La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no da abasto con las quejas de ciudadanos españoles afectados por decisiones tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Si a mediados de junio recibieron la visita de representantes de las patronales renovables por el hachazo a la retribución a estas energías, este miércoles le tocó el turno a cuatro vecinos de pueblos afectados por los más de 500 terremotos provocados por el almacén de gas Castor, pertenecientes a la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terras del Sénia.
La representación española pidió a los europarlamentarios que pongan en marcha una investigación que clarifique en qué se basó la decisión del Ejecutivo español de conceder una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, la empresa controlada por ACS, tras abandonar el proyecto del almacén de gas subterráneo tras los terremotos.
El Europarlamento mantendrá abiertos dos procesos: investigación del uso de los project bonds del BEI para el Castor y requerimiento de información al Ejecutivo de Rajoy por la indemnización
El Consejo de Ministros aprobó por la vía exprés (decreto) el pago de esta multimillonaria cantidad al grupo de Florentino Pérez en noviembre de 2014 y la Plataforma, en línea con lo que también han denunciado la Generalitat catalana y valenciana, cree que el Gobierno no ha justificado con datos técnicos y una memoria económica ad hoc el abono de esos 1.350 millones de euros.
Según defienden desde la Plataforma, el pago del Castor podría ser “una ayuda de Estado encubierta” concedida por el Gobierno de España a una empresa que necesitaba urgentemente recibir ese dinero para pagar a sus bonistas tras el fracaso del almacén, que ahora está cerrado y en situación de hibernación, controlado por Enagás.
Los portavoces del colectivo de las Terras del Sénia explicaron a los europarlamentarios que no parece justo que los consumidores del gas, a través del recibo, “tengan que estar pagando la mala gestión de un proyecto que desarrollaba una empresa privada por una actividad económica lucrativa” y cuyo coste final, cuando acabe el periodo de 30 años en los que se abonará la ‘hipoteca’ del Castor, se disparará por encima de los 4.700 millones de euros, según un informe que elaboró la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Tras las explicaciones del colectivo, la Comisión de Peticiones del Europarlamento confirmó que mantendrá abiertas las dos peticiones de la Plataforma: de un lado, una investigación sobre el uso de los ‘project bonds’ del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el Castor; y de otro, la posible apertura de un procedimiento de infracción contra España si se concluye que la indemnización a ACS fue una ayuda de Estado encubierta.
La Plataforma denuncia ante los europarlamentarios que la decisión del Consejo de Ministros de abonar vía exprés los 1.350 millones no está justificada ni técnica ni económicamente
El primer paso que dará el Europarlamento es enviar un requerimiento de información al Ejecutivo para que aporte todos los informes y documentos, técnicos y económicos, sobre los costes reales del Castor y si éstos justifican la concesión de la multimillonaria indemnización.
Ahora, la patata caliente recae en un Ministerio, el de Industria, que no tiene ministro, ni siquiera en funciones, tras la dimisión de José Manuel Soria por su implicación en los ‘Papeles de Panamá’.
Su titular, de forma interina, es ahora Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones. Industria es el Ministerio competente para las infraestructuras energéticas y fue bajo el mandato de Soria cuando se suspendió la actividad del Castor tras los terremotos, se decretó el pago de la indemnización y se procedió a la hibernación del almacén.
Si el Parlamento Europeo detecta irregularidades en las dos vías de investigación abiertas podría abrir un expediente sancionador contra el Reino de España, un opción que por ahora parece improbable, según las fuentes consultadas.
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