Las espadas siguen en alto. Tras un par de semanas en las que cundió el pesimismo respecto a las posibilidades de que Barcelona albergara la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, sus siglas en inglés), los ánimos ahora son distintos: "La situación es otra".
Durante el mes pasado el aumento de la tensión en Cataluña, desde la consulta ilegal del 1 de octubre hasta la declaración unilateral de independencia anunciada el día 27 por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lastró las posibilidades de que Barcelona se impusiera a las otras 18 ciudades europeas dispuestas a acoger la sede del organismo, que abandonará Londres cuando el Brexit sea una realidad, en marzo de 2019. A pesar de que la ciudad española cuenta con las mejores valoraciones técnicas, la situación política puso en aprietos la candidatura, y muchos la dieron por perdida.
El cese del Gobierno catalán, la activación del artículo 155, y la convocatoria de próximas elecciones, han aportado "estabilidad" a la situación, comenta una de las personas que ha trabajado en el apoyo a la candidatura. "La situación en estos momentos entra en otro periodo, de mayor estabilidad", señala.
El consejero de Sanidad de la Generalitat, Antoni Comí, acompañó a Puigdemont en su viaje de esta semana a Bruselas
Merlin Properties, la compañía propietaria del edificio en el que se instalaría la agencia, -Torre Glòries, antigua Torre Agbar-, tiene reservado el inmueble hasta el próximo día 20 de noviembre, fecha en la que está prevista que se anuncie la ciudad agraciada. "Hasta el 20 de noviembre no se puede comenzar con la comercialización de la torre", explican en Merlin, la mayor inmobiliaria española, "si finalmente la EMA no va a Barcelona, se alquilará el edificio para oficinas de distintas compañías".
Desde el Ministerio de Sanidad se indica que todo está preparado para que la Agencia Europea del Medicamento se traslade a Barcelona en caso de que la ciudad resulte elegida. Las fuentes consultadas en el ministerio dirigido por Dolors Montserrat insisten en que en cuanto al apoyo gubernamental a la candidatura "nada ha cambiado".
El peso de la candidatura de Barcelona como sede de la EMA lo ha llevado siempre el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española del Medicamento. Y ha contado en todo momento con el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, y también con el respaldo del lobby Barcelona Global, que reúne a algunas de las mayores compañías catalanas y que trabaja por potenciar la marca Barcelona. Incluso en los momentos de mayor crispación, la posibilidad de que la ciudad condal alojara la sede del organismo europeo ha recibido el aliento de representantes de las tres administraciones.
La última vez ocurrió el pasado día 18 de octubre, dos días después de que fueran encarcelados los líderes de las entidades independentistas ANC y Omniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Ese día la ministra de Sanidad, el consejero de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, y el el teniente de alcalde Jaume Collboni, entre otros representantes de las instituciones públicas estatales y catalanas, defendieron juntos la candidatura en la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. "La opción de Barcelona como sede de la EMA es un excelente ejemplo de cómo se puede funcionar con diálogo y cooperación", dijo Comín. "Se trata de un proyecto de unidad entre las tres Administraciones que puede servir como ejemplo para superar la situación actual en Cataluña", manifestó la ministra.
La sede de la Agencia Europea del Medicamento supone una inversión de 340 millones y 900 empleos
La escena ya difícilmente volverá a repetirse. El cese del Gobierno catalán impedirá que Antoni Comín, uno de los consejeros que ha acompañado esta semana a Puigdemont en su viaje a Bruselas, vuelva a representar a la Generalitat ante cualquier otra institución. La ministra Montserrat ha asumido sus funciones en la consejería de salud. El exconsejero de Sanidad del Gobierno catalán es uno de los 20 acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, a los que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, señala como principales autores de un plan para proclamar la independencia de Cataluña.
En su querella, presentada el 30 de octubre ante la Audiencia Nacional, el Fiscal General del Estado recuerda que Antoni Comín destituyó a los presidentes de 29 consorcios sanitarios y entidades públicas sanitarias, asumiendo él las responsabilidades antes de la consulta ilegal del 1 de octubre. "De esta manera, desde el Govern se seguía impulsando la celebración del referéndum a realizar mediante el llamamiento a la población para la ocupación masiva de las calles y de los centros electorales", dice el texto de la querella.
También el fiscal José Manuel Maza alude en su querella a la aspiración de Barcelona por albergar la sede de la EMA. Cuando se refiere a la "inseguridad jurídica" creada por el proceso independentista, advierte que "fruto de esta situación", España perderá posibilidades de inversión. "Sólo a título de ejemplo", dice Maza en su escrito, "puede citarse la potencial pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, actualmente localizada en Reino Unido, y respecto de la que la UE ya había anunciado que la mejor ciudad situada para acogerla era Barcelona". Por culpa de la declaración de independencia, continúa el Fiscal General del Estado, "se perdería esa inversión que está valorada en 340 millones de euros de presupuesto y 900 puestos de trabajo".
"Barcelona cuenta con las mejores valoraciones técnicas, y también de los propios empleados de la EMA, para albergar la sede del organismo", dicen fuentes que han trabajado en la candidatura. "Todo está preparado para que el traslado no impida la continuidad de los trabajos de investigación y desarrollo, en Barcelona hay unos 30 centros de investigación para trabajar con la EMA", destacan, y apuntan que aunque está prevista como fecha de anuncio de la decisión el 20 de noviembre, esta se podría retrasarse, y mencionan a Amsterdam como la mayor rival de Barcelona.
En principio, el próximo 20 de noviembre el Consejo de ministros de Asuntos Generales de la Unión decidirá mediante votación secreta la ciudad que acogerá la sede de la EMA (también, la de la Autoridad Bancaria Europea). En contra de la candidatura de Barcelona -que ya en 1992 pujó con Londres- está, además de la incertidumbre que ha generado el proceso independentista, el hecho de que España cuente ya con tres agencias europeas.
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