el valor de referencia y pidió caminar en esta línea. ¿Es el futuro? ¿Hay riesgo de que Aedaf sea capturada en cierto modo por Hacienda?
R. Me considero padre de la idea del Catastro, nos dimos cuenta hace dos años de que nunca habíamos tenido un grupo de expertos en fiscalidad local, se ha montado y está funcionando como un tiro, son muy buenos. Uno de los grandes logros es esa relación. Dos cosas han conseguido: una es ésa y esperemos que siga mejorando. También tenemos muy buena relación con la Asociación de Inspectores de las Haciendas Locales, es el ejemplo de lo que debe ser una buena relación de colaboración entre asesores e inspectores, es una asociación más propensa a mantener una relación de igualdad con los asesores, cuando hay una gran diversidad de ayuntamientos. Con la AEAT es más complicado.
P. Sí, eso iba a preguntar
R. Es un poder del Estado en sí mismo. Está empezando la relación, es incipiente, nada que ver con aquel famoso código de conducta que nos negamos a firmar con la AEAT, que básicamente sólo imponía obligaciones a los firmantes y ofrecía el cumplimiento de la ley por parte de la AEAT. No había ningún incentivo. Me gustaría mucho poder firmar convenios con la AEAT tras una reforma de la Ley General Tributaria (LGT), fomentar una cultura de colaboración con el contribuyente. Haría falta una reforma de la ley, hoy en la LGT ningún inspector tiene ningún incentivo para llegar a acuerdos con el contribuyente, desde el bonus hasta la ley misma, no está pensada para acordar nada, está pensada para reprimir, para cazar al contribuyente, sancionarlo, lo que no es propio del siglo XXI. Hace falta una reforma de la cultura interna de la AEAT para que tienda más a llegar a acuerdos y se elimine la litigiosidad. Si se ha llegado a acuerdos, se acabó, los contribuyentes están muchísimo más dispuestos. Ahora jugamos todos a una especie de escondite, me persigues, me encuentras o si no, me escondo pero me persigues igual. Tengo que ir a tribunales o no tengo dinero y me lo como, pero no estoy de acuerdo, aceleraría la recaudación, Hacienda cobra antes y el contribuyente no tiene que mantener el aval, es más eficiente.
P. ¿Es que se haya tumbado parte de la DAC 6 otro de sus grandes logros?
R. El bonus marca un antes y un después en la transparencia de la relación de la AEAT con los contribuyentes, pero hay que hacer más cosas. Lo de la DAC 6 no está mal, es consecuencia del recurso del Colegio de Abogados de Flandes ante el Supremo belga, que dio lugar cuestión prejudicial. Aquí quizá deberían haberlo solicitado el Consejo General de la Abogacía. En España, afortunadamente la ley no limita el secreto a los abogados, y lo extiende a los asesores fiscales, como tiene que ser, no discrimina.
También es muy importante la reclamación contra el modelo electrónico de declaración, estamos muy orgullosos, hace falta. Si ganamos, es muy buena oportunidad para que Hacienda y los contribuyentes pudiéramos establecer un marco de colaboración más adecuado a la realidad del país, no tiene sentido que se exija a los bancos una atención a personas mayores y no se aplique a la AEAT. Tampoco tiene mucho sentido que el único programa que se puede utilizar para la declaración sea Renta Web. Hay un montón de algoritmos con el sesgo de Hacienda, a lo mejor alguien no está de acuerdo y quiere hacerlo electrónicamente pero hay otras vías. Puede que a quienes usen Renta Web haya que revisarles muy poco y a otros, más, por qué no pueden utilizarse otros programas, de ganar lo vamos a abordar para que haya un campo de juego más equilibrado.
El impuesto a grandes fortunas está tocado de muerte y es previsible que recaude bastante menos de lo esperado
P. Celebran su congreso en San Sebastián entre el 26 y el 28 octubre y las elecciones se cierran el 19 de octubre, en el congreso ya se sabrá el resultado de una votación que empieza en junio. ¿No es un proceso electoral muy extenso?
R. Si llego a presidir la asociación, promoveré un cambio radical en el reglamento electoral, se ha quedado muy anticuado. Somos una asociación que crece y requiere otros plazos, está muy bien que haya campaña y que haya otro equipo que se presenta, sólo una vez lo hubo y no llegaron a la votación. Hay que cambiarlo todo, no tiene sentido que la campaña y el plazo se abran a la vez, que todo dure desde mediados de junio a mediados de octubre, lo lógico es que la campaña sea primero y el periodo de la votación sea más corto, creo que tiene más sentido que se haga todo en otoño. Junio y julio, probablemente con mayo, son los tres peores meses para los asesores, con las declaraciones de Renta, Patrimonio, Sociedades y este año, grandes fortunas, es muy difícil hacer una campaña en estas condiciones, lo lógico es que la campaña y la votación se desarrollen entre septiembre y noviembre, con un primer periodo de campaña y luego las votaciones, que tampoco tienen que ser muy largas, con medios electrónicos es mucho más fácil que antes.
