Tras amenazar a Repsol con llevarla a los tribunales por supuestos daños ecológicos cometidos cuando gestionaba YPF, el Gobierno argentino dice haber contabilizado cerca de 1.500 “pasivos medioambientales” en la compañía cuyo 51% expropió a la española el pasado 16 de abril. El dato figura en el denominado informe Mosconi, con el que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas argentino puso colofón la semana pasada a la intervención de YPF, concluida tras el nombramiento, el pasado lunes, de un nuevo equipo gestor.
Argentina acusa a Repsol de no haber puesto en marcha “un plan adecuado de gestión ambiental” cuando controlaba YPF, con una “subejecución sistemática de los compromisos asumidos” con las autoridades para paliar las afecciones al medio ambiente, a pesar de que el Gobierno de Cristina Kirchner tenía conocimiento directo de la marcha de la compañía antes de la expropiación, al tener presencia en su máximo órgano gestor.
Entre esos incidentes de naturaleza medioambiental (como la contaminación en sedimentos, suelos y aguas, acumulaciones de residuos…) se distingue, según su “magnitud, riesgo y complejidad de gestión”, entre los más graves (considerados “particulares”), un total de 76, y otros 1.426 “generales”, de los que 1.353 “se encuentran en la categoría de probables o posibles”.
El informe, firmado por el ministro de Planificación, Julio de Vido (responsable de la política energética argentina en los últimos años) y el viceministro Áxel Kicillof, considera “interesante” el descenso de las provisiones llevadas a cabo por pasivos medioambientales de YPF desde 2010. Repsol ya ha expresado su temor a que el Gobierno argentino presente denuncias por supuestos daños medioambientales supuestamente perpetrados por la antigua YPF para no tener que pagar ninguna indemnización por la expropiación.
El informe Mosconi, así llamado en honor al primer presidente de YPF, el militar e ingeniero Enrique Mosconi, reitera las acusaciones del Gobierno argentino a Repsol por su “desastrosa gestión”: la “caída estrepitosa” de las reservas, su “política depredatoria” y sus planes de “venta inminente” de la compañía. También asegura que, tras una “ardua investigación”, ha concluido que Repsol mantuvo 142 reuniones “a lo largo de sólo cuatro meses” para “ofrecer a inversores externos un buen negocio a futuro” en el gigantesco yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Entre las empresas que cita están Exxon, Chevron, Statoil, Conoco, Vale, Sinopec y Shell.
YPF ya ha iniciado una nueva etapa y ha presentado un nuevo plan estratégico entre cuyas prioridades está la de “recuperar la credibilidad”. El programa, que promete “honrar obligaciones y compromisos” con los accionistas de YPF (entre los que está Repsol, que todavía tiene un 12%), prevé invertir 28.000 millones de euros en cinco años para revertir la caída de la producción de hidrocarburos de la petrolera (pretende que aumente un 6% anual). Requerirá la participación de socios externos (financieros e industriales) que, de momento, no han aparecido.
Tras la toma de control por parte del Estado, las provincias de Chubut y Santa Cruz ha aprobado sendos decretos de "devolución de las concesiones" retiradas a YPF antes de la intervención. Los yacimientos han estado operando todo este tiempo con normalidad, asegura la petrolera argentina en la nota remitida al supervisor del mercado argentino.
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