Antes de la aprobación de la reforma energética en el Consejo de Ministros del pasado 12 de julio, la batalla del Gobierno con las Comunidades Autónomas y los inversores en energías renovables, tanto nacionales como internacionales, por los sucesivos recortes a las primas se circunscribía al Ministerio de Industria y, como mucho, a la Oficina Económica que lidera Álvaro Nadal.
Sus equipos jurídicos y los asesores externos contratados ad hoc no descansaban. Tenían que preparar las defensas ante todo tipo de demandas, recursos, pleitos y arbitrajes, ya fuera ante instituciones nacionales como foráneas.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, trasladó a Mariano Rajoy su preocupación por la insuficiencia de medios de que disponía para defender al Reino de España de la nueva avalancha de pleitos y arbitrajes que se iba a producir tras la puesta en marcha de una reforma energética que ha enfadado a todos los agentes sociales y económicos del sector.
Así que el Gobierno comenzó a fraguar durante el verano un plan B para afrontar el problema en ciernes, que trascendía del ámbito económico del Ejecutivo para convertirse esencialmente en un grave problema jurídico para el Estado.
La responsabilidad recayó principalmente en el Ministerio de Justicia. Su titular, Alberto Ruiz Gallardón, atendiendo a las recomendaciones de Moncloa, ha creado una unidad dentro de su Departamento que se dedicará exclusivamente a preparar las argumentaciones jurídicas para defender al Reino de España del bombardeo desde diferentes frentes por los drásticos cambios regulatorios que se han puesto en marcha, algunos con carácter retroactivo.
Según fuentes del Gobierno, esta unidad especial cuenta con un cuerpo técnico especializado que estará compuesto esencialmente por abogados del Estado y se coordinará con los Ministerios de Industria y Economía para orquestar un frente común en la batalla jurídica que se presenta complicada y extensa en tiempo y fronteras. Aún no ha trascendido ni el número de funcionarios que la compondrá ni el presupuesto del que dispondrá.
Y es que la judicialización de los recortes al sector energético alcanza ya el grado de metástasis, dado que se propaga sin freno por España y fuera de ella. Los agentes que la protagonizan son de todo pelo, tamaño y jurisdicción.
De puertas adentro, las empresas renovables, sus patronales, las CCAA donde se desarrolló la energía solar y el propio PSOE han demandado por varias vías y en varias jurisdicciones al Gobierno
Porque a nivel nacional, las empresas de renovables y sus patronales han acudido a los cauces ordinarios contra los sucesivos recortes aplicados por el anterior Gobierno de Zapatero y por el actual. Además de los inversores, también las comunidades autónomas más afectadas por los recortes renovables (especialmente en los negocios fotovoltaico y termosolar) han desplegado su fortaleza jurídica contra el Gobierno central.
Tampoco les van a la zaga las grandes compañías eléctricas, tradicionalmente protegidas por el Gobierno, que con la nueva reforma eléctrica han visto como han saltado por los aires algunos de los fundamentos de su status quo.
La unidad creada en Justicia tendrá que enfrentarse en los tribunales internacionales a poderosos fondos de EEUU, Japón, Alemania, Arabia Saudí y Emiratos, que realizaron fuertes inversiones en las renovables españolas
Pero el problema no sólo está en casa. Lo peor, señalan las fuentes gubernamentales, está por llegar y viene de fuera, dado que los drásticos recortes a las subvenciones renovables, que han llegado hasta el punto de que la reforma del 12 de julio hace desaparecer de un plumazo el intocable sistema de primas a las energías verdes, va a provocar el enfrentamiento directo con los fondos de inversión y grupos renovables de países tan poderosos como EEUU, Japón, Alemania, Dinamarca, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, entre otros muchos.
Las quejas de los Gobiernos afectados y sus embajadas (véanse los casos de las legaciones de EEUU, el país más activo, Berlín y Tokio) han sido el paso previo a la ola de pleitos y arbitrajes contra el Reino de España por la retroactividad aplicada en los recortes, lo que da al traste con las rentabilidades comprometidas y crea una inseguridad jurídica generalizada que tanto daño está haciendo a la Marca España.
