El grupo de empresas de Arturo Fernández, reelegido en marzo pasado como presidente de la patronal madrileña, CEIM, sigue acumulando pufos. El nuevo damnificado es el erario público a través de un organismo muy cercano a Juan Carlos I, gran amigo de Fernández: Patrimonio Nacional, el organismo responsable de la gestión y administración de los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y la Familia Real, que, tras el relevo en la Corona, parece dispuesto a tomar acciones legales contra el empresario para recuperar lo que le debe.
Según fuentes de Patrimonio, la Abogacía del Estado ultima los detalles de una demanda contra Playa de Madrid, S. A., perteneciente al grupo de empresas Cantoblanco, para reclamarle deudas acumuladas por un importe de más de 800.000 euros.
El grupo Cantoblanco, en preconcurso de acreedores desde junio pasado, explota desde hace más de diez años a través de una concesión administrativa concedida a esa empresa el Club Deportivo Playa de Madrid, un recinto de ocio ubicado en el monte protegido de El Pardo, perteneciente a Patrimonio y ubicado muy cerca del Palacio de la Zarzuela.
Según explica Patrimonio en sus últimas cuentas, “con posterioridad al cierre" del ejercicio 2013 "se ha recibido información acerca de la situación patrimonial y financiera de Playa de Madrid, S. A., que puede afectar a la capacidad de evaluación” de los estados financieros del organismo público, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Así, y “con el fin de evitar distorsiones”, Patrimonio explica que “a 15 de mayo de 2014, los créditos a favor del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional pendientes de pago por esta empresa” ascienden a 801.601,84 euros, de los que 655.426,74 euros corresponden a cuotas de arrendamiento de los ejercicios 2013 (452.982,5 euros) y los cuatro primeros meses de 2014.
El resto de la deuda, 146.175,1 euros, corresponde “a impuestos y tasas de ejercicios anteriores que, de acuerdo con el contrato de arrendamiento, debería haber satisfecho” la empresa de Arturo Fernández.
Este año tampoco ha pagado las cuotas de arrendamiento, IBI ni tasa de basuras
“En el ejercicio 2014 se está realizando un seguimiento de este deudor con el objetivo de valorar y contabilizar al cierre del ejercicio el posible deterioro de estos créditos. Asimismo se ha dado traslado al servicio jurídico del Estado de la documentación justificativa del saldo deudor que esta empresa tiene con el organismo para que, en su caso, se proceda a la reclamación judicial”, señala Patrimonio en sus cuentas.
El asunto, explican fuentes del organismo, ya está en manos de la Abogacía del Estado, que "está ultimando los detalles para presentar la correspondiente demanda". Porque además la deuda ha seguido creciendo: a esos más de 801.000 euros se suman las cuotas de arrendamiento de los meses de mayo y junio, que Fernández tampoco ha abonado, además del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas de basura de los últimos dos años.
El Club Deportivo Playa de Madrid, construido por el arquitecto Manuel Muñoz Monasterio en el año 1932 como una playa artificial que entonces (cuando eran aptas para el baño) bebía de las aguas del Manzanares, río que todavía atraviesa sus instalaciones, está situado a escasos minutos del centro de la ciudad, en el distrito de Moncloa-Aravaca, “rodeado de una extensa vegetación en un entorno privilegiado, arropado por el monte del pardo”, según su web.
Cuenta con cinco piscinas, once pistas de tenis, cuatro de pádel, una de patinaje sobre ruedas, cuatro frontones, cafetería, restaurante y un párking.
El grupo Cantoblanco compró en 2003 a Telefónica la sociedad que lo explota, Playa de Madrid S. A., y logró que Patrimonio le cediera la gestión del recinto tras la firma de un contrato de arrendamiento cuyos términos el empresario ahora viene incumpliendo como consecuencia de su delicada situación financiera.
Imputado por el caso Bankia, Fernández, que también explota el Club de Tiro de El Pardo (ubicado en ese monte público y parada habitual de Juan Carlos I en sus años de expediciones cinegéticas), vendió a finales del año pasado el 51% de su centenaria empresa a la firma de inversión Real Investment Holding por 50 millones de euros. La empresa está perdiendo un rosario de contratos públicos tras desvelarse los pagos en negro a algunos de sus trabajadores y los impagos a la plantilla.
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