La junta de ACS, celebrada este jueves en Madrid, tan sólo contó con una intervención por parte de los accionistas pero ésta fue explosiva. Tomás Peña, antiguo director de contratación de Dragados, acusó directamente al presidente de la compañía, Florentino Pérez, de cometer fraude en la formulación de las cuentas de la empresa al no integrar en ellas las cifras del almacén de gas Castor, que ACS controla en un 66,6% y que acumula un pasivo de 1.681 millones de euros.
En una larga exposición, Peña recordó que, a pesar de que el grupo de construcción y servicios cuenta con dos tercios del capital de Escal, la matriz del Castor, y que ha designado a seis de sus nueve consejeros, ACS no integra sus cuentas ya que considera que no tiene el control.
El accionista, que ya impugnó en la junta de 2012 las cuentas de ACS correspondientes al año anterior, señaló que el objetivo de ACS al no integrar las cifras de Escal es evitar apuntarse la deuda de más de 1.600 millones de euros que acumula la sociedad.
“Eso representa una infracción contable que, incluso, podría ser penal. ACS quiere minorar de forma fraudulenta sus cifras de deuda”, sentenció.
Respuesta a la CNMV
En su día, ACS respondió a un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le preguntaba por el Castor con el argumento de que el hecho de que el almacén de gas perteneciera a una actividad fuertemente regulada hacía que la compañía que preside Florentino Pérez no tuviera el control de Escal pese a contar con dos tercios de su capital.
“Además del Castor hay otros tres almacenes de gas en España y ninguno de sus propietarios deja de consolidarlos en sus resultados aduciendo que se trata de una actividad regulada”, señaló Peña, quien votó en contra de las cuentas de 2013 y ACS y advirtió de que se reserva el derecho de impugnar la junta de este jueves.
En una escueta respuesta, Florentino Pérez recordó que las cuentas de la empresa fueron convenientemente auditadas sin salvedades.
El Castor lleva meses siendo foco de polémica debido a que su actividad tuvo que ser detenida después de provocar más de 500 pequeños terremotos en la zona de Levante, donde está situado. Tras la paralización, su futuro ha quedado en el aire, así como la posibilidad de que se incorpore al sistema gasista español, factor clave para que el proyecto sea rentable.
Negociación con Industria
En las últimas semanas, Florentino Pérez ha intensificado sus contactos con el entorno del Ministerio de Industria para tratar de asegurarse una indemnización en el caso de que el Castor tenga que parar definitivamente su actividad.
En este sentido, el accionista Tomás Peña también ha solicitado a Florentino Pérez que explique el escenario en el que actualmente se encuentra esta situación y el impacto que tendría para las cuentas de ACS la posibilidad de que finalmente el Gobierno no contemple indemnización alguna.
El presidente de ACS se ha acogido al plazo de siete días para responder al accionista que prevé la Ley de Sociedades de Capital.
La peculiar forma de considerar Escal también provocó en su día una polémica entre ACS y Enagás, toda vez que el grupo de construcción y servicios pretendió endosar a Enagás un 33% del capital de Escal cuando, en realidad, la empresa presidida por Salvador Gabarró tan sólo cuenta con una opción de compra de este porcentaje siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que, actualmente, no se dan.