R. ¿Está tocado de muerte el impuesto a grandes fortunas con la Orden en el BOE?
P. Sí, desde luego ha quedado claro que hay que tener en cuenta la casilla 40 a la hora de calcular el límite máximo del 60%, y es muy previsible que vaya a recaudar bastante menos que lo pensado. La forma de hacer leyes tributarias ha empeorado significativamente y este impuesto que es único en Europa debería desaparecer, no ayuda a atraer capital y España necesita capital.
P. ¿Qué futuro le queda entonces, van a prosperar las cautelares contra la Orden con el Modelo, qué se espera del TC?
R. Íbamos impugnar modelos por la casilla 40, visto lo visto ya no tan claro, está pendiente de decidir, ir al TC no va con nosotros, aunque si impugnas puedes acabar allí. La sentencia del TC es posible que salga este otoño.
P. Ya se habrán celebrado las elecciones generales
R. Sí, puede que cuando haya sentencia ya no exista el impuesto.
Con el cambio de signo me imagino que en muchas CCAA la tendencia [al cambio de residencia] se eliminará si los nuevos gobiernos suprimen Patrimonio con rapidez. Está evitando que venga gente con dinero a España y lleva a que gente con dinero se vaya a Portugal, a Italia y a Reino Unido
P. Una encuesta del Reaf mostraba que los asesores creen que el impuesto a grandes fortunas puede llevar a que haya menos cambios de residencia entre comunidades pero que a la vez los asesores constatan que hay más, al extranjero, pero sobre todo a otras CCAA
R. Tal y como está el impuesto, planteado como temporal, sigue siendo mejor vivir en Madrid o Andalucía que en otras CCAA que tienen Patrimonio. De ganar el PSOE, la izquierda probablemente lo haga permanente. Parece ser que Feijóo ha dicho que lo devolverá a las CCAA y que cada una decida. Puedo entender que sigan pensando en venirse a territorios en que no está el impuesto, pero con el cambio de signo me imagino que en muchas CCAA esa tendencia se reducirá o eliminará si los nuevos gobiernos lo eliminan con rapidez, tengo clarísimo que está evitando que venga gente con dinero a España y lleva a que gente con dinero se vaya. El impuesto sólo existe en España, es posible irse y no hay que irse muy lejos.
P. ¿Se refiere a Portugal?
R. Sí sobre todo, también a Italia, y a Reino Unido, hay países cercanos que son competidores directos.
P. ¿Cómo ve el desarrollo de los Pilares 1 y 2, le afectará un posible cambio de gobierno? ¿Cómo se preparan las grandes empresas? ¿Saldrá algún proyecto de la Presidencia española de la UE?
R. Con independencia de la situación política, los equipos de Hacienda, de Tributos y la AEAT que están con estos expedientes y con la Presidencia española de la UE están muy bien preparados. Están en buenas manos, la situación política es irrelevante, saldrán adelante los expedientes mejor cocinados porque lleguen mejor preparados por la Presidencia sueca o de antes y se pueden llevar a buen término, alguno de ellos puede terminar aprobándose en los próximos seis meses. Las empresas están a la espera, no veo que tengan una gran preocupación, quizás si con la adopción del Pilar 2, pero ya está aprobado por la Directiva, es bastante complicado, están más preocupadas por esto que lo que salga en los próximos seis meses. Hay posibilidad de que salga el proyecto Faster, la armonización de la acreditación de la retención reducida de convenio para facilitar la vida a los mercados de capitales europeos, establecer una especie de certificado común y unos plazos de retención comunes más acelerados.
P. Precisamente la Comisión ha puesto el foco en este proyecto esta semana
R. Sí, cada país lo hace de una manera, se trata de armonizar esa logística que perjudica la atracción de capital de los mercados de capitales europeos, en función de dónde cotices, en las transacciones llamadas Cumex, que facilitó durante décadas que muchos bancos se beneficiasen.
Es sorprendente que nos hayamos metido mucho con la empresa que se va, Ferrovial, y no facilitamos la vida a las que se quieren venir, a lo mejor es tan fácil como establecer un buen protocolo
P. ¿Ha tenido consultas de empresas para cambiar su sede siguiendo el ejemplo de Ferrovial? ¿Hay consultas ahora ante el posible cambio de gobierno?
