El plan presentado por el Gobierno para el rescate de las concesionarias de autopistas en situación de quiebra ha sido recibido con escepticismo por los afectados, especialmente por la banca acreedora. Las entidades financieras mantendrán un encuentro a través de videoconferencia este viernes para tratar de consensuar posturas aunque, por el momento, tienen muy clara una idea: no aceptarán el bono que les propone el Ejecutivo para hacer frente a la idea de las concesionarias a no ser que cuente con la garantía del Estado, algo que no se contempla en el plan del Gobierno.
La propuesta que el Ejecutivo presentó este martes contemplaba la creación de una sociedad pública de autopistas que aglutine aquellas concesiones que han tenido que recurrir al concurso de acreedores. Además, incluye una quita de la deuda de estos activos, de cerca del 50%, desde el entorno de los 4.600 millones de euros, hasta 2.300 millones.
Para hacer frente a esta cantidad, el Gobierno propone la emisión de un bono a 30 años con un interés mínimo del 1%, que podría llegar hasta el entorno del 4% en función de la evolución de los tráficos de las autopistas que se integren en la sociedad.
Sin embargo, este bono no tiene aval del Estado sino de las propias concesionarias, algo que la banca no está dispuesta a aceptar puesto que, además de suponer un considerable riesgo, abriría la puerta con facilidad a nuevas quitas en el futuro.
Mientras, el Gobierno no quiere correr el riesgo de que cualquier contingencia lleve a tener que considerar este bono como déficit público, lo que haría saltar por los aires las previsiones del Ejecutivo y sus compromisos con la Comisión Europea sobre la reducción del desequilibrio financiero.
Una quita real del 80%
La quita no es el principal problema de los bancos, toda vez que la mayoría habían provisionado más del 50% de la deuda relacionada con las autopistas de peaje de nueva generación. Sin embargo, los primeros cálculos de los principales afectados por la quiebra de las concesionarias apuntan a que el pago de la deuda que asumirá el Estado a través del bono supone una quita real de entre el 60% al 80% sobre esta parte que sí percibirán.
La estimación se basa en la diferencia con las cantidades que el banco ingresaría si recibiera un bono del Estado a 30 años, que ofrece un interés aproximado del 4,25%.
De esta forma, algunas entidades no podrán liberar provisiones, como tenían previsto. Y todo ello pese a que el Ministerio de Hacienda llevó a cabo un sondeo entre los bancos para conocer cuáles eran sus provisiones en el sector de las autopistas antes de realizar la propuesta.
No obstante, la banca no ha cerrado la puerta de golpe a la propuesta del Gobierno. Eso sí, será prácticamente imposible que la cuestión se resuelva el próximo lunes, cuando el Ejecutivo ha vuelto a convocar a las partes implicadas para que respondan si aceptan o no la oferta.
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha señalado en un encuentro con la prensa, previo a la junta de accionistas, que la banca puede aceptar la oferta del Gobierno aunque matizó que tendrán que llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, al tiempo que solicitó una solución clara, que tenga un riesgo bien valorado y con garantías impecables.
Las constructoras se lo piensan
Entre las entidades financieras prevén una larga negociación con el Ejecutivo para terminar de definir una propuesta que tampoco ha sido excesivamente bien recibida por parte de las concesionarias afectadas y los grupos constructores que forman parte mayoritariamente de su capital.
Así, Julián Núñez, presidente de Seopan (la patronal que agrupa a grandes constructoras y también a concesionarias tras su fusión con Aseta), calificó este miércoles de excesiva la quita propuesta por el Gobierno, toda vez que ya se hizo otra de similar proporción en 2010. Además, Núñez criticó el escaso margen de negociación con el que cuentan, ya que el Gobierno ha exigido una respuesta casi inmediata.
Aún así, Seopan aseguró que estudiará alternativas a la propuesta y tratará de tener una respuesta para el lunes.
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