ING Belgium, BBVA, Banco Santander, Catalunya Banc y otras entidades acreedoras han presentado tres demandas contra Bankia, ACS, Sacyr y otros reclamando el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de apoyo formalizado en el marco de la financiación otorgada a las radiales R-3 y R-5. Según consta en un documento remitido por Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las demandantes también instan a cumplir la "confort letter" emitida por Bankia en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato de apoyo suscrito en el marco de la refinanciación otorgada por el sindicato bancario a la sociedad concesionaria para la construcción de ambas radiales.
El riesgo total asumido, indica Bankia, asciende a 165 millones de euros.
En octubre de 2012, el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid declaró el concurso voluntario de acreedores de las concesionarias de las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5 y ha nombrado administrador concursal al Ministerio de Fomento. En los cinco primeros meses del año, la intensidad media diaria (IMD) de estas autopistas contabilizó una caída del 13,4% en el caso de la R-5 y del 10,6% en el de la R-3, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento.
En ese periodo, el tráfico en todas las autopistas depeaje repuntó un 2,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por los buenos datos registrados en abril, cuando coincidiendo con la Semana Santa el tráfico se disparó más del 16%.
Quita del 50% más 'banco malo'
En el marco de las negociaciones para buscar una salida a los problemas financieros que atraviesan estas carreteras, el Ejecutivo ha planteado a la banca y concesionarias una quita del 50 % a la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.600 millones, y la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1% (podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).
Los bancos reclaman que estos bonos estén garantizados por el Estado o que se mejore la rentabilidad fija que devengarán, mientras que el sector constructor y concesional pide que los bonos a 30 años que en un principio emitirá la sociedad pública que aglutinará a estas carreteras los puedan comprar terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10%.
Entre las nueve autopistas de peaje con problemas financieros que se integrarán previsiblemente en la sociedad pública que diseña el Gobierno para garantizar su viabilidad, cuatro de ellas tuvieron crecimientos en el tráfico hasta mayo: la AP-36 entre Ocaña-La Roda (5,8%); AP-7 entre Cartagena-Vera (4%); Circunvalación de Alicante y la M-12 o Eje Aeropuerto, ambas con el 0,7% más.
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