Acciona se está empleando a fondo en defender a sus dos ejecutivos imputados en el caso de corrupción destapado en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), de la que presuntamente se desviaron más de 50 millones de euros. La compañía controlada por la familia Entrecanales ha decidido presentar en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Zaragoza un aval de 8 millones de euros para hacer frente a las fianzas de seis y dos millones de euros fijadas por el juez para José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, los ex máximos responsables de la compañía en la UTE que realizó las obras de urbanización del complejo. Ambos están acusados de falsedad, malversación, blanqueo y, en el caso del primero, también de cohecho.
Los dos empleados de Acciona son defendidos por el despacho de abogados Cuatrecasas, cuya minuta también abona el grupo empresarial
Ambos ejecutivos intentaron presentar ayer el aval con la millonaria cifra en la sede del juzgado que instruye la causa, donde acudieron acompañados de una abogada del bufete Cuatrecasas, el despacho contratado por Acciona para defender a los dos imputados. Sin embargo, el funcionario que les atendió no se lo aceptó, ya que el documento que pretendían aportar era una fotocopia y no el original, según pudo saber este diario en fuentes judiciales.
Jordán y Bretón anunciaron entonces que acudirán este lunes con documento válido, aprovechando que ese día tienen fijada una comparecencia por orden judicial para reducir "el claro riesgo de fuga de ambos", según destacó el magistrado instructor, José Ignacio Martínez, en el auto en el que les encausó.
Una vez entreguen formalmente el original, los dos imputados podrán recuperar los pasaportes, retenidos el juez, y regresar respectivamente a Brasil y Colombia, donde ambos fueron destinados hace tiempo por el grupo empresarial. No obstante, ello no eliminará por completo las medidas de control a las que deberán someterse para asegurar su presencia en Zaragoza cuando lo requiera el magistrado. De hecho, la devolución de los documentos de viaje tiene otros dos condicionantes además del económico: deberán entregar los pasaportes en "la oficina consular de su residencia", en la que deberán comparecer cada quince días.
"Contragarantía" bancaría
Fuentes oficiales de Acciona señalaron a Vozpópuli que “lo que ha hecho Acciona es presentar una contragarantía que cubre los dos avales, cuyos titulares son Jordán y Bretón y están depositados en un banco. Esta garantía se presenta para afrontar el caso de que ni ellos ni el banco respondieran. Lo que hace nuestra compañía es seguir las instrucciones del último auto del juez, para que nuestros dos ejecutivos puedan viajar a los países donde trabajan, de forma que si el juez lo solicita, Acciona se hace responsable de traerlos a España. Nosotros nos ponemos a disposición del juez y, respaldando el aval, mostramos el mayor grado de compromiso con el proceso”.
Uno de los ejecutivos ahora imputado fue trasladado a Sudamérica después de que su nombre se viera salpicado en Aragón en otro escándalo de corrupción
Los dos ejecutivos de Acciona están acusados de participar "en contubernio con otras personas que intervenían o tenían relación con el desarrollo de las obras adjudicadas" en el desfalco de 50 millones de euros de dinero público destinados a la plataforma logística de la capital aragonesa. El auto del juez con el que hace unos días impuso la fianza resaltaba que presuntamente ambos "sustrajeron caudales y efectos" de la UTE en la que participaba el grupo empresarial de los Entrecanales "o los destinaron a fines distintos a la ejecución de las obras contratadas mediante maniobras falsarias", entre ellas la facturación de obras inexistentes o el inflado irreal de las mismas.
Uno de los dos imputados, José María Jordán, ya se vio salpicado con anterioridad en un escándalo de corrupción en Aragón, en concreto en la llamada Operación Molinos. Coincidiendo con aquello, Acciona envió a Jordán a Brasil, país desde el que, según aseguró en su declaración ante el juez el otro directivo imputado, "continuó dando las órdenes de lo que debía hacerse" en Plaza, según destacaba el auto de imputación. La relación entre ambos era muy estrecha ya que los dos son de Fuentes Claras, un pueblo de Teruel donde participan en la misma peña. Ahora, su futuro judicial los mantiene unidos.
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