El déficit de las pensiones podría ascender a los 15.000 millones de euros al cierre de 2015. En el Fondo de Reserva de la Seguridad Social apenas queda lo suficiente como para sufragar cinco pagas extra, es decir, dos años y medio. Así que una de las principales decisiones de la próxima legislatura ha de ser cómo financiar semejante desfase.
El propio Gobierno ha reconocido estas dificultades al incluir en los Presupuestos de 2016 una disposición adicional en la que se insta al Pacto de Toledo a buscar nuevas vías de financiación. Esto es, impuestos. El PSOE es el partido que lo ha dicho más claro que nadie: quiere establecer un impuesto solidario similar al francés para poder pagar las prestaciones de jubilación. Y Podemos habla de introducir progresivamente una financiación por vía impositiva.
El único partido que no ha insinuado la palabra impuestos es Ciudadanos. Sin embargo, Rivera defiende el consenso del Pacto de Toledo y garantizar unas pensiones adecuadas. O sea, que pactará con los demás la financiación de las pensiones vía impuestos.
No hay otra. Las últimas reformas del PSOE y el PP han limitado mucho el gasto en pensiones. Si a comienzos de la crisis esta partida crecía a ritmos del 6 por ciento, en la actualidad sube a tasas del 2,9 por ciento. En parte, se nota el efecto de la crisis en los últimos años de la carrera laboral de los nuevos jubilados. Pero también se han tomado muchas medidas que contienen los desembolsos, tales como elevar gradualmente la edad de jubilación para dejarla en los 67 años; ampliar el periodo que se toma a la hora de calcular la pensión inicial para que poco a poco pase de los 15 a los 25 años; endurecer la jubilación anticipada y desvincular revalorización de las prestaciones del IPC para vincularla al estado de las cuentas de la Seguridad Social. Y todo ello ya brinda unos 1.000 millones de ahorro al año según los cálculos enviados por el Gobierno a Bruselas. Además, a partir de 2019 debería entrar en vigor el llamado Factor de Equidad Intergeneracional, el cual tiene en cuenta la esperanza de vida al estimar la pensión inicial, asegurando que nadie reciba más del sistema por el hecho de vivir más años. O lo que es lo mismo, recorta la cantidad a percibir si se prevé que el jubilado vivirá más tiempo. De acuerdo con las proyecciones demográficas del INE, esto implica que la pensión inicial se reducirá a razón de un 5 por ciento cada 10 años.
Todo esto significa que se ha hecho mucho por el lado del gasto. Ahora es el momento de buscar más ingresos. La Autoridad Fiscal Independiente estima que de aquí a 2020 hay que encontrar unos 10.000 millones de ingresos adicionales, un 1 por ciento del PIB.
En otras condiciones, bastaría con un shock inflacionario fruto de la recuperación para aliviar la carga de las pensiones. Pero eso no puede ocurrir dentro de la zona euro y en un entorno de competencia global. La devaluación salarial y las tarifas planas para fomentar el empleo impiden que se corrija el déficit aunque se hayan creado 500.000 puestos de trabajo durante el último año. No bastará con un cambio en el escenario laboral, ni siquiera con la llegada de nuevos inmigrantes. Acelerado gravemente por la jubilación del ‘baby boom’ a principios de la próxima década, el progresivo envejecimiento de la población representa un reto de primer orden para la sociedad española. Hasta el punto de que en 2050 habrá 15,6 millones de pensionistas, el doble de los más de 8 millones que hay en la actualidad. Pese a lo que argumenta Podemos, ni un incremento en la productividad podrá salvar unas cuentas tan lastradas.
¿Y qué se puede hacer al respecto? Los sucesivos Gobiernos han acariciado la posibilidad de sacar las pensiones de viudedad y orfandad de la caja de la Seguridad Social para financiarlas directamente con impuestos. Incluso Podemos apoya esta opción en su programa. Tal medida supondría un ahorro para el sistema de unos 20.000 millones de euros que tendría que traspasarse poco a poco al Presupuesto de Hacienda. Y por gradual que se haga, ello significa dos cosas: que habría que conseguir recursos tributarios para financiarlo y que habría que seguir aplicando la austeridad en otras partidas presupuestarias. Además, siempre respetando los derechos ya reconocidos, se trataría de que estas prestaciones de viudedad se conviertan en asistenciales y, por tanto, sólo se concedan a aquellas personas que realmente las necesiten, lo que a medio y largo plazo también entrañaría unos ahorros importantes.
La otra opción es la que pone sobre la mesa el PSOE. Se trata de un impuesto creado en Francia y conocido como contribución social generalizada. Todos los residentes en el país del hexágono están obligados a abonarla, estén o no incluidos en la Seguridad Social. Cuando se instauró a principios de los 90, el tipo era del 1 por ciento. Sin embargo, en la actualidad los tipos son del 7,5 por ciento sobre el 97 por ciento de la renta del trabajo; del 7,5 por ciento para el 95 por ciento de la renta de las pensiones; del 6,6 por ciento para las rentas del capital y del 8,2 por ciento sobre las plusvalías. En el ejercicio de 2012, recaudó 89.700 millones de euros. Es decir, constituye un impuesto con una masiva potencia recaudatoria añadido a las cotizaciones y los impuestos, lo cual explica que la presión fiscal en Francia se haya disparado hasta el 53 por ciento del PIB.
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