"No será banco ni será malo" así se resume el esquema de saneamiento del sector financiero que el Gobierno pretende aprobar este viernes y que ha comunicado ya a las grandes entidades bancarias con las que negocia el tamaño de su alcance. "No será banco" porque el Ejecutivo pretende crear Sociedades de Liquidación de Activos Inmobiliarios (SLAs) en las que las entidades bancarias podrán depositar sus activos inmobiliarios problemáticos. Esas sociedades no serán consideradas sociedades bancarias porque los bancos sólo tendrán participaciones minoritarias en ellas y, por tanto, no quedarán sometidas a los coeficientes de solvencia ni a las ratios de capital que el Banco de España exige. Esas sociedades dispondrán de un plazo de 10 años para vender los activos inmobiliarios que los bancos coloquen en ellas, un plazo que el Ejecutivo podría todavía alargar hasta los 15.
"No será malo" porque las entidades podrán traspasar a esas sociedades su cartera inmobiliaria casi a precios de mercado, con una rebaja de precio mínima si se compara con el valor real que recibirían en el mercado y que, a día de hoy, supondría la práctica quiebra de la mitad del sistema bancario. El Gobierno actuará en esas sociedades como aval de los inversores a los que se quiere atraer para que actúen como vendedores de ese parque inmobiliario del que los bancos se van a desprender. El Estado deberá actuar como aval ante esos inverores, garantizándoles que les compensará si esos activos se deprecian por debajo de un suelo determinado.
"No será banco ni será malo", aseguran quienes conocen el diseño de unas sociedades que no estarán obligadas por las ratios de solvencia del Banco de España
Ese diseño ha sido ya comunicado por el Ejecutivo a la gran banca española con la que, precisamente, se negocia el alcance de esa sociedad y el tamaño y duración del aval del Estado, según reconocen fuentes bancarias. La cartera problemática de la banca está cifrada en 184.000 millones de euros por el Banco de España pero 54.000 millones han sido ya provisionados. Eso deja 130.000 millones pendientes de saneamiento. Si el Gobierno permitiera que todas esas propiedades inmobiliarias fueran traspasadas a Sociedades de Liquidación de Activos con un aval del 10% del precio, eso significaría que Economía debería disponer de 13.000 millones para las SLAs, explican a Vozpópuli fuentes de esa negociación. El objetivo del Gobierno es minimizar la cantidad de dinero público que se destina a esa solución y, por ese motivo, todavía no se ha terminado de cerrar el modelo.
El esquema –según ha sido trasladado a la banca—supone una solución a dos problemas:
- Para las entidades, fundamentalmente, supone actualizar el valor de sus carteras inmobiliarias con un descuento menor al que les exigiría el mercado. El Gobierno les inyecta fondos y, al mismo tiempo, les evita consolidar en sus balances pérdidas, ya que los activos son traspasados a una sociedad en la que contablemente no son socios mayoritarios.
- Para el Gobierno, la cuantía exacta de la inyección de fondos públicos queda difuminada. Puesto que la aportación real del Estado sólo se conocerá tras vender los activos inmobiliarios en el plazo de 10 años (que podrían prorrogarse hasta 15), la aportación final podría ser mínima. De hecho, aseguran las fuentes consultadas, la operación podría terminar siendo positiva para las arcas del Estado.
El esquema se completa con nuevas exigencias de saneamiento
El esquema se completará con nuevas exigencias de saneamiento a las entidades bancarias y con un compromiso de contrapartida por parte de los bancos para que abran el grifo del crédito.
El Gobierno pretende obligar a los bancos españoles a provisionar más cantidades por el ladrillo todavía considerado sano. El objetivo es impulsar un saneamiento definitivo, admiten fuentes de Economía.
El Ejecutivo no ha querido revelar el coste del esquema
El Ejecutivo no ha comunicado la cuantía de dinero público que será necesaria para dotar esas sociedades de liquidación, pero el informe de estabilidad del Banco de España sí cifra que la banca tiene en sus balances 184.000 millones de euros en activos problemáticos. El total de la cartera inmobiliaria de la banca alcanza, según el último balance, 308.000 millones de euros por lo que el 60% de su cartera es considerada problemática.
El problema del sector de la construcción no es sólo su situación actual sino, sobre todo, la inercia de caídas de precio que acumula. En el último mes, los precios han vuelto a desplomarse un 12,5%, lo que explica la urgencia de las entidades por sacar de sus cuentas unos activos que cada vez valen menos y que cada vez acumulan más problemas. De hecho, la ratio de morosidad ha sido del 20,9% en diciembre de 2011, frente al 13,5% de 2010.
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