R. No veo un caldo de cultivo por el que otras grandes empresas se quieran ir, lo de Ferrovial obedece a motivos de su negocio, cada vez tiene más negocio en EEUU y Canadá, está muy vinculado a que su propio negocio tiene el foco cada vez en el mundo anglosajón. Sí veo el caso contrario de empresas más pequeñas que vienen a España, ahí no veo que la AEAT esté bien preparada para facilitar esa atracción de la residencia a España, no tiene protocolos de actuación, es muy difícil, hay que convencerle a cada actuario que te toque para que acepte que la residencia está en España ya, es sorprendente que nos hayamos metido mucho con la empresa que se va y no facilitamos la vida a las que se quieren venir, a lo mejor es tan fácil como establecer un buen protocolo, parece que existe, pero cada vez que se quiere venir una empresa me encuentro con una solución técnica distinta, no está bien estructurado, es una pena, es otro ejemplo más de cómo la AEAT está más enfocada a reprimir el fraude que a colaborar con los contribuyentes que quieren venir.
P. Usted asesoraba a Cemex en 2013 cuando se produjo el escándalo de una catarata de dimisiones en la AEAT por unas sanciones. ¿Cómo lo recuerda, qué pasó, está politizada la AEAT?
R. No lo sé, me encargué de defender el interés del cliente nos había contratado para las alegaciones ante la Inspección, no sé qué pudo pasar, no fue beneficioso para el expediente, todo quedó manchado, por lo que fue apareciendo en prensa, en perjuicio del contribuyente.
P. ¿Y en perjuicio de la AEAT?
R. No lo sé muy bien, da la sensación de que fue una lucha entre diferentes grupos dentro de la Agencia.
P. Plusvalía, pactos sucesorios, coeficientes correctores, ¿temen que el Tribunal Constitucional falle siempre a favor de Hacienda?
R. No lo sé, apunta a eso su nueva composición, hay que esperar a que se resuelvan las sentencias y veremos si los temores se confirman o no.
P. ¿Cómo está afectando la situación de la Justicia a los pleitos fiscales?
R. Hay muchos problemas. Primero, en la Sección Segunda de la Sala Tercera el Tribunal Supremo sólo quedan 5 de los 9 magistrados que deberían estar asignados a casos tributarios, es un gran problema. Y otro gran problema para el que desde la asociación propugnamos cambios, no sólo es la falta de medios y de especialización, empezamos a ser un país diferente, hasta Italia ha creado un orden jurisdiccional tributario hace unos meses. Si la litigiosidad tributaria es probablemente la más importante, debería haber un orden especializado para dar seguridad jurídica, sabrían mejor a qué atenerse a la hora de decidir por dónde quieren ir, si por un tipo de planificación u otro, no se aborda el fondo del asunto sino el procedimiento, temas formales.
Los gobiernos saben que en un plazo van desaparecer y que la revisión de sus actos normalmente tiene lugar cuando ya no están y no les afecta, 'que devuelva el siguiente', y esto tiene vínculos con la responsabilidad patrimonial del Estado, prácticamente desarticulada. De nuevo nos viene de salvar el Tribunal de Justicia de la UE
P. ¿Qué balance hace de las Haciendas de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy?
R. No es un problema específicamente de Cristóbal Montoro, reconozco que hubo años de una situación financiera muy peliaguda, hubo que tomar decisiones en el corto plazo, pero creo que la tendencia preocupante es que no exista responsabilidad del Estado en cuanto a las consecuencias de los actos legislativos declarados inconstitucionales.
P. ¿Hablamos de una responsabilidad patrimonial o más general?
R. General y patrimonial también. Viene de antes, los gobiernos saben que en un plazo de 4-8 años van desaparecer y que la revisión de sus actos normalmente tiene lugar cuando ya no están y ya no les afectan, que devuelva el siguiente, y esto tiene vínculos a la responsabilidad patrimonial del Estado, que prácticamente está desarticulada. Y de nuevo nos viene de salvar el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) exigiendo que sea posible de facto exigir responsabilidad patrimonial del Estado. Esto empezó antes de Montoro y no hace más que consolidarse, debería exigirse responsabilidad patrimonial del Estado, el TC debería hacer lo que hace el TJUE, cuando se declara una ley nula el Estado debe pagar, no es bueno que haya una cláusula del estilo de la del TC de que todo lo que no está en litigación queda consolidado, lo único que hace es fomentar litigios preventivos y va en contra de la responsabilidad política de aquél que decidió hacer una ley inconstitucional, y volver a la situación por la que el contribuyente pueda recuperar cantidades indebidamente cobradas aunque no haya planteado recurso. Todo lo que no sea eso es hacer impune al político de turno, lo que no es exclusivo de ningún partido.
P. ¿El discurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra las grandes empresas se ha trasladado a la relación con Hacienda?
R. No hemos notado nada, es más político que otra cosa, y el discurso de que no pagan ya existía antes.
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