Los cerca de 3.000 inspectores de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que hay actualmente en España abren un nuevo frente al Gobierno en la visita 'clave' de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, que aterrizará el próximo lunes 20 de febrero en Madrid para fiscalizar la ejecución del Plan de Recuperación, al que están asociados los fondos europeos Next Generation EU.
Durante su visita los representantes de los empleados públicos (CCOO, UGT, CSIF, SITSS, CIG, SISLASS, UPIT Y USESS) han convocado una movilización contra el Ejecutivo por la falta de personal y medios el miércoles 22 de febrero, cuando aún estarán los hombres de negro de la Eurocámara en España, liderados por la alemana Monika Hohlmeier y de perfil crítico con el uso de estos fondos por parte del Gobierno español.
Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social ponen el foco en el incumplimiento de uno de los 30 componentes del Plan de Recuperación, el número 11, relativo a la modernización de la Administración Pública. Además, los sindicatos hacen alusión al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, en el que el Ejecutivo se compromete a crear una estructura dentro del ITSS entre 2021 y 2023. Algo que, según dicen, no se ha hecho.
Los sindicatos ya han avanzado que denunciarán al Gobierno ante la Unión Europea y una ocasión 'ideal' para airear sus problemas es esta misión del Parlamento Europeo. "Profundizaremos en todos los aspectos que sean necesarios para intensificar el conflicto en las próximas semanas", avanzaban este lunes.
En este sentido, están intentando incluso cerrar una reunión 'in extremis' con esta delegación del Parlamento Europeo, según ha podido saber Vozpópuli. "Vamos a solicitar formalmente, y a través de una plataforma que aglutine a todas las organizaciones de la Inspección, una reunión con la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara", comentan fuentes sindicales.
La Comisión tiene una agenda de reuniones entre el 20 y el 22 de febrero con distintas autoridades nacionales y regionales, así como con los agentes sociales y algunos periodistas. Los encuentros de los europarlamentarios empezarán a las 13.30 horas del lunes y finalizarán a las 17.15 horas del martes. Algo más de 24 horas en las que 'examinará' la gestión del dinero europeo por parte del Gobierno. El miércoles, antes de finalizar su visita, está programada una rueda de prensa.
Malestar en la Administración Pública
Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han realizado varios paros en los últimos meses y amenazan con poner de manifiesto el conflicto "todas las semanas" e incluso "todos los días". Aseguran que la deficiencia de medios técnicos, organizativos y humanos, junto a las menores retribuciones, están provocando la "huida" de trabajadores a otros departamentos de la Administración General del Estado (AGE).
Más aún cuando la carga de trabajo ha ido in crescendo, con nuevas normas que afectan al mercado de trabajo como la Ley de Empleo, que les atribuye la vigilancia de los despidos colectivos; la reforma laboral, que pretende acabar con los contratos de muy corta duración y ha disparado los contratos fijos discontinuos; la incorporación a la protección por desempleo de las personas trabajadoras del hogar; o la recién aprobada prestación por desempleo de artistas. También son los encargados de luchar contra los falsos autónomos.
"Cada vez las cargas de trabajo son mayores y los trabajadores no dan más de sí. Entonces se prioriza, se hacen cosas con calidad y profundidad y otras quedan en un segundo plano y no se terminan de hacer", comentan fuentes de CCOO. En este sentido, las fuentes sindicales consultadas por este periódico advierten del nivel de "desgaste" de los trabajadores es elevado: "Empieza a haber un cierto hartazgo y hastío a la hora de trabajar en conseguir los objetivos". "La actividad en el ámbito de la Inspección está muy sometida a la consecución de objetivos", recuerdan.
También hay descontento en otros ámbitos de la Administración Pública. Los trabajadores de la Agencia Tributaria (AEAT), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Sistema Nacional de Salud (SNS) o los letrados de la Administración de Justicia también han denunciado en los últimos meses la falta de medios humanos y técnicos.
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