Seopan, la asociación que representa a las grandes constructoras nacionales como Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Acciona, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) o Ferrovial, ha reclamado al Gobierno que reactive los movimientos para retrasar el plazo de ejecución de los fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español para incluir actuaciones que "maximicen" el uso de los mismos.
En especial, los relativos al Fondo de Resiliencia Autonómico, de reciente confección y dotado con 20.000 millones de euros para préstamos financieros para infraestructuras que procederán del Banco Europeo de Inversiones. Desde el pasado mes de enero, la misma institución europea está presidida por la exvicepresidenta del Gobierno español y exministra de Economía Nadia Calviño.
"Se trata de préstamos a las CCAA para financiar programas del sector privado, y proyectos de infraestructuras elegibles. Las inversiones en infraestructuras, en su caso, a desarrollar por las CCAA con origen en dicho Fondo, contarán con un plazo de ejecución de apenas dos años hasta la fecha contractual de finalización del programa europeo, en agosto de 2026. Debería plantearse a la Comisión Europea prorrogar la fecha de terminación del programa NG EU, al menos dos años, lo que requerirá el consenso de la UE", plantean desde Seopan con motivo de su balance anual.
Vivienda social, gestión de aguas y transición
Estos 20.000 millones incluyen partidas relativas a los proyectos urbanísticos con financiación europea de vivienda social y asequible y regeneración urbana, transporte sostenible, competitividad industrial y de las PYMEs, investigación, desarrollo e innovación, turismo sostenible, economía de los cuidados, gestión de aguas y residuos y transición energética.
Por lo pronto, desde Seopan han incidido en los balances de inversión de los citados fondos europeos como transferencias no reembolsables respecto a los dos grandes ministerios inversores, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del PRTR. Respectivamente, a fecha de noviembre de 2023, habían comprometido el 82% y 95% del gasto, al tiempo que los pagos realizados ascendían a un 42% y 25%.
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