El sector petrolero y el eléctrico vuelven a estar a la greña, ahora por los dichosos costes de la descarbonización, el proceso por el que los países luchan contra las emisiones de CO2. Y lo hacen vía impuestos y eso duelo a las cuentas de resultados de las grandes compañías energéticas.
Desde el sector eléctrico se pide insistentemente que los impuestos verdes no sólo los paguen las actividades supuestamente más contaminantes (generación de energía con carbón y gas), sino también la industria petrolera, que contamina esencialmente a través del consumo de combustibles para el transporte y la movilidad.
En este contexto semiteórico tan en boga en Europa, donde aún no se ha definido claramente cómo se va a afrontar este proceso de descarbonización mientras los Polos siguen derritiéndose, ha saltado con una inusual virulencia el presidente de Repsol, Antonio Brufau, un ejecutivo de tradicional talante tranquilo que ha hecho estallar la caja de los truenos en el sector.
Las eléctricas han conseguido ya que las petroleras y otras industrias costeen el Fondo de Eficiencia Energética que antes sólo pagan ellas
El ejecutivo de Mollerusa aprovechó la junta de accionistas de Repsol para cargar contra el coche eléctrico y sus grandes mentiras, al menos a su juicio. "Es rigurosamente falso que el coche eléctrico no emita CO2, al subvencionarlo no se reducen las emisiones. El proceso de fabricación del coche eléctrico emite más del doble que el convencional por la batería".
La tesis de Brufau es que los coches eléctricos consumen electricidad generada en gran parte con materias primas contaminantes, como el carbón, de ahí que haya que preguntarse, según su criterio, qué coche contamina más, el que consume combustibles fósiles o el que consume con su batería electricidad generada con carbón, la materia prima más contaminante.
El caso de Alemania es paradigmático y paradójico: "Alemania subvenciona el coche eléctrico en un país donde el 45% de la generación eléctrica es con carbón, por lo que se puede interpretar que se está subvencionando a esta energía. No sería lo mismo si ese vehículo eléctrico usara electricidad renovable", afirma el directivo catalán.
El ataque defensivo del máximo exponente del negocio petrolero en España responde a la labor de lobby que el sector eléctrico viene haciendo desde hace tiempo para tratar de convencer a los gobiernos de que la fiscalidad verde no sólo la tiene que asumir todo el sector energético y actividades colaterales.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Borja Prado, presidente de Endesa, han sido los que más se han posicionado en esta línea. Desde sus compañías trasladan a todos sus clientes el 7% de impuesto medioambiental que se instauró a la distribución eléctrica.
Las grandes eléctricas quieren que las petroleras y otras industrias también carguen con los costes de los derechos de emisión de CO2
El oligopolio eléctrico consiguió posteriormente que el Fondo de Eficiencia Energética, que tradicionalmente lo costeaban las eléctricas, empezase a ser costeado por los sectores petroleros y otras industrias. Desde la segunda mitad de 2014, este Fondo, de unos 225 millones de euros anuales de media, lo pagan más de 500 empresas, entre ellas Repsol, Cepsa, BP y el resto de petroleras.
Y ahora las eléctricas trabajan para convencer a los gobiernos de que el sector petrolero también debería de pagar un impuesto verde, ya sea aplicable a las actividades de refino o al transporte de crudo por los oleoductos. Está por definir, pero el sector petrolero no quiere ni oír hablar de ello.
Así que Brufau, que es más tolerante con el gas dado que es accionista de control de Gas Natural Fenosa, ha decido dar un paso al frente y enfrentarse a tumba abierta con el poderoso sector eléctrico y la panacea del coche eléctrico.
Galán, por su parte, defiende que "se dé una señal real de los precios del CO2 y que ésa afecte a todos los sectores económicos, no únicamente a la generación eléctrica" y aboga "por un mercado global de emisiones integrado y equitativo". Es decir, que las petroleras y compañías de otros sectores industriales y de transporte también tengan que costear los derechos de emisiones de CO2.
El debate se calienta a poco de las elecciones generales. Al Gobierno que salga del 26J le tocará bregar con este problema: definir un programa a medio y largo plazo para la descarbonización de España.
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