Los administradores nombrados por el Banco de España para gestionar la CAM tras su intervención llevarán a la vía penal a los antiguos administradores de la caja por el “expolio de la entidad valenciana”, según han revelado en la reunión de cuatro horas que mantuvieron ayer con la comisión de control de la caja. Según los responsables del FROB, el antiguo consejo de administración actuó guiado por el “interés personal y no por la defensa de los impositores”. El expediente administrativo que el Banco de España abrió al antiguo consejo se trasladará ahora a la vía penal a través de la Audiencia Nacional.
El FROB pretende denunciar por un delito de “administración desleal” a todos los antiguos miembros del consejo de administración de la caja valenciana. Según el artículo 295 del Código Penal de 1995, el delito de administración fraudulenta contempla penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel o multas de hasta el triple de los beneficios obtenidos.
“La deriva de la CAM era inevitable aunque no hubiera habido crisis”, sostiene el representante del Banco de España
El administrador del FROB, José Antonio Iturriaga, aseguró ayer a la comisión de control de la caja que “la “deriva de la CAM era inevitable aunque no hubiera habido crisis” porque de los 53.000 millones que prestó la entidad, sólo 1.000 tuvieron como destino el sector industrial. El resto fueron destinados al “ladrillo, a los propios consejeros o a favores políticos”, aseguró Iturriaga.
La reunión de los delegados del FROB comenzó a las 10:30 de la mañana y se levantó pasadas las 14:30, un largo encuentro que forma parte de la ronda que los directivos designados por el Banco de España están manteniendo desde el 22 de julio con la dirección, trabajadores y sindicatos de la CAM. Esa reunión se ha producido a solicitud de los delegados del Fondo y a ella acudieron los tres administradores: José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz, aunque sólo el primero tomó la palabra.
La denuncia tiene efectos jurídicos inmediatos
La denuncia del FROB tiene una consecuencia práctica inmediata: la CAM podría quedar exenta de pagar las prejubilaciones y compensaciones por ERE que reclaman sus antiguos directivos ya que esas retribuciones serían nulas al haber mediado “dolo” en su ratificación.
Según reveló el FROB, en la última reunión del consejo de la CAM antes de su intervención, sus consejeros se encargaron de revisar si sus pólizas de responsabilidad civil (las que les daban derecho a indemnizaciones millonarias) estaban al día o no. No revisaron, sin embargo, el tamaño del agujero global de la entidad valenciana por la que –según los datos revelados por el representante del Banco de España—el Estado ha depositado ya 2.800 millones de euros y tiene otros 2.400 pendientes de depósito para el saneamiento definitivo.
Esa actitud dolosa fue reiterada por los representantes del Banco de España que aseguraron que “la CAM habría hundido a Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura si se hubiera fusionado con ellas". Según reveló el administrador del Banco de España, si el SIP (Sistema Institucional de Protección) se hubiera consolidado, se habría arrastrado a las demás entidades. Como ya había adelantado el banco central, la entidad tenía un agujero de 20.000 millones de euros que el FROB atribuye a una “gestión dolosa” de su último consejo de administración.
Los reguladores autonómicos excusan su falta de vigilancia
La comisión de control de la CAM se reunió también ayer con el representante del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el organismo autonómico encargado de supervisar a las entidades regionales.
Su representante culpó al Banco de España de la falta de vigilancia y aseguró que el IVF “carece capacidad de supervisión prudencial” amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo.
Esa sentencia asegura que los entes autonómicos no tienen capacidad sancionadora pero sí permite a las comunidades autónomas revisar las cuentas e incluso denunciar las irregularidades detectadas, algo que el IVF nunca hizo.
El Banco de España responsabiliza al supervisor regional de “falta de diligencia en la actitud del IVF sobre la CAM” que se pone de manifiesto –aseguran fuentes del banco central—en que el supervisor regional todavía no se ha dirigido a la entidad a día de hoy, ni siquiera después de su intervención y la designación de administradores externos.
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