En juego está la Marca España, cuyo máximo exponente es el desarrollo renovable realizado en los pasados diez años y que sin embargo ha enfrentado al Gobierno con decenas de países e inversores internacionales
Gigantes internacionanles de la talla de los alemanes Deutsche Bank, E.ON y RWE, japoneses como Mitsui o Mitsubishi, fondos soberanos emiratíes e inversores como AES, Ampere, Antin, Eiser, Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWMLux Energía Solar, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, InfraRed, KGAL, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy, White Owl Capital, entre otros muchos, trabajan ya en las diferentes vías para atacar al Reino de España ante los tribunales nacionales e internacionales. La mayoría de estos fondos operan tanto en el sector fotovoltaico como en el termosolar, los más afectados por los recortes.
Muchos de estos inversores enviaron, de forma preceptiva, cartas al Ministerio de Industria para dejar constancia de su intención de buscar una salida negociada, que no se ha producido, para poder presentarse después con más argumentos ante los tribunales arbitrales europeos. Todos piden la restitución de los derechos de cobro de las primas, la eliminación de la retroactividad en los recortes y, en su caso, un acuerdo de compensación tras “el cambio de las reglas del juego y el incumplimiento de los más básicos derechos de seguridad jurídica”, señalan fuentes del sector renovable.
Este frente internacional será el que ahora tendrá que asumir el equipo de la nueva unidad del Ministerio de Justicia, que también tendrá que vérselas en España en los tribunales con empresas eléctricas y con las Administraciones territoriales, muy combativas en el tema energético, independientemente del color que gobierne en cada una de ellas.
Desde el Gobierno se considera que si la planificación energética realizada a principios de la década pasada se hubiera corregido al comienzo de la crisis económica, en la etapa de Zapatero, no habrían sido necesarios los drásticos recortes ahora aplicados para laminar el déficit de tarifa y equilibrar las cuentas del sector eléctrico, evitando así esta oleada de pleitos que ahora sufre España desde todos los frentes.
Las CCAA más afectadas por los sucesivos ajustes a las plantas solares han trasladado su batalla judicial al Tribunal Constitucional ante lo que consideran un atropello normativo
Porque CCAA como Murcia, Extremadura, Andalucía, Canarias, Galicia y Valencia han presentado ya diferentes recursos de inconstitucionalidad en varias causas abiertas (Extremadura lleva cuatro) por los ajustes a las renovables de la última etapa de Zapatero y de lo que va de legislatura de Rajoy. También el PSOE ha abierto su particular batalla jurídica contra el Ejecutivo en asuntos energéticos.
Según las fuentes gubernamentales consultadas, la unidad de Justicia contará con la colaboración del resto de Ministerios implicados, especialmente el de Industria, cuyos abogados del Estado y técnicos especializados conocen de primera mano los conflictos abiertos con todo el sector eléctrico.
Las consultoras Roland Berger y Boston Consulting, contratadas por Industria para cambiar el sistema de ayudas a las renovables, también colaborarán de forma externa con la unidad de Gallardón
Además, las consultoras Roland Berger y Boston Consulting, contratadas por Industria para determinar los costes de inversión de las instalaciones renovables y la rentabilidad razonable que tendrán derecho a percibir al desaparecer las primas, tendrán que trabajar ahora también para Justicia. Las funciones recogidas en el pliego de adjudicación de sus contratos serán extensibles a la unidad especializada, señalan las fuentes consultadas.
Así consta en ese pliego: “La adjudicación de este servicio se condiciona a la garantía y compromiso de prestación por parte de la empresa o empresas adjudicatarias correspondientes de la asistencia técnica necesaria al IDAE y al Ministerio de Industria en procedimientos judiciales y/o arbitrales en que pudiera ser parte la Administración General del Estado, mediante la defensa de los datos, hipótesis, cálculos, resultados, conclusiones y demás elementos relevantes".
Ahora sólo toca esperar a que las leyes, decretos y reales decretos de la reforma eléctrica tomen carta de realidad tras superar el proceso parlamentario para que ya sobre hechos consumados, las empresas, inversores, instituciones y administraciones comiencen a inundar los tribunales de recursos, pleitos y arbitrajes.
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