Las empresas compiten con el sector público en la mayor parte de los fondos europeos de los que pueden beneficiarse de manera directa. En concreto, el sector privado podrán optar directamente a convocatorias por valor de 16.320 millones en este primer semestre del año, pero el 52% de esos fondos UE también están abiertos a otros organismos de carácter público.
Así se desprende de las estimaciones realizadas por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), que se basa en el calendario de convocatorias del primer semestre de 2022 difundido hace unos días por el Gobierno para desglosar por tipo de beneficiario los casi 27.000 millones presupuestados este año para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto, de los 16.321 millones de fondos UE mencionados, hay 8.539 millones a los que pueden acceder tanto compañías privadas como entidades públicas, mientras que las convocatorias de la Administración General del Estado o de las CCAA destinadas puramente a empresas privadas suman 7.782 millones.
Desde Llorente y Cuenca explican que las empresas compiten con el sector público en convocatorias como el Programa MOVES FLOTAS, de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros, gestionado por el IDAE; o las ayudas para instalaciones de biogás. Otro ejemplo frecuente se encuentra en aquellas convocatorias lanzadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación a las que pueden optar tanto centros de innovación e investigación privados como universidades públicas.
Sólo el 29% de los fondos son únicamente para empresas
De esta forma, sólo el 48% del dinero europeo que el Ejecutivo pondrá a disposición de las empresas hasta junio será, exclusivamente, para las del sector privado. De hecho, los fondos UE que tienen como beneficiario único a una empresa privada sólo representan el 29% de la cuantía total que el Ejecutivo pretende movilizar en los primeros seis meses del año, según los cálculos de la consultora.
Otro 26% de los fondos (cerca de 7.000 millones de euros de los casi 27.000 millones presupuestados para este año) estarán destinados a CCAA y administraciones locales para, por ejemplo, obras e instalaciones (carreteras, actuaciones en propiedades autonómicas, rehabilitación de edificios públicos, etc.) que, a su vez, pueden licitar a compañías públicas y privadas, según se desprende de las convocatorias avanzadas por el Gobierno.
En este sentido, Paloma Baena, directora senior de la Unidad Next Generation EU en la consultora, asegura en conversaciones con este periódico que "las empresas pueden acceder a casi todo el dinero, ya sea de manera directa o indirecta, vía licitación" del dinero que las comunidades y administraciones locales reciben.
Además, desde Llorente y Cuenca matizan que "existen limitaciones asociadas" en sus cálculos, "como la imprecisión en la pestaña de beneficiarios, donde en muchos casos se mezclan administraciones, empresas, Tercer Sector, organismos independientes, personas jurídicas, pymes, personas físicas o universidades", lo que impide "desglosarlas de forma exacta". "La tabla con el análisis de LLYC es, por tanto, general, y tiene un valor aproximativo", aclaran.
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