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El Comité Ético de ACS rechaza responder a un accionista sobre el sueldo de Florentino

Tomás Peña, el accionista de ACS que ha llevado a los tribunales a la compañía y ha impugnado las dos últimas juntas del grupo, se ha encontrado con una sorpresa cuando ha solicitado a la compañía una aclaración sobre el sueldo del presidente del grupo, Florentino Pérez. El Comité de Seguimiento del Código General de Conducta de ACS ha trasladado la cuestión al secretario del consejo, José Luis del Valle, persona de absoluta confianza de Pérez pero al margen los asuntos relacionados con las retribuciones de los directivos.

La retribución de Florentino Pérez, presidente de ACS, durante el ejercicio en el que el grupo constructor y de servicios registró las mayores pérdidas de su historia sigue dando de qué hablar. Tomás Peña, accionista de la compañía que inquirió sobre la cuestión en la última junta, se ha quedado en dos oportunidades con las ganas de recibir una respuesta sobre la remuneración de Pérez, la última de ellas por escrito.

Durante la última junta, Peña intervino en el turno correspondiente para los accionistas y preguntó a Pérez cómo justificaba una remuneración de 5,79 millones de euros en un ejercicio en el que la compañía había perdido más de 1.900 millones de euros. El presidente de ACS se acogió a su derecho de responder por escrito pero la contestación no incluía ninguna aclaración sobre el sueldo.

El siguiente paso de Peña fue remitir una carta a través del denominado Canal Ético en la que formulaba la misma pregunta. La respuesta del Comité de Comité de Seguimiento del Código General de Conducta de ACS ha consistido en remitir la cuestión al secretario del consejo de administración de la compañía, José Luis del Valle, persona de la absoluta confianza del Florentino Pérez, al que ha acompañado desde el principio en ACS.

En la misma carta, Tomás Peña también preguntaba por el hecho de que Manuel Delgado, imputado en el ‘caso Gürtel’ como abogado de Francisco Correa, continúe en los consejos de administración de ACS y de su filial de construcción Dragados pese a esta circunstancia. El accionista también solicita en la misma misiva el cese del consejero Delgado.

Impugnación de acuerdos

En esta oportunidad, la compañía se explaya algo más en la respuesta y la recuerda a Peña que de acuerdo con el Código Unificado de Buen Gobierno, la condición de imputado de Manuel Delgado tan sólo le obliga a informar a la compañía, cuestión que el consejero ha cumplido.

La compañía aclara en su respuesta que sólo en el caso de que el consejero fuera procesado o se dictara contra él un auto de apertura de juicio oral, la compañía procedería a examinar la situación para determinar el futuro de Delgado.

Tomás Peña, antiguo director de contratación de Dragados, impugnó las cuentas de ACS correspondientes al ejercicio 2011 y presentó una demanda de impugnación contra los acuerdos adoptados en la junta de accionistas celebrada en junio de 2012, que fue admitida a trámite por los juzgados de lo Mercantil de Madrid, un proceso que está pendiente de la correspondiente sentencia.

Peña también impugnó las cuentas de 2012 en la última junta de la compañía y, en la actualidad, prepara la demanda para impugnar los acuerdos

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