Las órdenes de derribo por cuestiones urbanísticas ya no son patrimonio exclusivo de zonas costeras y turísticas. Un juzgado madrileño acaba de ordenar el derribo de un edificio de viviendas de lujo en la zona de Valdemarín, en el noroeste de Madrid, en las proximidades de Aravaca y del Hipódromo de la Zarzuela, al considerar que su construcción fue ilegal por no cumplir la tipología estipulada en el plan urbanístico original.
El edificio incluye entre 30 y 40 viviendas de alto standing, hasta el punto de que algunas de ellas han llegado a alcanzar precios de 800.000 euros. Sin embargo, este bloque no es una excepción dentro de la exclusiva zona levantada en su día al calor de la construcción de la autopista de circunvalación M-40.
En realidad, cerca de 500 viviendas en Valdemarín se encuentran en un limbo jurídico propiciado por la pasividad del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que hasta el momento se han negado a ejecutar sentencias dictadas por diversos tribunales.
El conflicto comenzó a mediados de los años 90 cuando en el desarrollo de la zona conocida como los Valdemarines (Valdemarín Este y Valdemarín Oeste) comenzaron a convivir dos normas urbanísticas: la original prevista en el Plan Urbanistico de 1985, de chalets unifamiliares con amplias parcelas, y la denominada ordenanza colectiva de baja densidad (pequeños bloques de viviendas y apartamentos turísticos).
La zona comenzó a poblarse de bloques de este tipo que no estaban previstos en el planeamiento, lo que motivó el enfado de los primeros vecinos que se trasladaron a vivir allí y que adquirieron las propiedades bajo el supuesto de que sólo se construirían viviendas unifamiliares.
Sentencia firme del Supremo
Las demandas no se hicieron esperar. Ya en 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conminó al Ayuntamiento de Madrid a que reconociera para la zona de Valdemarín un régimen urbanístico homogéneo. Es decir, que hubiera sólo chalets o sólo apartamentos.
El Ayuntamiento recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que en 2006 ratificó la sentencia del TSJM y, por lo tanto y con sentencia firme, ordenó al Ayuntamiento optar por una de las dos normativas, lo que repitió en 2011 porque el Consistorio madrileño no ejecutó la sentencia.
El tono del Supremo tomó tintes amenazantes un año después, cuando recordó la sanción que podría recaer sobre el Ayuntamiento por no cumplir el contenido de una sentencia firme y, además, le condenó a hacer públicos los nombres de los funcionarios encargados de cumplir con la sentencia.
Sin embargo, en todo este periodo de disputas judiciales, Valdemarín seguía creciendo a base de pequeños bloques de apartamentos. El último de ellos se levantó con la sentencia firme del Supremo, que establecía que no se podían llevar a cabo nuevos desarrollos en la zona hasta que el Ayuntamiento no la ejecutara.
Ilustres propietarios
La denuncia de un vecino de la zona acabó en los juzgados de instrucción y con una sentencia que ordena el derribo inmediato de ese último bloque, situado en el número 42 de la calle Valdemarín y conocido como Rincón del Pardo.
El resto de los bloques están pendientes de la decisión del Ayuntamiento pero éste ha sido declarado directamente ilegal. El resto, casi una decena, aguardan la solución definitiva del Consistorio, para la que no parece tener prisa alguna.
Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó a tener casa en Valdemarín, en uno de los bloques de apartamentos cuando era ministro del Interior. Isabel Tocino, actual consejero del Santander y también ex miembro del Gobierno de José María Aznar, vivió también en la zona. Dos de las hijas del ex presidente del Congreso y ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono cuentan igualmente con una residencia en Valdemarín.
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