Un tramo de apenas 2,3 kilómetros de longitud se ha convertido en la clave para determinar si el ansiado AVE a Galicia se pone en marcha finalmente a finales de 2019, tras la enésima revisión del cronograma por parte del Gobierno, o si su conclusión se convierte en una historia de nunca acabar. Detrás de este escenario tan peculiar se encuentra ACS, dos de cuyas empresas (Dragados y Tecsa) controlan la UTE encargada de construir el tramo y que mantiene desde hace tiempo unas tormentosas negociaciones con el Ministerio de Fomento para abordar las obras, especialmente desde el punto de vista económico. Una circunstancia que llama la atención toda vez que, en su día, la UTE se adjudicó el contrato con una oferta a la baja del 25% sobre lo presupuestado.
Pese a sus escasas dimensiones, el tramo es uno de los más delicados de toda la línea, toda vez que incluye la construcción de dos viaductos, elementos que encarecen enormemente la obra. De hecho, el contrato para levantar la plataforma del tramo Portocamba-Cerdedelo, que es el que mantiene en vilo el proyecto, se presupuestó en algo más de 114 millones de euros.
Pese a que tendrían que estar acabadas en 2015, las obras apenas han avanzado desde que se adjudicó la licitación, a finales de 2011. Y lo que es más problemático: los viaductos ni siquiera están empezados. Según publicó el diario La Voz de Galicia, el problema radica en la solución técnica propuesta por las empresas para la construcción de los pasos elevados, más barata que la contemplada por la Administración en el pliego de la licitación, que hace que a la UTE no le salgan las cuentas. Una vez más, la alargada sombra de los sobrecostes tras apuestas notablemente a la baja para llevarse contratos.
De ahí que las empresas de ACS estén negociando con Fomento una solución económica para el contrato, bajo la amenaza incluso de proceder a su rescisión. Una hipótesis que arrojaría muchas sombras sobre la fecha de finalización del AVE a Galicia ya que Fomento se vería obligado a licitar de nuevo el contrato y respetar una serie de plazos administrativos antes de adjudicarlo. Y una vez realizado todo esto, esperar aproximadamente dos años, que es el tiempo estimado para la construcción de los dos viaductos, de acuerdo con lo apuntado por el citado medio de comunicación.
La guerra Fomento-constructoras
Precisamente, el hecho de que la obra sea tan costosa también desde el punto de vista temporal hace que el cumplimiento del nuevo objetivo para finalizar y poner en marcha el AVE a Galicia pase por un pronto acuerdo entre Fomento y la UTE para reanudar las obras. De lo contrario, la fecha de 2019 también saltará por los aires.
El contrato de marras es uno de los muchos relacionados con la red de alta velocidad que ha atravesado dificultades por cuestiones económicas y la complicada relación entre las empresas constructoras y el Ministerio de Fomento. Precisamente, estas circunstancias, unidas al largo periodo de Gobierno en funciones, han provocado que el Ejecutivo haya tenido que volver a retrasar su previsión para el AVE gallego, como trascendió tras la reunión mantenida la pasada semana entre el ministro Íñigo de la Serna, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
La anterior titular de Fomento y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, hizo suyo en numerosas ocasiones el compromiso de que el AVE a Galicia estuviera listo en 2018. Durante la etapa de Gobierno en funciones, Pastor solía denunciar en privado que el objetivo peligraba porque algunas empresas estaban tratando de aprovechar la implicación de la ministra en el empeño para intentar lograr mejoras en los contratos, con la amenaza de ralentizar o incluso parar las obras, con las evidentes consecuencias negativas para el cronograma de la línea.
En aquellos tiempos, Pastor fue inflexible a la hora de admitir sobrecostes a las empresas por encima de lo estipulado por Ley. Numerosos contratos han acabado en los tribunales y algunas empresas han solicitado la rescisión de otros, con el consiguiente retraso para las obras.
En este caso del AVE a Galicia se trata de un pulso a medio camino entre lo político y lo económico. Lo cierto es que los políticos acaban de adquirir otro compromiso temporal para la finalización de los trabajos (como en su día las fechas de 2015 y 2018) y éste está en serio peligro desde el primer momento.
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