Cuando todavía no se ha cerrado un ERE voluntario que afecta a 350 trabajadores, José María Castellano, presidente de Novagalicia, proyecta otra nueva salida de 700 empleados. Esta nueva reducción de capacidad de la entidad gallega significará el cierre de algo más de 130 oficinas, la mayoría de ellas fuera del ámbito gallego.
Las conversaciones informales entre sindicatos y entidad se cerraron el miércoles con el anuncio del banco de que la próxima semana arrancará con el periodo de consultas previo, y necesario, para formalizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). O, lo que es lo mismo, la entidad se da un mes de plazo máximo para pactar las medidas de "optimización" –con el objetivo de un ahorro anual acumulado de 50 millones de euros– o, directamente, las impondrá.
Una reducción de personal, frente al refuerzo necesario por la intención de Novagalicia, comunicada incluso a los responsables de sucursales afectadas, de que EVO –la marca con la que operará fuera de Galicia, León y Asturias con una red de 120 oficinas– abrirá ininterrumpidamente de ocho de la mañana a ocho de la tarde, en dos turnos.
Este objetivo de mantener las sucursales abiertas durante todo el día obligará a tender puentes entre ambas partes. El convenio actual de banca contempla que este horario sólo puede darse en oficinas singulares. "Este no es el caso de las oficinas del nuevo banco EVO", admiten desde el sector. Por tanto, para poder alcanzar este horario, Castellano tendrá que lograr que el 51% de la representación sindical apoye esta medida. "Si se decide abrir sin nuestro consentimiento", explican desde uno de los sindicatos con mayor representación en la entidad, "tendrán una enorme conflicitividad en cada oficina".
En medio de esta nueva ronda de negociaciones, Novagalicia tiene que finalizar este mes el actual ERE voluntario de 350 bajas, con 45 días por año trabajado y un tope de 42 mensualidades. A partir de ese momento, y para la diferencia que quede entre el número de trabajadores que se acojan y la meta fijada de 700 de "excedente estructural", el banco pone encima de la mesa bajas indemnizadas a razón de los mismos días, pero con no más de 30 mensualidades –en todo caso, el pago no superaría los 150.000 euros– y suspensiones de contrato durante un año completo en dos fases. Desde el 1 de abril y el 30 de junio de este año y desde los mismos tres meses de 2013.
Estas indemnizaciones de 150.000 euros suponen una importante rebaja con respecto a lo que percibieron los trabajadores en la primera salida de trabajadores cuando se cerró la fusión entre las dos cajas gallegas. En la mayoría de los casos se llegaron a duplicar esa cifra. La plantilla actual de las fusionadas cajas gallegas cuenta con 6.300 trabajadores.
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