"No hay margen para más subidas de impuestos que detraen inversión y llevan a perder talento". Así lo ha advertido este lunes el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación del informe “Competitividad fiscal 2024. Un diagnóstico necesario de la tributación en España” este lunes. Fernández de Mesa ha rebatido las palabras de Pedro Sánchez sobre que la revisión del PIB da más margen para subidas de impuestos.
Férnández de Mesa, que ha tachado las subidas de impuestos que este lunes el Gobierno vuelve a intentar sacar adelante en el Congreso, de "políticas", ha recordado que la recaudación tributaria puede cerrar este 2024 en torno a los 295.000 millones, que es el récord histórico de recaudación, lo que supone un aumento del orden del 47% (95.000 millones) en relación al 2019, cuando el PIB nominal en este periodo solo se había incrementado en un orden del 27%. Esta espiral de subidas se debe, tanto por las múltiples subidas impositivas decretadas, como por el efecto positivo de la inflación sobre la recaudación en ausencia de medidas compensatorias, ha detallado el think tank de CEOE.
Estas subidas que cree "improvisadas" van a dañar precisamente a los sectores menos indicados: energéticas cuando se necesitan inversiones para la transición verde; banca cuando la economía debe crecer, o la sanidad privada cuando aumenta la presión sobre la pública, ha avisado.
Fernández de Mesa, que ha presentado el informe junto al director general del IEE, Gregorio Izquierdo, ha explicado que para determinar si nuestro sistema fiscal necesita una reforma y, sobre todo, para ver en qué sentido se debe realizar dicha reforma, es necesario, como paso previo, realizar un diagnóstico de la situación actual, a la vez que una comparativa de la fiscalidad de los países de nuestro entorno.
A su juicio, el análisis normativo de la política tributaria de un país no puede basarse, exclusivamente, en un indicador, la presión fiscal recaudatoria, sino que tiene que hacerse con base tanto en el conjunto de indicadores disponibles como en la posición cíclica de la economía. Según el IEE, España ya es uno de los países con mayor presión fiscal dinámica (ritmo de subida de impuestos) de los países desarrollados. Basta señalar que en un contexto como el periodo 2018-2022 en el que la UE redujo su presión fiscal en relación al PIB en 1,1 puntos, España incrementó su presión fiscal en 2 puntos porcentuales, a lo que habría que añadir las subidas acontecidas desde entonces.
A pesar de este fuerte incremento de la recaudación, el IEE recuerda que el déficit público se ha incrementado, pasando del 3,1% al 3,6% del PIB, elevando consigo la deuda pública desde el 98,2% hasta el 107,7% del PIB. El IEE concluye que España no tiene un problema fiscal por la insuficiencia de ingresos tributarios, sino por el aumento del gasto que excede el crecimiento de la recaudación a pesar de que esta supere el incremento del PIB.
Caída en el Índice de Competitividad
El IEE ha presentado el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation en España, en el que España ocupa una de las peores posiciones, la número 33 sobre 38 países analizados, cuando en el 2019 nos situábamos en el puesto 23.
La presión fiscal normativa en España en el 2024 ya es en un orden de un 17% mayor que la del promedio de la UE. La presión fiscal normativa aproxima la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías al margen de la recaudación que obtenga y se construye a partir del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation para este año. El protagonismo de la búsqueda de un aumento continuo de la recaudación ha llevado consigo un sistema fiscal especialmente distorsionante.
De hecho, insiste el IEE, los contribuyentes españoles soportaron en el 2023 un esfuerzo fiscal (presión fiscal ajustada al nivel de renta) de un orden de un 13% superior al de la Unión Europea, que ya, de por sí, es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país.
Excesiva presión empresarial
Un problema especialmente grave en España para el IEE es el de la excesiva presión fiscal empresarial que en el año 2022 fue del 12,2% del PIB frente al 10,4% del promedio de la UE. De hecho, las empresas españolas aportan el 32,4% del total de recaudación frente el 25,8% que en promedio aportan las empresas de la UE.
Además, este indicador ya no refleja el impacto total de la carga tributaria que soportan las empresas españolas, siendo aún superior, por tanto, a dicho diferencial. En este sentido, se ha de destacar el impacto de los gravámenes sobre entidades y establecimientos financieros de crédito y sobre la energía, que deberían formar parte del indicador de presión fiscal empresarial pero no lo hacen por su consideración artificial como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, cuando son verdaderos impuestos.
El tipo efectivo medio sobre la inversión que afecta a las empresas españolas es uno de los más elevados de toda la UE con el consiguiente encarecimiento del coste de capital empresarial, lo que frena los procesos de inversión empresarial en nuestro país. De hecho, el Impuesto sobre Sociedades, que en España tiene un tipo impositivo superior a la media de la UE (25% frente a 21,3%), presenta una presión fiscal normativa un 24,1% más elevada que la media de la Unión Europea.
La situación patrimonial, la peor
Respecto a la tributación sobre el patrimonio, el IEE destaca que la situación de España es aún peor, con una de las peores situaciones de nuestro entorno comparado. En este caso, la posición de España es un 40% peor que la de la UE. En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nuestro tipo máximo puede llegar al 54% en España, frente a una media del 39,6% en la UE.
Además, el efecto conjunto del IRPF con la tributación patrimonial (Impuesto sobre las Grandes Fortunas) puede elevar el tipo hasta un 60%, lo que es claramente confiscatorio. Es más, en lo relativo a la tributación de dividendos, el tipo máximo en España (sumando la carga del Impuesto sobre Sociedades en los beneficios y el IRPF en la distribución) puede llegar al 46%, mientras que la media de la UE se sitúa en el 41%, y este diferencial, que ya es muy significativo, se quiere incrementar por parte del actual Gobierno que ha propuesto, recientemente, una subida en el tipo máximo de la renta del ahorro.
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