El Parlament catalán aprobó la semana pasada el proyecto de ley de modificación de la ley del cambio climático, sobre el impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) de vehículos de tracción mecánica. Un nuevo impuesto al automóvil que supuestamente irá íntegramente destinado a al Fondo Climático y al Fondo del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que recibirán a partes iguales el 100% de la recaudación de este nuevo impuesto, puesto en marcha de acuerdo con las competencias de la Generalitat en materia de medio ambiente y creación de impuestos propios, después de que el Tribunal Constitucional (TC) validara el tributo tras un recurso del Gobierno central.
Un impuesto que está ya generando reacciones negativas por su impacto, y uno de los primeros colectivos en pronunciarse ha sido la Federación Nacional de Alquiler de Vehículos (FENEVAL) y su asociación provincial la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Sin Conductor de Cataluña (AEVAC), que han rechazado la modificación de la ley catalana de Cambio Climático de 2017 que gravará desde el próximo año, aunque con fecha de 2019, los vehículos de tracción mecánica en función de los niveles emisiones de CO2 de sus automóviles.
El presidente de esta patronal, Juan Luis Barahona, ha manifestado su apoyo a la asociación provincial, que considera que los criterios de sujeción al nuevo impuesto discriminan injusta y negativamente al Rent a Car y, en concreto a las más de las 70 empresas que pertenecen a su asociación, la mayor parte de ellas PYMES y de carácter familiar, al sujetar únicamente al impuesto de emisiones a las empresas cuyos vehículos estén registrados en Cataluña y mantengan en esta Comunidad algún centro de actividad.
Desde AEVAC, aluden a la dificultad para valorar si un vehículo alquilado en Cataluña circula y contamina por el territorio de esta comunidad o lo hace por el de otras comunidades autónomas, contradicción que la asociación provincial ya había advertido desde el año 2018 a los responsables de Tributos de la Generalitat.
Pérdidas de hasta un millón de euros
En cuanto al impacto económico que el impuesto supondrá para el sector del automóvil y los propios conductores, se prevé que, en total, 3,6 millones de vehículos deberán pagar este nuevo tributo, que se estima que grave las matriculaciones en unos 70 euros más de media por vehículo. Teniendo en cuenta que en Cataluña se matricularon casi unos 11.500 vehículos de alquiler en 2018, el Rent a Car sufriría unas pérdidas de entre 800.000 y 1 millón de euros.
Por tanto, y tal como afirma la Presidenta de AEVAC, Pilar Bellot, “el nuevo impuesto supone un agravio contra el sector empresarial Catalán dedicado al alquiler de vehículos sin conductor, al sujetar únicamente al impuesto de emisiones a las empresas cuyos vehículos estén registrados en Cataluña y mantengan en esta Comunidad algún centro de actividad”.
“Todos estamos de acuerdo en que se debe dar una modificación fiscal que permita una progresiva renovación del parque automovilístico y promover el achatarramiento de los vehículos viejos, que son los responsables de las mayores emisiones de CO2”, ha indicado Barahona.
Además, al igual que el vigente impuesto de matriculación nacional, solo se está teniendo en cuenta las emisiones del C02 y no de otros gases contaminantes (NOx y partículas), con lo que la eficacia de la medida no resultaría suficiente en los objetivos medioambientales que se persiguen ya que no estaría limitando la circulación de los vehículos contaminantes por las carreteras de Cataluña.
En este sentido, FENEVAL y AEVAC quieren destacar el hecho de que la flota de alquiler es la menos contaminante por la modernidad de los vehículos, que emiten de media entre unos 5 y 14 mgrs menos de C02 por kilómetro recorrido en comparación a la media al resto de vehículos circulando por nuestras carreteras, siendo, por tanto, los vehículos menos contaminantes y con flota es la más joven y segura.
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