Sobresalto en la élite de la abogacía de la Administración Pública. María Jesús Prieto Jiménez, que hasta su reciente cese ha sido Secretaria General de Mercasa, y su marido Arturo Cortés de la Cruz, que ocupó el mismo cargo entre 2004 y 2007 y que en la actualidad es directivo de Acciona, están siendo investigados en el curso de la Operación Trajano, que lleva a cabo el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Las investigaciones tratan de esclarecer el empleo de dinero público en Mercasa Incatema, el consorcio que desarrolla un mercado de abastos en Luanda, capital de Angola, y que contrató a un prófugo de la justicia española, Guilherme Taveira, relacionado también con el caso Defex. Pablo González, detenido al igual que su hermano el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha ocupado puestos de dirección en Mercasa –la compañía controlada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura y que gestiona con los ayuntamientos los mercados de abastos- y ha sido consejero de Mercasa Incatema –el consorcio público privado creado en 2002 para el desarrollo de mercas en el exterior-.
Las investigaciones judiciales sobre María Jesús Prieto Jiménez y Arturo Cortés de la Cruz han causado estupor en las altas esferas de la abogacía de la Administración Pública. Ambos forman parte del exclusivo Cuerpo de Abogados del Estado, integrado –según la última relación pública que ha podido consultar este diario, publicada en el BOE, del año 2012- por 657 personas. Reconocidos políticos y altos ejecutivos del Ibex son abogados del Estado en excedencia. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el presidente de Inditex, Pablo Isla; el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique; o el eurodiputado Miguel Arias Cañete son algunos de sus integrantes. El expresidente de Banesto, Mario Conde, ha sido la persona que mejor calificación ha obtenido en las pruebas de acceso a Abogado del Estado.
Fuentes de la abogacía y cercanas a Mercasa consideran que la imputación de ambos no tiene recorrido
María Jesús Prieto fue cesada de su puesto en Mercasa horas después de que la Guardia Civil entrara en las oficinas de la compañía pública en Madrid, el pasado 19 de abril, el mismo día que fueron detenidos los hermanos González y otras personas relacionadas también con el negocio en el exterior del Canal de Isabel II, en el marco de la conocida como Operación Lezo. Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco se coordinaron ese día; la Operación Lezo y la Operación Trajano guardan aparentes vinculaciones. Los protocolos de la Sepi en casos como éste son más estrictos que los que sigue cualquier partido político en España: un cargo de Sepi imputado es cesado inmediatamente.
Mientras que de las investigaciones del juez Velasco se han filtrado los nombres de los detenidos, imputados, e investigados, así como conversaciones telefónicas, de la operación que investiga el juez De la Mata, poco ha trascendido. La agencia Europa Press publicó que 10 personas habían sido imputadas por la operación relacionada con Mercasa, sin identificarlos. El diario El Mundo informó que al menos habían sido imputadas 11 personas, y publicó los nombres de ocho, entre ellos el de María Jesús Prieto.
Vozpópuli ha confirmado con dos fuentes cercanas a la compañía pública que María Jesús Prieto y Arturo Cortés han sido imputados por dichas investigaciones; sin embargo, no ha sido posible lograr una confirmación judicial. También se ha contactado con el matrimonio formado por los dos Abogados del Estado a través de Mercasa, para que tuvieran conocimiento de la publicación de esta información y que la ampliaran si así lo consideraban. Además se ha contactado con Acciona (donde trabaja Arturo Cortés).
Promoción del 91
La dureza de las pruebas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado hace que solo unos pocos, en torno al centenar, se atreva cada año a realizar las oposiciones, para lo que es necesario, como mínimo, dos años de preparación tras haber terminado la carrera de Derecho.
En 1991, solo 25 aspirantes consiguieron superar los exámenes y ser nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado. María Jesús Prieto fue la número 8 de aquella promoción. Arturo Cortés de la Cruz, el número 17. La actual Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue la número 25.
Prieto, Cortés de la Cruz y Cospedal fueron admitidos para participar en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado en mayo de 1989. El escaso tiempo que los tres tardaron en lograr superar las pruebas de acceso, dos años, muestra su elevada capacidad y concentración (la media de tiempo dedicado para ello es entre cuatro y cinco años, unas 9 horas de estudio diarias, seis días a la semana).
María Jesús Prieto ha ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Educación, en Fundación Dioversidad y en la Corporación de Radio y Televisión Española. Es profesora honoraria de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido representante de España en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea.
Arturo Cortés de la Cruz, tras su paso por Mercasa, ha desempeñado puestos de dirección legal en compañías del empresario leonés José Luis Ulibarri, en el grupo Aguas de Barcelona (Agbar), y ahora en Acciona.
“Los dos son brillantes”, dicen abogados consultados por este diario sobre María Jesús Prieto y Arturo Cortés de la Cruz. “Ella tiene una cabeza privilegiada, lo sabe todo sobre el Derecho”, añaden. “Era una jefa dura, no caía simpática, pero eso no quiere decir que no fuera buena profesional”, comentan fuentes cercanas a Mercasa. Tanto las fuentes del mundo de la abogacía como las consultadas en la compañía pública no dan crédito a la implicación de Prieto y Cortés de la Cruz en el caso. “Les ha tocado porque debieron firmar algunos de los contratos de Mercasa Incatema en Angola”, comentan fuentes consultadas en Mercasa. “Pero esta imputación no tiene recorrido, seguro”, sostienen.
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