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Los fundadores de Caja Badajoz quieren demandar al BdE por ocultar información

Denuncian que Miguel Ángel Fernández Ordóñez no desveló la difícil situación patrimonial de la CAI y Cajacírculo de Burgos hasta después de cerrarse la fusión. Los sindicatos mayoritarios pedirán a Anticorrupción que investigue a los directivos de Caja 3.

Las tensiones sobre el futuro de Caja 3 amenazan con revolver su pasado. Tanto los sindicatos de cada una de las tres cajas del SIP como los fundadores de Caja Badajoz demandarán al Banco de España por ocultar información a la entidad extremeña sobre la situación patrimonial de la CAI y Cajacírculo de Burgos durante el proceso de fusión.

Las quejas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, la sociedad que fundó Caja Badajoz en 1889, se fundamentan en que el supervisor no aportó los resultados de las inspecciones realizadas a sus socios en 2009 antes de la constitución del SIP. Esta misma situación significó la ruptura del proyecto de Banco Base. Entonces, Manuel Menéndez, presidente de Liberbank, decidió romper la fusión con la CAM, al descubrir que el supervisor le ocultaba información sensible de la caja alicantina que podría acabar con la solvencia del grupo liderado por Cajastur. La intención de los fundadores de la entidad pacense es presentar una querella por prevaricación contra el Banco de España, según explican fuentes cercanas al proceso. 

A esta acción tiene intención de unirse el PSOE de Extremadura. De hecho, Guillermo Fernández Vara, presidente de los socialistas de esa región, podría anunciar hoy la adhesión y financiación de su partido a esta demanda que carga contra la política de la etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Palacio de Cibeles.

Caja Badajoz quiso romper la fusión cuando conoció el agujero de sus socios, pero MAFO le amenazó con una multa millonaria

Ya en octubre de 2011 se produjeron tensiones en dicho SIP por desavenencias en la valoración de lo que cada caja aportaba a la fusión. La mayor toma de participación de Caja Badajoz en el grupo saldó el problema formalmente. La entidad pacense sólo renunció a la ruptura del contrato cuando el supervisor le instó a que no lo hiciera por las altas penalizaciones que le podía comportar (hasta un 30% de su balance).

La difícil situación tanto de la CAI y como de Cajacírculo de Burgos, muy lastrados por su exposición al ladrillo, ha obligado a recomponer el reparto de poder de Caja 3, tomando Caja Badajoz más peso en el accionariado debido a su mayor solvencia. De hecho, la aportación de la entidad extremeña a los resultados del grupo alcanza el 50%, cuando su participación accionarial se mueve en el 30%. 

Los fundadores de Caja Badajoz han decidido acudir a la vía judicial ante las presiones que está ejerciendo el consejero delegado de Caja 3, Luis Miguel Carrasco, a la plantilla de la entidad extremeña para que acepten un duro recorte laboral antes de este próximo domingo 16 de diciembre. Ante la negativa de los trabajadores de las tres cajas a aprobar un ajuste que incluiría la salida del 23% de la plantilla, Caja 3 decidió iniciar ayer un ERE que contempla el despido de 592 personas. Los sindicatos están dispuestos a negociar una reducción de costes bajo la fórmula de Eres temporales o bajadas de salarios. 

Como medida de respuesta, los sindicatos con mayor representación de Caja 3 demandarán esta medida unilateral de la empresa ante los juzgados de los social. Además, FeS-UGT, CSICA, CiC y COMFIA-CCOO solicitarán que la Fiscalía Anticorrupción investigue a la cúpula directiva de Caja3, responsables de la situación económica del Grupo, y las indemnizaciones abonadas a los que recientemente han abandonado el Grupo.

"Aunque se comunica como dimisión", explican los sindicatos, "es notorio que se han realizado mediante indemnizaciones, de las que se desconocen las cuantías (presumiblemente millonarias) ni el motivo por el cual se han abonado, pues no han sido aprobadas por los Consejos de Administración de las cajas ni dadas a conocer a las Comisiones de Retribuciones respectivas".

La dirección de Caja 3 anunció ayer el despido de 592 trabajadores ante la falta de consenso con los sindicatos, quienes denunciarán esta decisión unilateral ante los tribunales

El ajuste de capacidad en Caja 3 es una de las condiciones que exige Ibercaja para completar el proyecto de fusión. En caso de completarse esta operación, Caja 3 evitaría la nacionalización puesto que la ayuda europea para recapitalizarse llegaría en forma de bonos contingentes convertibles, los conocidos como 'cocos'. La entidad tendría 5 años para devolver este préstamo a un interés anual del 8%. Brusellas detallará el próximo día 20 el plan de recapitalización de la entidad que incluye, junto a las ayudas europeas, la transferencia de sus activos inmobiliarios tóxicos al banco malo.

La fusión con Ibercaja no se produciría hasta que Caja 3 esté totalmente saneada. En la operación, Ibercaja Banco adquiere el 100% del Grupo Caja 3. Este a su vez, adquiere el 12,5% del accionariado de la entidad conjunta. Ibercaja tendrá la mayoría del capital, con una participación del 87,5%, y la presidencia, para Amado Franco. Estas condiciones son diferentes a las que pactaron ambas entidades aragonesas en su primera fusión. Entonces. Caja 3 contaba con una participación del 30%.

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