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España ha comprometido 2.266 millones de euros más de lo previsto en el programa A400M

El gasto del Ministerio de Defensa en el programa A400M ha pasado de los 3.425,5 millones de euros previstos en 2001 a 5.691,5 millones en la actualidad. El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre una inversión extra de 2.266 millones.

La inversión comprometida por España en el proyecto A400M, el avión de transporte militar que fabrica Airbus, se ha disparado hasta los 5.691,5 millones de euros. El programa en el que participa España contempla la compra de 27 aparatos, para el que el Consejo de Ministros aprobó en 2001 un gasto de 3.425,5 millones de euros. El 2 de agosto de 2013 se autorizó al Ministerio de Defensa adquirir "compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para atender a reprogramaciones, ajustes a anualidades y nuevos proyectos correspondientes a Programas Especiales de Modernización".

Una de las características del programa del A400M es que no permite el "justo retorno" entre los países participantes

El pasado año con el objeto de adecuar financieramente los ajustes planteados en 2013 se acordó ampliar las anualidades de pago, hasta 2029 (siete años más), y aumentar el importe."Ambas modificaciones arrojan un incremento total del programa A400M en 2.266,5 millones de euros", informó el Gobierno tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado 5 de diciembre.

Según explica el Ministerio de Defensa en un documento fechado en octubre del pasado año, el coste total del programa para España ha pasado de los 3.453 millones de euros en 2001, actualizados a 4.442,5 millones en 2009, y 5.019 millones en 2013. Los pagos se iniciaron en 2003 y finalizarán en 2029. Defensa advierte en el mismo documento que una de las características fundamentales del programa es la no existencia de "justo retorno": la industria de cada nación participante realizará los trabajos que gane en competición con las industrias de las demás naciones participantes, primando el concepto coste-eficacia.

La planta de montaje final y pruebas del A400M se encuentra en San Pablo (Sevilla), así como el Centro de Entregas y el Centro Industrial de Entrenamiento, tanto de pilotos como de mecánicos de mantenimiento. En la fabricación del avión de Airbus trabajan compañías españolas como el fabricante de motores ITP; el grupo Indra; la compañía de ingeniería Tecnobit; o la empresa de accesorios aeronáuticos Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, CESA.

El Gobierno español es consciente de lo que hay en juego en el programa del A400M, el avión de transporte militar que fabrica Airbus, tras el accidente sufrido en Sevilla por uno de los aparatos, en el que murieron cuatro personas, y la fuerte competencia que hay entre las industrias de los distintos países para lograr contratos de fabricación. La compañía europea, en la que la Sociedad Española de Participaciones Industriales, Sepi, posee el 4,12%, ha recibido el apoyo explícito de representantes gubernamentales al desarrollo del programa del aparato, según han comentado fuentes cercanas a la empresa. En Sevilla más de 2.000 personas trabajan en las plantas de Airbus y en España, en total, el grupo europeo emplea a 12.449 personas.

La Sepi vendió Airbus y compró Indra
La Sepi compró en agosto de 2013 el 20,14% del capital de Indra a Bankia por 336,9 millones de euros. El presidente del organismo público, Ramón Aguirre, explicó en el Congreso de los Diputados en marzo de 2014 que la adquisición de Indra se había realizado con recursos generados en la venta de acciones que mantenía en Airbus.

La Sepi se desprendió de 12,3 millones de acciones de Airbus (entonces denominada EADS) recibiendo más de 500 millones de euros. La venta se produjo por la decisión de dos de los mayores accionistas de la multinacional aeronáutica, Daimler y Lagardere, de desinvertir en la compañía, dando entrada al Estado alemán. “Teniendo en cuenta la participación que ostentaban hasta ese momento los Estados, se acordó que fuera del 12% para el Estado alemán, del 12% para el Estado francés y del 4% para el Estado español”,explicó Aguirre en su comparecencia en el Congreso. "El Estado español no sólo ha obtenido importantes ingresos por la venta de acciones, sino que también ha mantenido sus derechos y ha conseguido garantizar la protección de los intereses de España en el sector aerospacial, especialmente las capacidades industriales, la carga de trabajo y el empleo”, aseguró.

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