La Audiencia Nacional ha confirmado los indicios que encontró el juez Pablo Ruz para sentar en el banquillo al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y a su padre, por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal desestima los recursos que ambos interpusieron contra la decisión que tomó Ruz el pasado septiembre, cuando dio el primer paso para juzgarles al cerrar la instrucción del caso. Posteriormente, el pasado día 11, el magistrado abrió juicio oral contra ambos y les fijó unas fianzas civiles de 236,4 y 476,4 millones, respectivamente.
En su recurso, Carceller Arce, para quien la Fiscalía ha pedido 14 años de prisión, alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse practicado pruebas que él consideraba "relevantes, pertinentes y necesarias" y la insuficiencia de los argumentos esgrimidos por el instructor en aquella resolución.
La sala responde que los indicios de su implicación quedaron de manifiesto en diversos informes policiales y la documentación aportada por las autoridades de EEUU, que acreditaron su participación en la creación y gestión de las inversiones en aquel país de su padre para "articular todo el entramado societario para ocultar las rentas que le generaban". Incluso la propia pericial de parte que solicitaron los imputados vino a confirmar esos indicios de criminalidad que les atribuía Ruz.
La Sala da así la razón al instructor, que señaló que el presidente de Damm había participado activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona, articulando junto con los otros imputados las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas". Según la investigación del juez, existió una trama para defraudar a Hacienda en relación al IRPF, de patrimonio y de sucesiones.
El magistrado abrió juicio oral contra ambos y les fijó unas fianzas civiles de 236,4 y 476,4 millones, respectivamente
Al menos desde el año 90, Carceller Coll, para el que el fiscal reclamó 48 años y medio, habría ocultado su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de esconder sus rentas y patrimonio mediante estructuras fiduciarias, radicadas la mayoría en paraísos fiscales. Entre 2001 y 2009, la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, superó los 66 millones de euros.
La Audiencia Nacional llega a esta misma conclusión por la agenda que se le incautó durante el registro del domicilio de la mano derecha de Carceller Coll, José Luis Serrano Florez, también imputado, y los informes de la Agencia Tributaria que analizaron las inversiones. De ellos se desprende que Carceller Arce "era el encargado de la planificación, articulación y gestión de ese entramado societario" con el que "canalizar" las rentas obtenidas de su padre.
También tumba las alegaciones éste para precisarle que, a pesar del régimen en gananciales alegado, él era quien estaba "detrás de las estructuras utilizadas y no su esposa". Los magistrados consideran además acreditado que fue residente fiscal en España en el periodo investigado y que con la colaboración "esencial" de los otros imputados utilizó esas estructuras fiduciarias "para tratar de ocultar que él era y es el verdadero titular de los elementos patrimoniales situados en las mismas".
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