Todo apunta a que el juez Fernando Andreu admitirá a trámite en unos días las primeras querellas por la caída de Banco Popular. Esta investigación se convertirá en la mayor causa financiera tras el caso Bankia, cuya instrucción concluyó hace unos meses tras cinco largos años. Los paralelismos entre ambos procesos son evidentes -tienen hasta el mismo juez-, aunque la letra pequeña los hace muy distintos.
Lo primero, porque en Popular serán acusaciones particulares las que lideren el caso, mientras que el caso Bankia fue pilotado por UPyD y su líder Andrés Herzog. Lo segundo, porque con el caso Bankia había un sólo objetivo penal: Rodrigo Rato y su consejo de administración en la salida a bolsa. En el caso Popular, las acusaciones se dirigen contra los dos últimos expresidentes: Ángel Ron y Emilio Saracho. Y tercero, porque ahora se espera un caso mucho más ágil, en el que tanto juez como acusaciones han tomado nota de los errores y aciertos del caso Bankia.
En este sentido, las primeras querellas presentadas en la Audiencia Nacional (Unive Abogados, Fonfría Abogados, Aemec, OCU y Asufin) piden ya un informe pericial por parte de inspectores del Banco de España. Este trabajo fue clave en el caso Bankia.
Cada acusación detecta unos presuntos delitos de los querellados. Predominan el de estafa, por la ampliación de capital de junio de 2016; el delito societario y de administración desleal, tanto contra el consejo como frente a PwC; la falsedad documental; y la apropiación indebida, por las pensiones y primas de fichaje cobradas por Ron y Saracho, respectivamente.
Un punto en común de las querellas es el de pedir que la Audiencia imponga fianzas millonarias a los querellados. La experiencia de otros casos dicta que el juez Andreu no fija este tipo de medida cautelar hasta que tenga indicios claros de delito. En Bankia tardó tres años, pero cuando la impuso fue de 800 millones, posteriormente rebajada.
También son comunes las amplias peticiones documentales, a organismos y entidades tan diversas como Banco Popular, Santander, Frob, Banco de España, CNMV, BCE, Spencer Stuart, PwC, JPMorgan, Goldman y BBVA, entre otros.
Potenciales imputados
Donde más diferencias hay es en la petición de imputaciones. Así, Asufin, Fonfría Abogados y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se dirigen contra el consejo de Ron y PwC. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) sólo contra Saracho. Y una opción mixta es la de Unive Abogados, que incluye a todos los consejeros del Popular entre 2016 y 2017, salvo a los que entraron a mediados del pasado mes de mayo -poco antes del rescate-: José Andrés Barreiro y Joaquín Hervada.
Esta lista implicaría la imputación de los expresidentes Ron y Saracho; del exvicepresidente Roberto Higuera; del expresidente de Banco Pastor, José María Arias; de los ex consejeros delegados Francisco Gómez, Pedro Larena e Ignacio Sánchez Asiaín; de Crédit Mutuel y/o su representante; de los mexicanos Antonio Del Valle y Jaime Ruiz; de la polémica consejera Reyes Calderón; de la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo; de la extinta Sindicatura de Accionistas; del exsecretario Francisco Aparicio; y de otros consejeros como José Ramón Estévez, Vicente Tardío, Carlos González, Vicente Pérez, Vitalino Nafría, Ana María Molins, Jorge Oroviogiocoechea y Antonio González-Adalid.
Todas estas potenciales imputaciones están pendientes de lo que decida el juez Andreu en los próximos días. Es un magistrado que suele fiarse mucho de lo que opine la Fiscalía Anticorrupción, que en este caso apoya decididamente la investigación. Todo apunta a que en unos días la lista de grandes casos financieros pasará a estar formado por tres entidades: Banesto, Bankia y Popular.
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