La gran apuesta del Gobierno en materia de infraestructuras, la red de alta velocidad ferroviaria, cuenta ya con un triunfador en toda regla: ACS. El grupo que preside Florentino Pérez ha sido el que, con diferencia, mayor tajada ha sacado de los contratos que, desde el inicio de la legislatura, ha ido adjudicando Fomento, a través de Adif, en lo que se refiere a la construcción de nuevos tramos. Tanto es así que prácticamente uno de cada cuatro de los cerca de 1.970 millones de euros que ha repartido el Gobierno en este capítulo ha ido a parar a una de las empresas de ACS.
En concreto, el grupo se ha hecho con contratos valorados en unos 460 millones de euros a través de tres de sus compañías: Vías y Construcciones, Dragados y Tecsa. En total, estas compañías se han llevado 16 de los cerca de 60 contratos que han sido formalizados en este periodo.
La siguiente en la lista es Ferrovial, aunque a una distancia considerable, toda vez que la empresa controlada por la familia Del Pino se ha adjudicado cinco contratos valorados en cerca de 300 millones de euros, de acuerdo con datos del sector, un tercio menos que las compañías de ACS.
De hecho, ambos grupos formaron una UTE para llevarse uno de los mayores contratos de alta velocidad que se han adjudicado en la presente legislatura, por valor de 198 millones de euros. Se trata de una serie de obras complementarias en el trazado del AVE a Galicia, concretamente en el tramo Olmedo-Santiago, que corren a cargo de Ferrovial Agromán junto a Tecsa y Vías y Construcciones.
De nuevo, un polémico referente
Florentino Pérez vuelve, de esta forma, a ser el principal referente de la obra pública en España, un papel que ha representado en los últimos lustros con independencia del color del Gobierno en cada caso. Al contrario de lo que sucede con los mercados, que han castigado la gestión de Pérez al frente de ACS hasta el punto de que hace más de dos años perdió su condición de primer grupo constructor español por capitalización bursátil, en favor precisamente de Ferrovial, que aún hoy aventaja a su rival en casi 3.000 millones de euros.
La especial relación de Pérez con el poder tuvo uno de sus últimos episodios más destacados hace unas semanas, cuando el Gobierno ejecutó de inmediato el pago de la indemnización por la concesión del almacén de gas Castor, valorada en 1.350 millones de euros, después de que la concesionaria (Escal, participada mayoritariamente por ACS) decidiera renunciar al proyecto tras los cientos de movimientos sísmicos ocasionados por su puesta en funcionamiento.
Juntos, ACS y Ferrovial acaparan cerca del 40% del volumen de contratos adjudicados para la construcción de la red de alta velocidad en la presente legislatura. Una larga veintena de empresas se reparten el resto de adjudicaciones. Entre ellas, FCC, Sacyr, OHL, Isolux Corsán, Coprosa y Acciona se han llevado contratos por encima de los 100 millones de euros.
Sin duda, el proyecto en el que se ha centrado el Ejecutivo es el AVE Madrid-Galicia, al que pertenece un tercio de los contratos que han sido adjudicados. El trazado hasta Levante, con sus diversas ramificaciones, también ha tenido un destacado protagonismo. En un segundo plano han quedado proyectos como la Y vasca de alta velocidad y el AVE a Extremadura, aunque aún restan múltiples licitaciones por adjudicar.
De hecho, desde que se inició la presente legislatura, el Gobierno ha licitado unos 5.000 millones de euros en contratos relacionados con la red de alta velocidad, de los que lleva ejecutados aproximadamente un 40%.
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