El Consejo de Ministros aprobó el 4 de julio un Real Decreto sobre inversiones extranjeras que eliminó el veto que el Gobierno podía poner a la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. Este Real Decreto, validado tres días antes de que empezara la campaña electoral del 23J y sobre el que entonces el Ejecutivo extendió una capa de opacidad, ha entrado en vigor el 1 de septiembre, cinco días antes de que STC Group comunicara a la CNMV este martes el movimiento.
Un análisis del Real Decreto al que el Gobierno dio luz verde en tiempo de descuento electoral y la forma y los tiempos de la operación de STC llevan a fuentes jurídicas conocedoras de este tipo de operaciones consultadas por Vozpópuli a concluir que la norma pretendía facilitar la entrada en Telefónica de STC Group. Si no es así, consideran que el Gobierno cometió un error con este texto y dejó a empresas estratégicas españolas expuestas.
Desde el Ejecutivo han dejado entrever que se enteraron de la existencia de la operación el martes en el último minuto y la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha declarado en Bruselas este miércoles que se le comunicó este martes. Las fuentes consultadas dudan de que el Gobierno no estuviera al tanto por cómo se preparan estas operaciones.
La operación de la que ha informado el Grupo Saudí de Telecomunicaciones impide al Gobierno aplicar el escudo antiopas que aprobó en la pandemia y que ha prorrogado hasta diciembre de 2024 por tratarse de la compra de un participación del 9,9% y no alcanzar el 10% que permite activar el veto.
Sin embargo, tampoco podrá ejercitar el único impedimento que le otorgaba el ordenamiento jurídico español, la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Esta ley permite suspender el régimen de liberalización de inversiones, es decir, vetarlas, "cuando se trate de actos, negocios, transacciones u operaciones que, por su naturaleza, forma o condiciones de realización, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas, aunque sólo sea de modo ocasional, con el ejercicio de poder público, o actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, o a actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad pública y salud pública".
Pero no podrá aplicarse a la entrada en Telefónica. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 20 días antes de entrar en funciones el citado Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, que en su artículo 18.2 precisamente elimina esta capacidad de veto para inversiones extranjeras en España de "entre el 5 y el 10 por ciento del capital social". Es decir, para operaciones como la de Arabia Saudí. El Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros in extremis acaba con la única capacidad de veto que tenía el Gobierno.
En concreto, el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores establece que "se exceptúa esta suspensión del régimen de liberalización, y el consecuente requisito de autorización administrativa previa, en los siguientes casos: a) La inversión en sociedades españolas cuando no alcancen el 5 por ciento del capital social de la sociedad española, siempre y cuando no permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración. b) Cuando se haya alcanzado entre el 5 y el 10 por ciento del capital social".
En este último caso, en el que se encuentra STC Group, el Decreto añade que se permitirá sortear controles "siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y acompañe dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada".
Estos requisitos que establece el Real Decreto para no necesitar autorización del Gobierno están alineados con los detalles que ofrece el comunicado de STC a la CNMV. De entrada, plantea que "no tiene la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica". E informa de que transformará en acciones el 5% del capital social "tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias", trámite que encaja con la "notificación de la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones" que estipula el Decreto.
STC no aclara a la CNMV si pretende ejercer el derecho a voto que le corresponde, pero fuentes jurídicas habituadas a estas operaciones consultadas por Vozpópuli creen que no. Al menos en este momento.
Estas fuentes explican que dada la magnitud de la operación, si los saudíes pretendieran ejercitar sus derechos de voto, habrían incluido en el hecho relevante que esperan obtener autorización del Consejo de Ministros, lo que es habitual precisar. Por lo que entienden que al no mencionarlo, siguen punto por punto el Real Decreto de 4 de julio, que sólo establece que se notifique a Defensa y no se necesita la referida autorización. Esto es, que basta con notificarlo a Defensa. Fuentes de STC Group han trasladado a Efe que lo harán en los próximos días.
La opacidad del Gobierno
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores de forma inesperada. Lo presentó en su primera rueda de prensa tras el cónclave ministerial el nuevo ministro de Industria, Héctor Gómez. Vozpópuli pudo constatar a lo largo de ese día en reiteradas ocasiones cómo el Ministerio de Industria evitaba profundizar en el Decreto y en sus objetivos. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño se limitaban a remitir a Industria.
Respecto a la dificultad para acceder a información sobre el Real Decreto, la agencia Efe recogió entonces que el Gobierno "no ha hecho públicos los detalles de esas modificaciones", y que "el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no ha facilitado más detalles. La nota de prensa difundida por ese ministerio se limita a explicar que, con las modificaciones aprobadas hoy, la normativa de control de las inversiones españolas es ahora "más clara, predecible y con mayor seguridad jurídica".
El Gobierno sólo trasladó además en la nota que el Real Decreto "permite al inversor reducir las cargas y posibles trabas administrativas y se reducen los plazos de respuesta y de resolución, que era una de las principales demandas de las empresas e inversores". De fondo, apuntaba que se quería elevar la protección de las empresas españolas, lo que algunos artículos de la norma daban pie a pensar que se haría precisamente para empresas que manejan datos.
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