El vendaval de reclamaciones por Banco Popular ha pasado del dicho al hecho. Entre el pasado viernes y este lunes se han presentado recursos de miles de accionistas de la entidad en Europa, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fondo de los mismos es parecido: Popular era solvente y se lo llevó por delante un problema de liquidez provocado por, entre otros factores, las filtraciones de la Junta Única de Resolución (SRB, el Frob europeo).
Una de las últimas reclamaciones es la presentada por el bufete B. Cremades & Asociados, quien reclama que se investigue a fondo por qué y cómo fue la retirada de depósitos "por parte de las administraciones públicas españolas y la negativa del Banco de España a conceder liquidez de emergencia (mientras que otras administraciones continuaban retirando sus depósitos".
Por ello, piden la declaraciones como testigos de cinco altos cargos públicos españoles: Luis de Guindos, ministro de Economía; Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; Luis María Linde y Javier Alonso, gobernador y subgobernador del Banco de España, respectivamente; y Jaime Ponce, presidente del Frob.
"El problema de liquidez fue causado por las filtraciones de las instituciones europeas, las cuales desataron un pánico generalizado que llevó a Banco Popular a una espiral de caos en la que su acción se desplomó y los clientes retiraron masivamente sus depósitos", exponen los demandantes.
König, en el foco
En el caso de Europa, B. Cremades & Asociados pide que se interrogue a Elke König, responsable de la Junta de Resolución y autora de las polémicas declaraciones sobre Popular; Danièle Nouy, responsable de la supervisión en el BCE; Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea; y Olivier Guersent, director general de Estabilidad Financiera de la CE.
Junto a ello, este bufete pide el informe de Deloitte sobre la valoración del Popular, que Europa de momento se niega a hacer público.
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