Tras muchos meses de instrucción bajo secreto del sumario, la jueza Pilar de Lara ha decidido hacer públicos unos trece tomos del Caso Pokemon, una presunta trama de financiación ilegal del PP y el PSOE de Galicia a través de sobornos, facturas falsas o infladas, enchufes y favores de empresas para la obtención de millonarios contratos públicos.
Lo que comenzó como una investigación centrada en la trama creada por la empresa Vendex para conseguir adjudicaciones públicas se ha extendido ahora a otra gran empresa, Aquagest, filial del gigante Aguas de Barcelona. Según la documentación hecha pública por la jueza tras el levantamiento parcial del sumario, esta empresa presionó y sobornó a ediles y funcionarios gallegos para hacerse con los contratos de aguas de ciudades como Santiago de Compostela y municipios de las provincias de Orense y Lugo.
Según la jueza, la trama de Aquagest no sólo establecía pagos ocultos a representantes públicos para que facilitaran los contratos. También se produjo movimiento de dinero en sentido inverso, es decir, de las arcas públicas a las cuentas de la empresa de gestión de aguas mediante facturas infladas o falsas para enriquecer a los directivos de ésta.
La trama establecía, por un lado, pagos y sobornos a políticos y funcionarios para obtener contratos millonarios, y por otro inflaba facturas con dinero público para engordar las cuentas de Aquagest y la retribución de sus directivos
"Si conseguimos renovar ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, responsable de Aquagest en Santiago de Compostela, en una conversación intervenida por Vigilancia Aduanera que aparece recogida en el sumario. La empresa de aguas presionó para renovar un contrato de 18 millones de euros y la corporación municipal de Santiago, que dirigía el alcalde Gerardo Conde Roa, le correspondió con el intento "fraudulento" de sacar adelante la renovación de tan preciado contrato. Lo que perseguían las dos partes, considera la magistrada De Lara, era "conseguir un aumento de ingresos de muchas personas, con perjuicio de los contribuyentes del Concello".
El contrato más gordo por le que presionó Aquagest, según la jueza De Lara, fue el del servicio de aguas de Santiago, valorado en 18 millones de euros
La instrucción desvela que el objetivo que pretendían era renovar con Aquagest sin sacar el nuevo contrato a concurso público, "con el desvío evidente de los fondos a otros fines que no son los del contrato que tiene la compañía con el Concello de Santiago". Pese a todo, la operación se vino abajo porque Conde Roa se vio obligado a dimitir por fraude fiscal y su sucesor, Ángel Currás, también imputado en el caso Pokemon, no renovó el convenio, informa con detalle el Faro de Vigo.
Según De Lara, los responsables del Concello y algunos funcionarios recibían "atenciones, regalos y contrataciones a través de Aquagest, y al mismo tiempo, la renovación del contrato daría "beneficios a los directivos de Aquagest al presentar su empresa los resultados con la recompensa que eso conlleva". He aquí la doble dirección con la que se movía el dinero en Galicia para enriquecer a las dos partes, los que manejaban el dinero público y los directivos de la empresa beneficiaria.
Conde Roa, por su parte, se batió el cobre para presionar a la interventora y al secretario municipal, que se mostraron reticentes a la firma de la renovación, hasta el punto de que intentó relevarles en sus cargos para así allanar el terreno a la adjudicación a Aquagest. No quedó ahí la cosa. La filial de Aguas de Barcelona no sólo sobornaba, también "estaría realizando la ocultación de facturas" al Concello para cobrar por "servicios no prestados", sospecha la jueza.
Un pinchazo telefónico desvela que el jefe de la empresa en Santiago ordenó cargar al ayuntamiento una factura de 600.000 euros por servicios inexistentes
Un pinchazo telefónico revela que Míguez ordenó cargar al consistorio una factura de 600.000 euros por servicios inexistentes, en diciembre de 2012, cuando Currás ya era alcalde. La decisión se achaca al máximo responsable de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, que "metió en el presupuesto 600.000 euros de nuevas instalaciones que no sustenta ningún papel, nada fue al pleno ni está aprobado en ningún sitio", desvela uno de los tomos del sumario.
Durante años, Laíño hacía y deshacía en Galicia: "En la Diputación tú sabes que yo soy el rey, joder", presumía el directivo de Aquagest ante su jefe de producción, Luis Manuel Morón, según las conversaciones telefónicas pinchadas por la jueza, que en su auto considera que el secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro Gosende (hijo del expresidente del PP y de la Diputación de Lugo), habría "firmado casi todos los informes favorables a Aquagest de la provincia de Ourense”, además de otro en el Ayuntamiento de Santiago por el que se pagó una factura “inflada” de 12.000 euros, "cuando el precio real era de 3.000”.
"En la Diputación -de Orense- tú sabes que yo soy el rey, joder", presumía el máximo responsable de Aquagest en Galicia ante su jefe de producción
El sumario desvela también cómo la empresa de aguas enchufó al sobrino del entonces presidente de la Diputación de Orense y del PP en esa provincia, José Luis Baltar, al que se le pidieron supuestos favores para facilitar las adjudicaciones. Dijo Laíño en una ocasión, como recoge el sumario, que iba a llamar a Baltar para que “le dé un toque a los del PP de O Barco de Valdeorras por lo de la subida de tasas”.
La operación Pokemon estalló con la trama de pagos y sobornos del grupo Vendex y ahora se ha extendido a Aquagest. Ya hay más de 100 imputados, entre empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales y otros cargos públicos
La «operación Pokemon», cuyo epicentro gira en torno al grupo Vendex y luego se ha extendido a Aquagest, salpica a varios ayuntamientos repartidos por toda la geografía gallega. Hay más de 100 imputados entre empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales y otros cargos públicos del PP, PSOE y hasta del BNG, en lo que ya representa la mayor trama de corrupción de Galicia.
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