Además de inglés, Ashley Messick habla árabe. Tiene base operativa en Dubai, pero se dedica a rastrear por el mundo bienes susceptibles de embargo para saldar cuentas con propietarios morosos. La abogada forma parte de los 1.500 profesionales que trabajan para J.S. Held, una consultora con sede en Nueva York que asesora en pleitos internacionales complejos. Como los que libran, desde hace años, decenas de empresas contra España, por cambiarles las reglas para invertir en energías renovables.
Los abogados de J.S. Held tienen algo de 'cazarrecompensas', en el buen sentido. Su misión comienza cuando acaba la de los equipos jurídicos de las empresas afectadas. Cuando a las 'víctimas' de un impago se les cierran todas las puertas para cobrar. Que España esté en el radar de consultoras como J.S. Held dice mucho del clima económico del país. La sensación creciente de inseguridad jurídica y el caos político han provocado un 'impasse' en la inversión extranjera, en un momento crítico por la necesidad de ejecutar los millonarios fondos europeos.
A calmar los ánimos de los inversores no contribuye, precisamente, la sucesión de condenas al Estado español, dictadas en los tribunales de arbitraje por el cambio retributivo de las energías renovables. Lo impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy, desatando una lluvia de pleitos cuyas consecuencias se sufren hoy. Lejos de acatar los laudos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega rotundamente a pagar. Esa decisión ha provocado que España adelante a Venezuela como el país con más condenas por impago acumuladas en las cortes internacionales.
A los abogados con el perfil de Ashley Messick les chirría que una economía tan desarrollada como la española figure en ese ránking tan bochornoso. Se llama Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales y lo elabora el jurista y académico holandés Nikos Lavranos. En él aparecen países como Rusia, Ucrania, Argentina o Kirguistán, considerados menos seguros para invertir. La sensación de extrañeza es compartida por el estadounidense Nick Cherryman, uno de los abogados más conocidos en la escena internacional de los arbitrajes. "Es triste estar aquí por estar aquí por este motivo, pero España no puede poner en juego su seguridad jurídica y trasladar esa mala imagen a los inversores", confesaba a Alberto Sanz -lo publicamos en Vozpópuli- en su penúltima visita a Madrid.
Cherryman volvió este jueves a Madrid para reunirse con los inversores y potenciar una salida dialogada al conflicto. Ya ha habido un acercamiento a Moncloa y se esperan próximas conversaciones. Los afectados están cocinando una oferta, que consiste en reinvertir buena parte del dinero pendiente de pago de los laudos. Lo harían en nuevos proyectos de energías renovables ubicados, por supuesto, en España.
A la espera de comprobar si Moncloa coge o no el guante, los abogados prosiguen con el encargo. Después de muchos meses de rastreo, J.S. Held ha identificado numerosos activos españoles en el exterior potencialmente embargables. La cartera está valorada en casi 5.000 millones y los bienes están repartidos por todo el mundo. Entre ellos hay activos inmobiliarios y cuentas corrientes.
La labor de abogados como Messick o Cherryman ya ha dado sus frutos. El año pasado, el Tribunal Supremo de Londres decretó el embargo provisional de varios inmuebles, entre ellos, la sede del Instituto Cervantes o el edificio histórico que alberga la Escuela Internacional Vicente Cañada.
En Reino Unido también está 'congelado' un activo financiero de 925 millones de euros ligado a las indemnizaciones del Prestige. Fuera de las islas británicas, pende una amenaza real de embargo sobre activos de Navantia en Australia. Y la Justicia estadounidense acaba de abrir las puertas para que otros activos estatales sigan el mismo camino.
El Falcon y otros vehículos estatales
Entre los bienes embargables están tanto los aviones como las embarcaciones propiedad del Estado. Y al frente de todos ellos está en Falcon, el avión presidencial, por el que tanta querencia ha demostrado Pedro Sánchez. El Falcon sería una pieza de caza mayor para cualquier abogado docto en pleitos internacionales, más por su simbolismo que por su valor económico. Ya ha habido casos, pero muy puntuales. Como el de un avión de Tanzania retenido en Holanda. O el de otro de la familia real tailandesa que fue embargado en suelo alemán.
El problema es que el Falcon está considerado como un activo militar. Las complicaciones que implicaría 'cazar' un avión de este tipo llevan a los abogados especializados a apostar por otros activos más asequibles y, sobre todo, de más valor. A la hora de impulsar un embargo, estudian si es realmente viable la incautación. En el caso del Falcon, se toparían con un argumento firme de los abogados del Estado: un activo de este tipo está sujeto a inmunidad.
Las dificultades alejan las tentaciones de los implicados. También rema en la misma dirección el cambio de actitud de las empresas denunciantes, cada vez más partidarias de reducir la litigiosidad por el enorme desgaste que implica (algunos procesos arrancaron la década pasada). En cualquier caso, mientras esperan algún signo favoble del Gobierno, han decidido crear una web que muestra un "reloj de la deuda". Es un contador que mide, en tiempo real, el dinero que debe el Estado en concepto de indemnizaciones, condenas en costas o intereses de demora. El reloj marca ya 1.870 millones. Y la cifra no parará de subir.
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