La situación de Bankia se está complicando por días. Los rumores en torno a su situación financiera y sus necesidades de nuevas ayudas son cada vez más contundentes, bien vengan azuzados por la competencia o por las instituciones, tanto españolas como internacionales. El último en unirse a estas voces alarmantes sobre la entidad ha sido Goldman Sachs. Este banco de inversión calcula que Bankia tendrá que afrontar este año y el próximo unas pérdidas crediticias y en el ladrillo de 24.900 millones, que se moderarán hasta los 7.700 millones gracias a las provisiones y al colchón de capital acumulado. De materializarse esa pérdida esperada, su nivel de solvencia (core Tier 1) se situaría en el 5,9%, una cifra que se sitúa muy por debajo del mínimo del 8% legalmente exigido y que de persistir durante varios meses podría derivar en su intervención o en alguna otra solución intermedia. que podría pasar por una inyección de capital por parte del Estado. En el sector tampoco se descarta una posible nacionalización del grupo.
El principal problema de la entidad que preside Rodrigo Rato es el ladrillo, ya sea por los inmuebles que tiene en su poder o por la financiación concedida a los promotores y que previsiblemente no podrá recuperar. Según el informe, su exposición inmobiliaria (8.200 millones) le provocará un quebranto de 2.400 millones, especialmente por los 1.100 millones que le costará la depreciación casi total del suelo. Pero el principal agujero vendrá de los créditos para la construcción, ya que de los 32.400 millones que tiene concedidos no podrá recuperar 15.100 millones, según los cálculos de Goldman Sachs. De ellos, 4.400 millones serán por préstamos entregados sin garantía real, 4.000 millones para la financiación de suelo, 3.900 millones de inmuebles terminados y 2.600 millones de edificios en construcción. Adicionalmente, Bankia tendrá que hacer frente a otros 5.800 millones en números rojos por los impagos en hipotecas (2.100 millones) y otros créditos (3.700 millones).
En total, resulta un agujero de 24.900 millones en dos años, prácticamente imposible de asumir sin ayudas en un entorno tan complicado como el actual, donde el negocio financiero se encuentra bajo mínimos. Si se toman los beneficios individuales que presentaron BFA y Bankia al cierre de 2011, estos suman apenas 500 millones de euros. Por lo que el grupo necesitaría al ritmo actual de ganancias casi 16 años para cubrir la pérdida final de 7.700 proveniente de su ladrillo.
Varios ejecutivos bancarios dan por hecho (y reclaman) que el Estado acabará por darle nuevas ayudas para sacarle del atolladero y, sobre todo, eliminen las dudas que sobrevuelan el sector financiero español. En esta línea ahonda las conclusiones preliminares del informe del FMI sobre el sector financiero español. Según esta institución, Bankia integra la decena de bancos "vulnerables" del mapa bancario español para los que reclama ayudas públicas. De hecho, sin citar a la entidad que preside Rato, le señala directamente al asegurar que "es clave que estos bancos tomen medidas decisivas, especialmente el más grande de ellos, para fortalecer sus balances, mejorar su gestión y su política de gobernanza”.
El FGD no llega para cubrir a Bankia
El presidente de uno de los grandes bancos cree que de forma inmediata el Gobierno debería nacionalizar buena parte del capital de Bankia. "Hasta que ese problema no se resuelva, y lo tiene que resolver el Estado, nadie volverá a invertir en la banca española", dice, y añade que "da igual quien haya causado esa situación porque es el Estado quien tiene que pagarla; y si no tiene dinero que lo pida". Cualquier otra salida "serían chapucillas", concluye el banquero, quien espera que tras esa solución se reduzca entre el 30% y el 40% la capacidad de Bankia. Otro presidente de una entidad sistémica solicita de forma inminente una salida para Bankia por parte del Estado y del Banco de España. "El deterioro de su cartera inmobiliaria y crediticia obliga a una recapitalización de la entidad. El Fondo de Garantía de Depósitos no podrá cubrirlo, por lo que tendrá que ser con ayudas públicas", sostiene.
Entregar capital para comprar las acciones de Bankia no debería suponer un incremento del déficit porque no habría pérdidas para el Estado hasta que se vendieran, señalan en el sector, donde defienden que las arcas públicas deberían mantener estos títulos hasta que dentro de varios años se puedan colocar con un valor razonable.
El consejero delegado de otra gran entidad también reclama una solución inmediata para Bankia ya que, a su juicio, el sector no puede permitirse las dudas que en estos momentos se ciernen sobre el resto del sector por culpa, entre otros factores, de la incertidumbre que existe sobre el banco presidido por Rato. Según su parecer, hay que buscar una salida de forma inmediata, bien sea la entrega de varios miles de millones de euros en ayudas o su troceamiento y posterior venta a varias entidades. La primera de las opciones es la preferida de todos, pero falta por ver de dónde sacar el dinero sin perjudicar las cuentas públicas. Poco a poco va ganando enteros la posibilidad de que sea la Unión Europea, a través del fondo de rescate, la que preste el dinero. Una opción a la que se niega el Ejecutivo de Rajoy porque entiende que los mercados lo asumirían como una intervención encubierta.
Desde el sector se quejan de que la falta de sintonía entre el Gobierno y el Banco de España, y sobre todo el hecho de que en este caso las riendas las lleve totalmente el Ejecutivo, está perjudicando mucho la toma de una decisión rápida. De hecho, en muchas entidades se da por sentado que "lo que tenga que pasar con Bankia" no se cumplirá hasta que "MAFO deje su puesto de gobernador".
En Bankia siguen insistiendo en que no necesitan nuevas ayudas públicas y recuerdan que en el último año han cumplido todas las exigencias que se les han planteado, desde la salida a Bolsa, hasta los requerimientos de la Autoridad Europea Bancaria. En las próximas semanas, presentará al Banco de España nuevas medidas adicionales, como adelantó Vozpópuli, a su plan para cumplir con los saneamientos inmobiliarios exigidos por el Ministerio que dirige Luis de Guindos. Medidas adicionales reclamadas desde el Banco de España y el propio FMI.
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