Las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda a finales del pasado año, nada más constituirse el nuevo Gobierno, han pasado factura de forma notable a ACS. El grupo de construcción, servicios y concesiones se ha visto obligado a provisionar 155 millones de euros para afrontar el impacto de la nueva normativa, que persigue incrementar la recaudación para cumplir con los compromisos de consolidación fiscal adquiridos con la Unión Europea. La compañía que preside Florentino Pérez es una de las más afectadas.
Concretamente, la aprobación del Real Decreto Ley 3/2016 sobre la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos de todas las entidades integrantes del grupo fiscal en España, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, persigue como objetivo incrementar la base imponible del Impuesto de Sociedades para asegurar, de este modo, unos volúmenes de recaudación adecuados.
El informe de gobierno corporativo de ACS correspondiente al ejercicio 2016 ya adelantaba que la compañía había llevado a cabo una importante provisión debido a las últimas medidas adoptadas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro "por un potencial deterioro en la valoración a largo plazo de algunos de sus activos fiscales".
De forma más precisa, el informe anual de la compañía detalla que la aplicación del Real Decreto Ley afecta a la capacidad de recuperar provisiones de años anteriores que no habían sido deducidas fiscalmente. Este hecho ha provocado un deterioro en activos fiscales que estaban valorados en algo más de 121 millones de euros y que la compañía deberá ahora revisar.
Deducciones por venta de filiales
Principalmente, el problema para ACS es que no podrá deducirse las posibles minusvalías registradas en la venta de filiales o participadas, un tipo de operaciones que la compañía ha realizado de forma masiva en los últimos ejercicios para lograr el objetivo de reducir la abultada deuda que acumulaba y que llegó a superar los 10.000 millones de euros.
Además, la nueva normativa también obliga a ACS a afrontar pagos de 95,1 millones de euros en los próximos cinco años a la Agencia Tributaria debido a que el grupo debe revertir las provisiones por deterioros deducidas hasta 2012, último año en el que esta partida estaba declarada como deducible.
ACS no podrá deducirse las posibles minusvalías registradas en la venta de filiales o participadas, un tipo de operaciones que la compañía ha realizado de forma masiva en los últimos ejercicios
Al margen de los quebraderos de cabeza por los cambios con la normativa fiscal, ACS también está pendiente de los numerosos litigios que tiene pendientes, especialmente en el exterior, en relación con distintas reclamaciones relacionadas con grandes proyectos.
Reclamaciones por 4.700 millones
De acuerdo con el citado informe anual, el grupo acumula 4.723 millones de euros en reclamos, aunque de ellos algo más de 2.000 son los que están actualmente en algún proceso de negociación con los clientes o bien en disputa en diversos tribunales internacionales de arbitraje.
Entre ellos destaca el de Gorgon Jetty, una reclamación de 1.355 millones de euros relacionada con un proyecto petrolero que se encuentra pendiente de la decisión de la corte arbitral, una vez que se han celebrado las correspondientes audiencias.
Además, el consorcio del que forma parte junto a FCC y que fue adjudicatario del proyecto de la línea 2 del metro de Lima (Perú) también presentó a comienzos de año una reclamación frente al Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, por diversos contenciosos con el Estado peruano, entre ellos, el de no cederles a tiempo los terrenos para el desarrollo de las obras.
