Ayuntamientos y comunidades autónomas guardan en los cajones facturas impagadas por un valor superior a los 1.500 millones de euros, una cifra generada sólo cinco meses después de que se hiciera efectivo el denominado plan de pago a proveedores. El Gobierno dispuso un préstamo de 30.000 millones de euros para que las Administraciones Públicas pudieran pagar sus facturas atrasadas hasta diciembre de 2011. Pero los regidores han sido incapaces de mantener al día sus balances.
El plan de proveedores, una de las escasas medidas del Gobierno que fue mayoritariamente aplaudida, buscaba tapar un agujero que se iba más allá de los 30.000 millones de euros pero también que las Administraciones Públicas pusieran “el contador a cero” y comenzaran desde entonces a regularizar sus pagos a las empresas proveedoras de servicios.
Sin embargo, tan sólo se ha cumplido el primer objetivo. Según fuentes del sector, la morosidad media se ha vuelto a situar en un periodo de nueve meses y todo porque la mayoría de las Administraciones Públicas ha seguido sin satisfacer estos pagos desde enero del presente ejercicio, a sabiendas de que el Ejecutivo iba a asumir las facturas atrasadas con un macrocrédito con condiciones ventajosas para su amortización.
De ahí que, pese a que en el mes de mayo se satisfizo aproximadamente el 90% de las deudas que ayuntamientos y comunidades acumulaban con proveedores, la cifra ha vuelto a crecer de forma espectacular para el poco tiempo transcurrido desde entonces.
El nuevo plan, antes de fin de año
Diversas patronales han manifestado al Gobierno su preocupación por el hecho de que la situación se esté repitiendo y las empresas concesionarias de servicios vuelvan a estar “con el agua al cuello”, como sucediera a finales del pasado ejercicio. “En diciembre de 2011 la situación de muchas compañías era dramática, con lo que el plan de pago a proveedores fue un gran alivio. Sin embargo, llegamos a finales del presente año con un escenario similar porque las facturas se han vuelto a acumular”, señala una fuente conocedora de la situación.
El problema se concentra especialmente en grandes ayuntamientos, especialmente el de Madrid que, además de ser el de mayor volumen de contratación, también es de los más morosos. Además, existen una serie de consistorio que son financieramente inviables y que, por lo tanto, ni siquiera serán capaces de devolver el préstamo que les hizo el Gobierno, pese a los dos años de carencia en el pago del principal. Entre estos se encuentran los casos de Jerez de la Frontera y Parla.
El Gobierno ultima una reedición del plan de pago a proveedores que podría estar listo antes de que concluyera el presente ejercicio. De hecho, algunas fuentes apuntan a que se podría aprobar en una o dos semanas. Las empresas han hecho hincapié en sus encuentros con el Ejecutivo que deben obligar a las Administraciones Públicas a poner al día sus pagos para que no vuelva a generarse una burbuja de facturas impagadas.
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