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El Gobierno facilita la reactivación de la subasta del aeropuerto de Ciudad Real

El miércoles finaliza el periodo para presentar alegaciones a la decisión del juez de paralizar el proceso de subasta del aeropuerto manchego.

El Ministerio de Fomento considera que la división de los terrenos, las instalaciones, y demás activos del aeropuerto de Ciudad Real efectuada para proceder a la subasta del aeródromo no supone ningún inconveniente, y así se lo ha transmitido al juez que paralizó el proceso a principios del mes de noviembre, informan fuentes jurídicas. De esta manera el incidente de nulidad decidido por el magistrado podría superarse en las próximas semanas y reactivarse la subasta del aeropuerto manchego en las condiciones en las que estaba planteada anteriormente.

Carmelo Ordóñez Fernández, nombrado en octubre juez del juzgado de primera instancia y de lo mercantil de Ciudad Real, al frente de la liquidación de CR Aeropuertos (la empresa que construyó el aeródromo) y del proceso de subasta del aeropuerto, dictó a principios de noviembre una providencia en la que abría incidente de nulidad dejando en suspenso la venta. El magistrado motivaba su decisión en que la segregación del aeropuerto acometida para subastar la infraestructura aeroportuaria y los activos inmobiliarios, planteaba la duda razonable de que si dicha división no fuera posible por no contar con los permisos preceptivos, esta sería nula de pleno derecho. Lo que, señalaba el juez, podría llegar a suponer que fuera necesario proponer por parte de la administración concursal un nuevo plan de liquidación.

El aeropuerto de Ciudad Real está inoperativo desde 2012

Fomento explica al juez en un escrito enviado este mes que la divisibilidad del aeropuerto no afecta a la seguridad aérea y que será el gestor que deberá designar el futuro propietario del aeródromo, y que tendrá que ser aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, quien sea responsable de la seguridad, indican las fuentes consultadas. Para salir de dudas el juez requería opinión al respecto a la administración concursal, empresas interesadas, y organismos públicos, siendo el Ministerio de Fomento el ente más competente para decidir sobre la cuestión de si la división del activo aeroportuario y el inmobiliario efectuada en la subasta se ajusta a Derecho.

El plazo para presentar alegaciones a la decisión del magistrado finaliza el próximo miércoles día 23 de diciembre. A partir de ese momento el juez podrá decidir sobre la subasta del aeropuerto tras estudiar las alegaciones planteadas. La opinión transmitida por el Ministerio de Fomento facilita retomar el proceso en el punto en el que el juez lo dejó con su incidente de nulidad.

La sociedad Tzaneen International, participada por inversores chinos, ya se adjudicó el aeropuerto en junio ofreciendo 10.000 euros y asegurando que invertiría en el futuro hasta 100 millones para convertir el aeródromo manchego en un centro logístico para distribuir y llevar mercancía con origen y destino en África, y una previsión de creación de 4.000 empleos cuando el aeropuerto esté operativo.

La organización del proceso de subasta contemplaba que si el precio ofrecido fuera un 70% inferior, como así fue, del valor estimado de venta, 40 millones de euros, se abría la posibilidad a que cualquier otro postor pudiera presentar una oferta de compra superior a los 28 millones de euros. Tres empresas, ECA Program, Grupo Orden Doce, y Richard Taffin de Givench, presentaron ofertas para competir con Tzaneen, pero todas ellas cuentan con graves deficiencias financieras y profesionales que prácticamente las incapacitan para adquirir el aeropuerto.

CR Aeropuertos fue declarada en concurso necesario de acreedores en 2009 y desde 2012 el aeropuerto está inoperativo. En julio de 2013 se inició la liquidación de la empresa pero desde entonces no ha sido posible vender el aeródromo. El pasado mes de abril, ante los estériles intentos de vender de forma directa el aeropuerto, el juzgado mercantil puso en marcha un proceso de venta optando por una subasta, por un lado, de la infraestructura aeroportuaria, y de la venta de la explotación inmobiliaria por otro.

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